Las autoridades de la UNSa impulsan un Régimen Disciplinario para Estudiantes que el Consejo Superior no se atrevió a rechazar y lo volvió a comisión para que, luego de declaraciones de consejos directivos, centros de estudiantes y asambleas, sea retocado o definitivamente impugnado. (Franco Hessling)
En las últimas semanas se vivieron días agitados en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), nada ajenos a los hechos que vienen marcando la relación del Gobierno nacional con la educación pública y la ciencia. Las autoridades, con el rector Antonio Fernández Fernández en proa, introdujeron en la última sesión ordinaria del Consejo Superior la discusión sobre un Régimen Disciplinario para Estudiantes que, contrariamente a los argumentos de los progresistas, no habilita espacio a las ambigüedades: impone mecanismos de disciplina vía regimentación de los cuerpos y las ideas, todo bajo las siempre tragicómicas pretensiones de “normalidad” y “orden” de las que ninguna regla cristalizadora puede carecer. Además, la iniciativa está direccionada exclusivamente contra el claustro estudiantil, de mayor cuantía que los demás, y propone cercenar todavía más lo que llamaremos “ciudadanía universitaria”. Con óptica a la vez escolarizante y punitiva, el régimen propone sanciones que van hasta suspender la actividad estudiantil por plazos, es decir quitar la ciudadanía universitaria, o en otros términos, arrebatar derechos básicos para toda construcción que se ansíe democrática. Los sancionados con esta versión del ostracismo anacrónico quedarían inhibidos de votar, de ser elegidos para integrar el maltrecho co-gobierno, de transitar libremente sus estudios y de rendir sus exámenes.
La intención que las autoridades ingresaron a través del Consejo Superior, específicamente vía Comisión de Interpretación y Reglamento, no tomó estado parlamentario por un acuerdo previo establecido entre los dubitativos y los resueltamente favorables al régimen. Al menos así se presentó la situación en un primer momento, luego comentaremos los reacomodamientos. Lo cierto es que se concilió que el proyecto regresara a la comisión de la que provenía, que estaba presidida por la vicedecana de la Facultad de Humanidades, Susana Inés Fernández, quien era secundada por su par de Exactas, Daniel Hoyos.
Increíblemente, no mediaron grietas para establecer acuerdos entre los consejeros estudiantiles de Juntxs por la Educación Pública y Franja Morada, progresistas alineados al kirchnerismo y radicales en la Alianza Cambiemos, respectivamente. Aduciendo ambigüedades y una “correlación de fuerzas” adversa en cuanto a la votación sobre el reglamento, coincidieron en que la salida más elegante era no rechazar el proyecto para que vuelva a comisión y así no se tratase en aquella última sesión. A su vez, dichos consejeros acordaron con las autoridades universitarias en que existía un “vacío legal”.
Al día siguiente empezaron las reubicaciones de las que hablábamos. Quienes se mostraron más diestros en eso fueron los y las dirigentes de Juntxs, que aprovecharon su presencia mediática en el portal Buufo para dar explicaciones sobre su ambigüedad propia, no la que le endilgan al diáfano reglamento de punición. Como medida de emergencia, impulsaron una asamblea de estudiantes, de la que también participó Franja Morada, la izquierda trotskista, el Movimiento 10 de Octubre -que no tomó la palabra- y unos cuantos estudiantes independientes.
Los reajustes también alcanzaron a la conducción de la facultad, se fueron afinando los argumentos en torno al hueco reglamentario; el propio decano, Alejandro Ruidrejo, se hizo cargo de las siguientes intervenciones, tanto para abrir la sesión del Consejo Directivo que trató el tema, como para sentar posición en la Comisión de Interpretación y Reglamento que se reunió el miércoles último.
En dicha instancia, Ruidrejo mostró el epigrama del desplazamiento: “En principio, sin lugar a dudas hay antecedentes de la dictadura militar en relación a los regímenes disciplinarios de estudiantes, pero no es eso lo que me preocupa. Lo que me parece interesante es que el documento que sirvió de base para esto fue elaborado por autoridades democráticas. Entonces, nuestro antecedente más inmediato no es la dictadura, sino ciertos gobiernos de la universidad que han vivido en plena democracia tratando de este modo el vínculo con los estudiantes (…). No sólo no queremos el Régimen Disciplinario porque no queremos ese título, no lo queremos porque creemos que primero tenemos que dar cuenta de lo intolerable que resulta la práctica cotidiana de violencia contra las mujeres en comunidades como las nuestras”. Después de tal intervención durante la reunión de la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior, vino el ajuste más significativo: la vicedecana de Humanidades presentó su renuncia a la presidencia de tal comisión.
