En lo que va de 2024, Argentina ha registrado 227 femicidios, lo que se traduce en una mujer asesinada cada 35 horas. Este dato alarmante resalta la magnitud de la violencia machista en el país, un fenómeno que parece estar lejos de erradicarse, mientras las políticas públicas, lejos de ofrecer soluciones, se ven marcadas por un silencioso rechazo.
El 25 de noviembre, Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, volvió a ser testigo de una realidad desgarradora: en lo que va de 2024, hubo 289 intentos de femicidio. Un número que podría parecer solo estadística, pero que esconde el sufrimiento de miles de mujeres que, a pesar de sus denuncias y pedidos de ayuda, no logran escapar a una espiral de violencia que parece no tener fin. De esos femicidios, el 19% de las víctimas ya había realizado denuncias previas y el 9% contaba con medidas de protección que no lograron garantizar su seguridad.
22 femicidios de niñas y adolescentes hasta 17 años; 236 niños y niñas huérfanos, víctimas colaterales de un sistema que sigue fallando. Estas cifras reflejan la crudeza de una sociedad que no solo no cuida a sus mujeres, sino que tampoco protege a sus infantes. Los casos más desgarradores ocurrieron en noviembre, cuando dos niñas de 8 años fueron brutalmente asesinadas en Córdoba y Misiones. Aralí Vivas y Fabiana Sirino fueron víctimas de abusos sexuales seguidos de asesinato a manos de hombres cercanos a sus entornos. La conmoción social no tardó en llegar, pero la indignación fue aún mayor al recordar que estos crímenes se cometen en medio de un clima de impunidad y silencio institucional.
A lo largo de este año, además, se ha evidenciado la falta de cobertura mediática sobre muchos de estos casos, lo que ha derivado en un alarmante subregistro de los femicidios. La invisibilidad mediática, impulsada en muchos casos por la persecución a periodistas especializados en género, perpetúa el ciclo de violencia y permite que los responsables queden impunes.
En este contexto de creciente violencia, el gobierno de Javier Milei ha sido señalado como uno de los grandes ausentes en la lucha contra el femicidio. El 25N, en un acto simbólico, se recordó que el gobierno de Milei fue el único en votar en contra de la resolución de la Asamblea de la ONU para la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. Este rechazo, lejos de ser una postura aislada, refleja la indiferencia y la falta de compromiso del oficialismo con una agenda de derechos humanos que incluye la erradicación de la violencia machista. La realidad muestra que en el mismo año que Milei rechaza esta agenda, 22 niñas y adolescentes fueron asesinadas en el país.
En el caso de la violencia hacia la comunidad trans, el crimen de Rita Pilar Almirón, una mujer trans asesinada por su pareja en Entre Ríos, dejó al descubierto las múltiples formas de odio y violencia que también afectan a este colectivo. Además, el caso de Rosario Sansone, activista trans en Bahía Blanca, sigue siendo investigado como un posible transfemicidio, sumando una nueva capa de dolor e incertidumbre a una lucha ya de por sí plagada de obstáculos.
Este 25N no solo se celebró como un día de reflexión, sino como una nueva oportunidad para denunciar la precaria vida de las mujeres en Argentina, un país donde el abandono institucional se traduce en muerte, dolor y abandono. En este contexto, el gobierno actual, al negarse a cumplir con las leyes internacionales sobre prevención y erradicación de las violencias machistas, se convierte en cómplice de esta realidad atroz.
Es hora de romper el silencio. Es hora de que la sociedad y las instituciones comprendan que la violencia machista no es un problema de unas pocas, sino de todos. Las cifras nos gritan, las mujeres nos gritan: es necesario un cambio real, no más discursos vacíos.
