Con las medidas macristas sobre los convenios con las universidades, muchos trabajadores pueden quedar en la calle el primero de abril. El escenario más sombrío es la sede de Cafayate que funcionaría sin convenio y por ello podría ser cerrada. (F.H.)

La incertidumbre en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) va en aumento ya que no se ha informado qué convenios son los que el rector, Víctor Hugo Claros, le solicitó al Jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, para que continúen en vigencia luego del primero de abril próximo. Por ello, muchos trabajadores que estaban en condiciones de inestabilidad, podrían quedar definitivamente marginados de sus cargos.

Pero aún hay una alarma más sobresaliente, el derrotero de la sede regional Cafayate, que podría estar en peligro de ser cerrada. Según trascendió, dicha dependencia no tendría avalado el convenio de funcionamiento, con lo cual, de no haber mediado un pedido explicito, el Ejecutivo nacional estaría facultado a determinar la baja de toda la oferta académica que se dicta en el sur provincial.

Conforme al digesto de resoluciones sancionadas por el Consejo Superior de la UNSa en este año, las autoridades de la casa de altos estudios no habrían solicitado su explicita continuidad. En ninguna de las 85 resoluciones sancionadas hasta el cierre de esta edición se informa sobre la reacción de la conducción de la UNSa ante el decreto 336/16 del nuevo timonel de la Casa Rosada, Mauricio Macri.

La génesis

Dicha normativa se enmarca en la maquinaria de purga que el nuevo Gobierno Nacional le imprimió al empleo del sector público. El afán denodado por estrechar el “gasto en personal”, apelando a categorías estigmatizantes y peyorativas como las de “grasa militante” o de “ñoquis”, fueron la máscara para un tropel de despidos, calculado en más de 24 mil en todo el país.

Bajo el eufemismo de “modernizar” y hacer más eficiente los recursos del Estado, el 24 de diciembre del año pasado se decretó “revisar los procesos concursales y de selección de personal”, y también a hacer lo propio con “las designaciones efectuadas por procesos concursales de personal de los Ministerios y organismos dependientes de la Administración Pública Nacional (…) con el propósito de analizar su legalidad, y en particular el cumplimiento y pertinencia de los requisitos previstos para el cargo concursado y los antecedentes presentados por los postulantes”.

La resolución 254/15 argumentaba además que “debe tenerse en cuenta que la calidad en la gestión pública depende del cumplimiento con el principio de economía, esto es, que el funcionamiento de la Administración Pública propenda a la utilización racional de los recursos públicos”. Oraba que “la selección de personal” se debe realizar “mediante sistemas que aseguren la comprobación fehaciente de la idoneidad, méritos, competencias y actitudes laborales adecuadas para el ejercicio de las funciones”.

Para ello, se apresuraba a fundamentar que “es necesario un acabado análisis y examen de la forma y necesidad de incorporación de los empleados públicos, cualquiera haya sido su modalidad de incorporación”.

Universidades en la mira

Bajo la misma impronta que aquel decreto 254 sancionado en la última semana del año anterior, el 11 de febrero de este año se publicó en el boletín oficial de la Nación el decreto 336/16, que ponía en cuestión los vínculos de cooperación técnica y los convenios suscriptos entre las universidades y cualquier repartición del Estado.

“La asignación recursos de la Administración Pública debe ajustarse estrictamente a aquello que resulte necesario para el logro de metas y objetivos previstos”, advierte el texto y acota que tal cuestión se esgrime “en el marco conceptual que se dictó en el decreto 254 del 24 de Diciembre de 2015, que instrumenta una serie de medidas tendientes a garantizar la calidad en la gestión pública”.

Entre los considerandos agrega que “los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades del Estado Nacional con las Universidades Nacionales pueden ser efectuados mediante contratación directa”. Explica al respecto “que esta modalidad de contratación ha dado lugar a diversos convenios de prestación de servicios de Asistencia Técnica, mediante recursos materiales y humanos”.

Seguidamente remata: “Ante dicha situación resulta necesario analizar el tipo de prestaciones brindadas por cada uno de los organismos educativos contratantes, evaluando si las mismas coinciden con las actuales misiones y funciones de las jurisdicciones involucradas”

La norma apremiaba a las instituciones de educación superior universitaria a solicitar explícitamente qué convenios, de los ya existentes, pretendían sostener con el Ejecutivo Nacional. Todos aquellos acuerdos que no se solicitaran de forma explícita ante el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, serían automáticamente disipados a partir del primer día de abril, es decir, en menos de una semana.

Asimismo, también apunta en su artículo quinto resuelve que “a partir del primero de marzo de 2016 los Ministerios, Secretarías de Presidencia y organismos de la Administración Pública Nacional no podrán efectuar nuevas contrataciones de personal” que se inscriban en acuerdos con las universidades. Esto último es igualmente destacado que la revisión de los contratos, ya que implica que las contrataciones de apoyo técnico para programas y proyectos quedan suspendidos, con lo cual, no se puede incorporar nuevos puestos de trabajo.

Por último, la resolución 336 estipula la creación de un “Registro de Convenios del Estado Nacional con las Universidades y otras entidades educativas” que queda bajo la órbita del Ministerio de Educación y Deportes, titularizado por Esteban Bullrich. Distintos sectores de la comunidad universitaria han denunciado tal cosa como una forma de lesionar la autonomía, sin embargo el rector Víctor Claros y sus aliados políticos en la UNSa no se han expedido al respecto.

Como se ha dicho, tampoco el Consejo Superior dominado por el clarismo ha sancionado ninguna resolución que clarifique la posición de la UNSa al respecto de los convenios. Muchos puestos de trabajo podrían estar en peligro a partir del primero de abril, tampoco se podrán establecer nuevos convenios y la autonomía universitaria quedará bajo la custodia del Ejecutivo Nacional. Y las autoridades de la UNSa, de campaña política.

La sede Cafayate

El caso más preocupante es la sede Cafayate, que podría cerrarse con estos giros en la política universitaria que introdujo el macrismo, siempre con la complicidad de las autoridades distraídas. Aparentemente, la puesta en marcha en 2014 de la sede habría sido por medio de un acuerdo de palabra entre el rector Claros y los funcionarios de la Secretaría de Políticas Universitarias de aquellos tiempos.

De ser así, la situación de la dependencia de las tierras bodegueras sería aún menos auspiciosa que la del resto de los espacios afectados por los convenios. Pasando en limpio: si los convenios rubricados corren peligro, un proyecto académico que siquiera cuenta con un respaldo en papeles –se sostendría sólo por un acuerdo de palabra- sería fácilmente removido.

En dicha sede se dictan la Tecnicatura en Etnología y Vitinicultura, la Tecnicatura en Energía Solar y la Tecnicatura en Turismo. Hasta mediados de febrero de este año, en Cafayate se pre-inscribieron 51 alumnos. Teniendo en cuenta que se han extendido los plazos para tal trámite hasta el 31 de este mes, seguramente serán más los estudiantes que tal vez se queden sin su derecho a la educación pública que la UNSa les ofertaba.