Como en el caso Maldonado, el Gobierno asegura que los mapuches estaban armados, pero no muestra pruebas ni hay heridos entre los prefectos. En cambio resultó muerto a balazos Rafael Nahuel y fueron heridos dos de sus compañeros.
Al igual que en el caso de Santiago Maldonado, la estrategia de “tu palabra contra la mía”, pretende sembrar dudas sobre los alcances del operativo de las fuerzas federales de seguridad que, este sábado, causó la muerte de Rafael Nahuel.
Mientras el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich emitió un comunicado hablando de enfrentamientos a tiros, disparos “preventivos” de los integrantes del grupo Albatros de Prefectura Nacional, y “gritos de guerra” por parte de los mapuches; los integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) que este domingo visitaron el lugar aseguran que “sólo hubo disparos” por parte de los uniformados. “Los corrieron a tiros”, sintetizó Rubén Marigo, miembro de la APDH barilochense.
El antecedente cercano del violento desalojo el jueves pasado, durante el cual cuatro mujeres y cinco niños de 1, 2, 3 y 10 años fueron detenidos, podía hacer prever el peor final. Este sábado, integrantes del grupo especial Albatros rastrillaron la zona, a la búsqueda de integrantes de la comunidad que no fueron encontrados durante el primer operativo.
De acuerdo al relato que los mapuches hicieron a los miembros de la APDH, se vieron abordados por los uniformados, respondieron con piedras a las advertencias, y fueron agredidos con armas de fuego. Emprendieron la retirada y durante el ascenso desesperado ladera arriba, Rafael Nahuel fue alcanzado por una bala. De acuerdo con las primeras informaciones, el proyectil ingresó por un glúteo y terminó alojado en el tórax. De confirmarse esta versión durante la autopsia que se practicará en las próximas horas, podría establecerse que los prefectos corrieron a los mapuches ladera arriba del cerro y disparando.
Fueron los propios integrantes de la comunidad -según su relato a la APDH-, quienes bajaron a Rafael. “Mientras lo bajaban se les iba muriendo”, graficó Marigo.
Durante la represión, fueron heridas otras dos personas. Una de ellas, Johana Colhuan, una joven mapuche, voluntaria del Ejército Argentino, que participa de la recuperación territorial. Una bala le rozó el hombro. El otro hombre herido aún no fue identificado. Ambos se encuentran en buen estado de salud, según pudo corroborarse este domingo.
Durante el operativo del sábado fueron detenidos e incomunicados Fausto Jones Huala -hermano de Facundo, preso en Esquel a la espera del juicio de extradición a Chile-, y Alejandro González. Ambos son testigos directos de lo que sucedió con Rafale Nahuel. Más de 24 horas después del avance de los prefectos, la Justicia determinó el levantamiento de la incomunicación.
“Los corrieron a tiros y les pegaron. Fueron tres o cuatro miembros del grupo Albatros”, explicó Marigo, tras reunirse con integrantes de la comunidad.
Durante ese encuentro, los mapuches “exhibieron vainas servidas de 9 mm”, presuntamente utilizadas por los uniformados.
En un mismo sentido, María Nahuel, integrante de la comunidad, dijo que “estaban totalmente desarmados”, y que “sólo respondieron con piedras a las agresiones. Fueron baleados”.
Unas horas más tardes a la represión, familiares de Nahuel e integrantes de la comunidad –así como de otras comunidades mapuches– se movilizaron espontáneamente por el centro de Bariloche e irrumpieron en la Catedral local, reclamando la intervención de la Iglesia en apoyo de los pueblos originarios. Se vivieron momentos de tensión y hubo algunos elementos y vidrios rotos.
Amparado por la falta de testigos oculares directos, el Gobierno instaló a través del Ministerio de Seguridad la teoría del enfrentamiento, dando por hecho que los integrantes de la comunidad pertenecen a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
A través de un comunicado, la cartera que conduce Patricia Bullrich aseguró que “el grupo (de mapuches) comenzó una agresión contra los Albatros con piedras, boleadoras y lanzas. Uno de los efectivos, cumpliendo con las normas legales y de uso racional de la fuerza, repelió el ataque con un arma no letal con munición no letal de pintura con motivo de hacer cesar la actitud violenta del grupo en cuestión y de hacerlos retroceder”.
Más adelante se aseguró que “se escucharon gritos por parte del grupo de encapuchados, que decían ‘los vamos a matar, son pocos, son cuatro’ y, acto seguido, los efectivos escucharon fuertes estampidos en dirección a su posición y observaron a dos o más personas portando armas de fuego que, por el sonido y el efecto de las deflagraciones, daban cuenta de ser de grueso calibre. Además, se dieron cuenta del calibre de las balas porque arrancaron ramas gruesas de cuajo”.
En ese contexto, el Ministerio planteó que al verse superados en número, los prefectos “usaron una granada de aturdimiento flash bang. Frente a la situación y frente a los disparos de armas de fuego por parte del grupo violento, inmediatamente comenzaron a replegarse hacia abajo, cubriéndose con disparos de fuego intimidatorios siempre en dirección hacia los árboles y no en dirección hacia los atacantes, ya que no se podía visualizar más a aquellos hombres que se encontraban disparando con armas de fuego”.
El comunicado no explica en qué circunstancias Rafael Nahuel fue asesinado, y siembra dudas sobre la posible responsabilidad de la propia comunidad en el hecho.
En sintonía con el Gobierno, en horas de la madrugada de ayer, el propio Juez Federal interviniente en la causa –y firmante de la orden de desalojo–, Gustavo Villanueva habló en potencial de un posible “enfrentamiento” entre ambas partes.
“Una patrulla que recorría el lugar vio a un número indeterminado de personas”, explicó Villanueva a través de un comunicado. Agregó que “se habría producido el enfrentamiento que tuvo como desenlace el deceso” de Nahuel.
El magistrado ordenó el secuestro de las armas de los integrantes del grupo Albatros que participaron del operativo, y retiró a la Prefectura del lugar, dejando la custodia en manos de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Este domingo, luego de una intensa negociación que duró varias horas entre Villanueva, representantes de la comunidad mapuche, organismos de derechos humanos y el Obispo de la diócesis de Bariloche con el grupo de jóvenes que se niega a abandonar el predio en la zona del lago Mascardi, se acordó suspender la medida de desalojo y entablar una mesa de diálogo con las autoridades, incluyendo a Parques Nacionales.
En ese espacio que se creará en las próximas horas, se buscará resolver el tema de fondo acerca de la tenencia de la tierra.
El grupo de unos diez jóvenes que permanecía montaña arriba, sólo accedió a conversar con el magistrado ante la presencia e insistencia de Marigo, la abogada de la APDH Natalia Araya, el doctor Chiocconi, y el Obispo local.
“Este fue el primer gran paso para lograr disolver el conflicto”, señalaron desde la APDH y calificaron el acuerdo alcanzado como “un éxito, porque se logró destrabar una situación extremadamente delicada que pudo haber terminado mucho peor”.
Mientras se realizaban estas negociaciones, una multitud marchaba por las calles de Bariloche reclamando justicia por el asesinato de Rafael Nahuel, y pidiendo el cese de la escalada represiva contra el pueblo mapuche.
Exigieron también que se rompa la estrategia de cerco informativo que impide conocer la verdad sobre lo sucedido. Es decir, que no se repita la estrategia oficial del caso Maldonado.
Fuente: Página 12