En cuanto a los estudiantes, el consejero estudiantil de Humanidades, Carlos Emiliano Frascaroli, se refirió, en la asamblea del lunes pasado, a la decisión de remitir nuevamente el proyecto sin rechazarlo. Pese a esa salida titubeante en cuanto al rechazo, lo cual defendió como única forma de que no se aprobase en esa misma sesión, Frascaroli calificó al régimen como “dictatorial”. La intención de que no se lo votara en esa sesión, por sí misma, no alcanzaba para justificar su decisión de no impugnar de cuajo la iniciativa “dictatorial”. Entonces, asió su fundamentación apelando al “vacío legal” en materia de género. Último reajuste de Juntxs: propusieron en esa asamblea que se conforme una comisión para empezar a trabajar en un protocolo para el abordaje de problemáticas de género. De ese modo, se conseguiría consenso para ahora sí, sin vacilaciones, rechazar el régimen “dictatorial” y al mismo tiempo saciar las ansiedades normativistas de las autoridades. Puede que la estrategia de Juntxs, tras no votar el rechazo, haya sido: habrá letra, no importa si muerta o efectiva, y no habrá que cargar con el peso político de haber aprobado el régimen punitivo.
Franja Morada no hizo ningún retoque a su posición inicial, se limitó a redactar en actas lo que resolvió la asamblea: rechazar de plano el proyecto. La izquierda trostkista, por su parte, pese a que aún se encuentra dividida en dos facciones -Frente Estudiantil y Juventud a la Izquierda-, coincidió en priorizar el repudio a la intentona de Fernández Fernández, vinculándola con su política en general y con la coyuntura del país al respecto de la punición y las universidades.
Dos puntales asoman para matizar los reacomodamientos, en primer lugar la posibilidad de que en el resto de las facultades la discusión no discurra por los mismos rumbos que en Humanidades, y que por lo tanto el Régimen Disciplinario para Estudiantes, quizá con alguna que otra enmienda, sea aprobado de todos modos. Ante ello, igual que en la sesión ordinaria donde se incluyó el tratamiento que luego fue remitido nuevamente a su comisión de origen, la única salida posible es la organización de los estudiantes y de toda la comunidad universitaria convencida sobre de repudiar las regimentaciones persecutorias.
El movimiento estudiantil de la UNSa cuenta con un historial reciente muy favorable, que no necesitó de decisiones atinadas en tales o cuales parlamentos para imponer condiciones de universalidad a la institución universitaria: en 2011 truncaron una Asamblea Universitaria para reformar el estatuto y avanzar en la aplicación de la LES (Ley de Educación Superior) con una inmensa movilización y una serie de actividades que se prolongaron por varias semanas, en 2013 tomaron el edificio central por más de un mes y lograron que el Consejo Superior dejara sin efecto una polémica resolución que inhibía el llamado a concursos en Humanidades, y durante los últimos años han venido resistiendo con marchas por las calles las avanzadas de la usuraria sociedad con mayoría estatal, Saeta, encargada del servicio de colectivos que permanentemente ataca a los beneficiarios del pase libre.
En segundo lugar, el trasfondo de género. El desempolvado Régimen Disciplinario para Estudiantes, que se había escrito en 2011, en términos internos apareció como respuesta a denuncias de abuso sexual en la Facultad de Exactas en perjuicio del estudiante Raúl Bustamante. En términos extramuros, obedece a una tónica de época en la que la Gendarmería se toma la atribución de ingresar en universidades, la policía criminaliza a la juventud, se desaparecen personas por participar de una manifestación, se acotan presupuestos en ciencia y tecnología y se pretende reformar la educación para sazonarla a paladar del mercado. Fernández Fernández, confeso seguidor del oficialismo nacional, convirtió a la UNSa en uno de los mejores bocetos de esa tónica: hace unos meses intentó prohibir la actividad político-partidaria dentro de la casa de altos estudios. La misma donde el gobernador Juan Manuel Urtubey es actualmente invitado como docente a la cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Económicas.
El problema de la violencia hacia las mujeres, y del sistema patriarcal todo, no radica en los estudiantes exclusivamente, por si la última votación del Consejo Superior no lo dejó del todo claro. Y ni siquiera se encuentra en la agenda de las autoridades universitarias, quienes cuando conocidos los hechos en Exactas apelaron a un reglamento de disciplina antes que a desarrollar una política de capacitación al personal en perspectiva de género, de erradicación del conocido “techo de cristal” para las trabajadoras, de conciencia anti-patriarcal en el dictado de las asignaturas, y de un sinfín de acciones efectivas que, mejor que un recetario de procedimientos, dan una genuina batalla cultural contra la misoginia y el machismo.
