El PV exorciza el temor a nuevas deserciones tras su ruptura con J.M. Urtubey. A una semana de la partida de dirigentes al bando “U”, los fugados oscilaban entre el poco compromiso partidario, la dependencia económica con el gobierno y el nulo peso electoral. (Daniel Avalos)
Lo peor ya pasó. Es el sentir del Partido de la Victoria tras dos semanas políticamente tensas. La primera estuvo dada por la decisión de romper con Urtubey; la segunda por el contragolpe del Grand Bourg que ninguneando la ruptura primero, se chupó luego a varios dirigentes.
A diez días de lo último, el balance es que la ofensiva “U” le ocasionó bajas esperables y otras que, estando en los cálculos, fueron cuantitativa y cualitativamente poco importantes. Detengámonos en lo primero. Hace referencia a funcionaros electos que sin embargo protagonizaron una desesperación silenciosa cuando notaron que la idea de la ruptura era real. Se trata de 13 funcionarios cuya pérdida acarrea inconvenientes aunque tal desarme amenaza poco al objetivo del partido de Sergio Leavy de aspirar al 18% del electorado que le permita conquistar una banca nacional.
De esos trece, cuatro son senadores provinciales: Silvina Abiles (La Caldera), Viveros Guzmán (Los Andes), Daniel Nolasco (La Poma) y Walter Cruz (Iruya). De ellos sólo a Cruz no se le vence el mandato con lo cual los tres restantes sienten que precisan del Grand Bourg para lograr ese objetivo en distritos cuyo peso electoral es poco relevante: según el padrón 2015, juntos representaban el 2,1% del total de votantes salteños.
La situación de los intendentes es distinta. Ostentan un peso territorial propio de quienes ejecutando desde el arreglo de un bache a la articulación con sectores de la sociedad civil y política, están en condiciones de generar relaciones comunales que le son funcionales. Se trata de Mario Aramayo de La Viña quien llegó al cargo con 612 votos; Mario Cuenca de Campo Santo que puede presumir de 2.500 sufragios; Roberto Vázquez de San Carlos que acumuló 1.056; el “Rata” Martínez de El Bordo que arañó los 1.500 votos; Daniel Moreno de La Caldera que superó los 2.318 y Rubén Méndez que a pesar de haber llegado al cargo con 5.500 sufragios pronto se convirtió en una mochila de plomo para el Partido de la Victoria: por haber declarado en agosto del 2015 que no votaba al candidato a diputado nacional partidario y por ir acumulando denuncias de violencia de género y hechos de corrupción que derivaron en un juicio político.
Todos comparten un denominador común según el PV: ejecutan valientes arrojos personales cuando ponen en juego sus cargos pero son de probada tibieza cuando los intereses electorales partidarios colisionaban con los del Grand Bourg. Las estadísticas lo confirman: tras ser elegidos en mayo del 2015 con los números reseñados, no aportaron ni la mitad de los votos a José Vilariño cuando tres meses después éste buscó retener su banca nacional.
De los tres concejales que migraron, el bailantero David Leiva se computa como una figura con peso electoral propio. En el año 2015 encabezó y arrastró a la lista del Partido de la Victoria en Capital a un impresionante 16,5% del padrón, producto de los 42.124 votos obtenidos, el doble de los 21.060 que el propio partido cosechó en el mismo distrito en la categoría diputado provincial. Del edil Mario Moreno de Vaqueros y la concejala Clara Flores de Güemes, ya nadie se acuerda.
Los perejiles
Si varios muestran alguna preocupación por esas partidas, distinta es la sensación que invade a miembros de esa fuerza por la fuga de otros 20 dirigentes a los que despectivamente califican de “perejiles”: seres anónimos que pueden sentirse protagonistas de la historia en determinadas circunstancias aunque finalmente no conduzcan a nadie y en muchos casos sean destinatarios de órdenes de poca monta.
Algo de razón tienen. Y es que entre esos 20 hay desde perfectos desconocidos -como los congresales Juan Carlos Fernández, Fabiel Collado, Gogo Rodríguez, Ricardo Lobos o Sisi Rajal- hasta viejos militantes que al decir de los que se quedaron poseen escasos conocimientos sobre el funcionamiento de la política local. Entre ellos se cita a Elva Acosta que según el Boletín Oficial de la provincia empezó a ocupar el cargo de congresal partidaria al menos desde 2005; o Alfredo “Tribilin” Fernández, un viejo soldado de Rosario de Lerma que hoy trabaja en la secretaría de Tránsito de ese municipio y que tras años de ostracismo fue convocado al Grand Bourg como parte de la treintena de dirigentes a los el gobernador convenció para quedarse con él.
Una situación parecida es la de Yone Cansinos, una persona mayor, como Elva Acosta, aunque a diferencia de ella aparezca en el Boletín Oficial como personal temporario designado por el Grand Bourg entre 2008 y 2011, tras lo cual se le pierde el rastro.
El más curioso de los casos, no obstante, es el de Fabián Bruna, el exdiputado provincial por Rosario de Lerma cuyo mandato venció en el año 2015. Caído en el olvido desde entonces, el hombre que había accedido a la banca por el Partido Renovador apareció entre los dirigentes que declararon a Urtubey sentirse desencantados por el desaire del PV. La fama se evaporó pronto y en nada eclipsó las noticias de abril de 2013 cuando amenazó a personal de la Dirección de Tránsito de Campo Quijano tras un control vehicular en el que la habían secuestrado la moto a su secretario.
