Un joven fue golpeado por la policía tras el partido entre Central Norte y Juventud del pasado domingo. La familia no tuvo eco en el ministerio de DDHH que le sugirió dirigirse a la Defensoría del Pueblo que reveló que al joven no le quisieron certificar los golpes ni el médico de la policía, ni del hospital público.
Álvaro Ulloa revelo el hecho a través de una carta pública. Y aunque es probable que la misma constituya una forma de empezar a candidatearse para las elecciones legislativas provinciales de noviembre; los antecedentes de la policía en materia de apremios y los golpes evidentes del joven en su espalda certifican más de lo mismo: que la policía provincial es brutal y que la ministra de DDHH Silvia Pacce un mero adorno de esta gestión.
La madre del joven agredido de nombre Alejandra, se presentó a la Defensoría con su hijo Martín de veinte años, aunque con una discapacidad que lo asemeja a un niño de seis años. Fanático de Juventud, el domingo fue a la cancha y por no haber podido entrar se quedó afuera del estadio hasta que terminó el partido y la policía optó por la disuasión brutal para despejar el estadio. Él recibió golpes en el cuello y en la espalda. El relato de Álvaro Ulloa sigue así: “No le quiso contar a su mama, para que no le prohíba ir de vuelta a la cancha, pero se lo contó a su hermanita, tiene cinco años y es su confidente, ella le dijo a la mama, que Martin tiene rojo en la espalda, y que le duele. Alejandra lo vio, le pregunto y Martin le fue contando”, detalló el funcionario que recibió a la mujer y al hijo en el día de ayer.
“Fueron a la radio, curioso, hoy la gente va a la radio en vez de a la justicia, les dio miedo que la policía lo persiguiera. La llamaron del ministerio de DDHH, le dijeron que la iban a llamar de vuelta para atenderla”. Cuando el Defensor del Pueblo sugirió a las víctimas certificar los golpes con un médico, vino lo peor: el médico del San Bernardo no lo quiso revisar indicándoles que se dirigiese a un consultorio externo; nadie del ministerio de Silvia Pacce los acompañó y se contentaron con sugerirle que haga la denuncia en la Defensoría del Pueblo y que ellos seguirían luego el expediente; mientras el médico de la policía se negó a revisarlos aduciendo que un decreto se lo prohibía.
Álvaro Ulloa terminó su misiva informando que madre e hijo volverán hoy a la Defensoría y que desde allí se los acompañará a la policía: “sino los atienden vamos a denunciar al responsable”.
