El pasado 15 de septiembre, en Tucumán, se dictó el fallo que sentencia al Operativo Independencia como un plan sistemático del terrorismo de Estado. Los concejales capitalinos defensores del “Combate” de Manchalá, que se dio en ese marco, quedaron en mala posición. (Kolla Baltasar)
Las coincidencias de la historia hay que mostrarlas porque son necesarias. El 15 de septiembre último, cuando Salta expresaba su mayor fervor católico, en Tucumán se dictaba un fallo por crímenes de lesa humanidad donde el terrorismo de Estado fue protagonista. El Tribunal Oral Federal condenó a 6 de los 17 acusados a cadena perpetua, mientras que cuatro fueron condenados a ente 4 y 18 años de prisión. El resto de los imputados fue absuelto.
El viernes de la semana pasada quedará en la historia escrita, chequeada, judicial y comprobable, como el día en que declararon al Operativo Independencia como la cabeza de playa del genocidio que se implementó como política sistemática de Estado desde enero de 1975, antes del golpe de marzo del 76. En esa tarde casi lluviosa de Salta, mientras en Tucumán se daba ese fallo, rezaban en las calles muchos de los que reivindicaron ese accionar atroz de las Fuerzas Armadas.
Más allá de lo polémico de la sentencia, lo que la Justicia dictaminó es que todo el accionar del Operativo Independencia se dio en el marco del terrorismo de Estado, todo. “Este juicio es fundamental para nosotros a la hora de comenzar a pensar en desactivar la teoría de los dos demonios”, dijo María Coronel, coordinadora del Espacio para la Memoria Escuelita de Famaillá, ex centro clandestino de Tucumán, en la radio La Imposible.
En aquel contexto histórico, ¿cuál era el hilo conductor entre Salta y Tucumán? Manchalá. Por esa razón, el reciente fallo dejó a muchos ediles capitalinos en “orsai” por reivindicar sucesos que hasta ahora no están claros como un hecho glorioso para el Ejército Argentino, en aquellos años, en Manchalá. El concejal Andrés Suriani, principal promotor de la medida, tendrá que reelaborar sus arengas sobre lo que denomina como “combate”, y a explicar qué hará con el monumento que mandó al respecto que ordenó construir.
También los concejales Alberto Castillo y Virginia Cornejo (PRO); Luis Hosel, David Leiva y Mario Moreno (PV); Ángela Di Bez (Primero Salta), Ángel Ortiz (UCR) y Gustavo Serralta (PJ) tendrán que justificar por qué, entonces, levantaron la mano aprobando la iniciativa de Suriani en la reivindicación de un hecho que se dio en el marco de un plan sistemático de exterminio; de un genocidio.
Discutir con un fallo judicial expedido en Tucumán sería para ellos enlodar aún más sus comportamientos antidemocráticos. Pero, como dicen en la calle, argumentos hay hasta para matar a la madre.
Más allá de los ediles que sancionaron una ordenanza enalteciendo a los militares que participaron de Manchalá, el jefe del Ejército Salta, Juan Manuel Pulleiro, fue otro de los que defendió a la idea de una guerra, en la que los soldados habrían sido los héroes. Pulleiro aprovechó las más recientes actividades por el Día de la Bandera para parangonar al terrorismo de Estado con las hazañas de don Martín Miguel de Güemes y José de San Martín.
Datos necesarios
El juicio oral denonimado Megacausa Operativo Independencia comenzó el 5 de mayo de 2016. Según información oficial, se realizaron 88 jornadas de audiencias, declararon 455 testigos, se escucharon más de 1.400 testimonios y se hicieron ocho inspecciones oculares.
Con 17 imputados, el Tribunal Oral Federal integrado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga resolvió siete absoluciones, seis condenas a prisión perpetua y otras cuatro condenas que van desde los 4 a los 18 años de cárcel.
En el debate se reconstruyó parte de los hechos referidos a la actuación ordenada por el Decreto Nº 261/75, de la presidenta democrática Isabel Martínez de Perón. Tras la sanción de dicha norma, la acción de seguridad incluyó combates y actos represivos contra las organizaciones guerrilleras Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, partidos políticos, sindicatos, organizaciones estudiantiles y religiosas, y activistas populares en general.
Fue una ocupación militar que inauguraba un teatro de operaciones de lo que se vendría tras el golpe de Estado con centros ilegales de detenciones, torturas, violaciones, robos de bebés y desaparecidos.
El denominado “Combate” de Manchalá, evocado en innumerables ocasiones por el edil del PRO Andrés Suriani, sería un enfrentamiento armado entre más de 100 miembros del ERP contra 14 soldados del Ejército Argentino, acaecido el 28 de mayo de 1975, en Manchalá, cerca de la localidad de Río Colorado.
Hagan fila pa’ pegarle
“El fallo de la denominada Megacausa Operativo Independencia era lo necesario para justificar las posturas de los organismos de derechos humanos con mucha más solvencia que lo que se hizo en el Concejo Deliberante. Habló la Justicia y no se condice con lo que dice Suriani sobre que la dictadura comenzó en 1976, en el Gobierno de Isabel ya había delitos de lesa humanidad en contra de sus ciudadanos. Y sobre todo en Tucumán, que concentraba a los trabajadores azucareros. Hay que reactivar la discusión, ya está el pedido para que se baje la iniciativa de Suriani”, adelantó a este semanario una concejala y candidata capitalina del Partido de la Victoria (PV) a renovar su escaño, Lihué Figueroa.
“Manchalá está dentro del Operativo Independencia. Muchas de las víctimas fueron secuestradas y desaparecidas en el marco del plan de exterminio que vino del Poder Ejecutivo”, le dijo a Cuarto Poder, Inés Lugones, querellante de un colectivo de familiares de víctimas de Santiago del Estero.
Desde Salta, otra querellante en juicios por crímenes cometidos antes y durante la última dictadura cívico-religiosa y militar dijo que “los procesos contra los delitos lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado fueron, a lo largo de estos años, de gran importancia como política de Estado porque contribuyeron a fortalecer la sustentabilidad política del proceso democrático”. Los avances de estos juzgamientos fueron en términos cuantitativos y cualitativos, se avanzó también en las responsabilidades civiles”.
Tania Kiriaco agregó: “También se han condenado por delitos de violación sexual a víctimas en los centros clandestinos de detención. En cuanto a la opinión pública y medios de comunicación han repercutido positivamente y esto se ve en las marchas que se dieron contra el 2×1 y la exigencia de aparición con vida de un detenido desaparecido en democracia como Santiago Maldonado. Algunos discursos aislados como el de un concejal, que usurpa un cargo en la comisión de derechos humanos del Concejo Deliberante de Salta, es una expresión contraria al estado de derecho y al fortalecimiento de las instituciones”.
Las voces de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado se siguen escuchando. Sin embargo, la represión por parte del Estado, las desapariciones forzadas, los privilegios a los genocidas condenados y los viejos slogans anti-subversión parecen nunca terminar; es más: reaparecen de la cueva donde estaban acechando.