No menos apegado a las migraciones políticas es el caso de Camilo Isaac, un oranense que también apareció por el cónclave del 17 de mayo para renegar del PV. Los consultados por Cuarto Poder en el norte provincial aseguran que el “Chinche” es un tipo piola aunque en política siempre “fue pura cáscara” y precisan que en el año 2013 ingresó como concejal en Orán por acuerdo de Marcelo Lara Gros, quien lo tuvo de aliado incondicional en la presidencia del cuerpo. Isaac secundó a José Vilariño en la lista de diputados nacionales 2015 y hoy vive más en la Capital que en Orán, a donde, de cuando en cuando, vuelve para atender su estudio. Lo último puede corroborarse: según la ACORDADA 12.301 de la Corte de Justicia salteña del 22 de diciembre de 2016 quedó seleccionado en la nómina de Abogados que actúan durante el año 2017 en casos del Distrito Judicial de Orán.
Los rentados
El caso de los nueve dirigentes restantes no es menos curioso. Como los denominados “perejiles” carecen de victorias políticas y personales concretas, aunque gozan de contratos con el Estado provincial que debieron influenciar en la decisión de quedarse con el sector político que finalmente podía privarlos de recursos imprescindibles para la subsistencia.
El caso que más irritó a los militantes del Partido de la Victoria consultados para esta nota fue el de Alejandro “el Vasco” Galarraga. El hombre era prensa del partido y hasta los periodistas que cubrieron el congreso que rompió con el frente oficialista lo recuerdan ese día como dueño de estilo imperturbable que despreciando la velocidad y gozando de la lentitud, informaba que en las inmediaciones del Centro Argentino numerosas fuerzas políticas esperaban expectantes la decisión del PV para correr en su apoyo.
Una semana después “el Vasco” sumó su nombre a la lista de los que volvía al cobijo del Grand Bourg. De los rentados, sin embargo, Galarraga parece ser uno de los menos favorecidos. Junto al congresal partidario Aníbal Rojo que también retornó al universo “U”, aparecen cada cinco meses en el Boletín Oficial como personal temporario a quienes se le prorrogan los contratos con la Secretaría General de la Gobernación que conduce Ramiro Simón Padrós.
Conviene aquí concentrarse en un detalle: el Boletín Oficial muestra que el 31 de octubre de 2016 se firmó la Resolución Administrativa 2.440 de la Secretaria General de la Gobernación que autoriza a Galarraga a “prestar servicios en carácter de colaboración (…) en la Subsecretaría de la Tercera Edad de la secretaría de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario”
El detalle no es tan inocuo como parece. El destino final de Galarraga es el área del ministerio que concentra a otros dirigentes designados en el año 2016 y que tras participar de la ruptura con el gobierno luego decidieron quedarse en éste: Marcel Fuentes, Subsecretario de la Tercera Edad, dependiente de la secretaría del Fortalecimiento Institucional y que según el decreto de designación posee una remuneración de secretario de Estado; Liliana Borelli, Coordinadora General de la Tercera Edad, de la Subsecretaría de la Tercera Edad del mismo ministerio con remuneración equivalente a Subsecretario de estado; Walter García: Director General de Adultos Mayores de la misma subsecretaría y ministerio que cobra un sueldo equivalente a Director General; Omar Vega: Director de la Universidad Abierta de la Tercera Edad de igual área y ministerio y cuenta con una remuneración equivalente a Director.
Menos clara es la situación de Hugo Olivares, mencionado en el parte de prensa del Grand Bourg como otro de los dirigentes que rompieron con el PV para impulsar el proyecto de Juan Manuel Urtubey. Olivares fue designado en diciembre de 2011 como Director de la Universidad Abierta de la Tercera Edad y al menos hasta el año pasado aparecía cumpliendo tal función, aunque las telefonistas del organismo aseguraran a Cuarto Poder que no lo ven por el lugar y desconocen el paradero laboral del mismo. Lo seguro, en cambio, es que en noviembre del año pasado fue levemente noticia de algunos portales al denunciar irregularidades en la elección de autoridades partidarias.
Distintos son los casos de los dos últimos dirigentes que protagonizaron la migración política. Hablamos de Alfredo Fuertes y el excanillita y ex concejal Abel Moya. El primero es Secretario de Recursos Hídricos provincial y cobra como tal; el segundo fue nombrado en febrero de 2016 como Delegado de la Secretaria del Área Metropolitana y percibe un sueldo de Jefes de Programas: el personal menos jerarquizado de las llamadas “Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo de Salta”.
Todo lo expuesto posee el enorme valor analítico de mostrar un doble límite: el del Partido de la Victoria en la ciudad que carente de conducción se asemejó a un rejunte desprolijo y amalgamado a base de intereses prácticos que dificultan las lealtades políticas sólidas; y la del propio oficialismo que a pesar del espectáculo que montó para promocionar la ruptura del PV, se quedó con un fragmento del mismo que al menos hasta ahora amenaza poco los objetivos de la fuerza asediada. Lo uno y lo otro confirman una máxima de la lucha política: siempre arriesgan más los que persiguen que los que son perseguidos.
