Tras la visita del ministro Sergio Bergman y el acuerdo con el gobernador Juan Manuel Urtubey y las entidades rurales de latifundistas, esta semana volvieron las convocatorias a audiencias públicas para “cambios en el uso de suelos” en Anta, uno de los epicentros del desmonte. Lilith
Greenpeace denunció que el Gobierno de Salta prepara, junto a las asociaciones de grandes productores agropecuarios de la provincia, una legalización de los desmontes que infringen la Ley de Bosques. Específicamente se refieren a la firma de un acta entre el Gobierno salteño y organizaciones de productores como la Sociedad Rural Salteña, Prograno y la Federación de Entidades Rurales Salteñas.
Esta semana, en el Boletín Oficial se publicaron nuevos pedidos de cambios de suelo en el departamento Anta, por lejos una de las zonas más perjudicadas por los desmontes. En las publicaciones se convoca a audiencias públicas de carácter no vinculante para autorizar más deforestaciones. Por ejemplo, uno de los casos es el de la empresa Chaco Servicios S.A., que tendrá una audiencia para la ejecución de un proyecto y solicita la habilitación de cambio de uso suelo de 2997 hectáreas en una primera etapa y 2744 hectáreas más en una segunda etapa.
Esto sería, en términos llanos, un nuevo pedido de desmontes. Aunque existan zonas marcadas como verdes, los inmensos lotes que piden que se desmonten se verían afectados en un futuro. Para eso llaman a una audiencia pública y además de eso, luego es el estado salteño quien debe aprobar o no ese desmonte.
Las nuevas convocatorias a audiencia aparecieron esta semana, luego de que el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, visitara la provincia la semana pasada, cuando mantuvo un encuentro con Urtubey y los sectores latifundistas. Salta desde el año 2014 debe realizar un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), pese a estar en deuda con eso, desde el Gobierno provincial siguen habilitando a empresas a realizar desmontes en zonas que claramente en un nuevo ordenamiento estarían marcadas en rojo.
En los mapas de ordenamiento, las zonas rojas representan sectores de muy alto valor de conservación del bosque que no deben transformarse, pudiendo realizarse actividades que no alteren sus atributos de conservación. Las zonas amarillas corresponden a un mediano valor de conservación, que no deben desmontarse pero pueden ser aprovechadas de forma sostenible. Las zonas verdes pueden transformarse parcialmente o en su totalidad.
“Es insólito que los mismos responsables del delito son quienes van a juzgar si lo cometieron. En lugar de cumplir con la Ley de Bosques, el gobernador Urtubey prepara un indulto para los desmontadores. Destruir bosques es un crimen que no debe quedar impune”, manifestó Hernán Giardini, que es coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
El convenio que refrendaron el gobernador Urtubey y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, indica que, junto al Gobierno salteño y dependencias de dicha cartera nacional y también la de Agroindustria, estas asociaciones deberán evaluar y verificar, en un plazo de 30 días, la ejecución de los 32 permisos de desmontes otorgados por la Provincia y luego suspendidos por pedido de la Nación, por lo que se encuentran paralizados. Este análisis de caso por caso, es justamente una adecuación de la norma a los intereses de cada empresario-.
Ministra al lado del desmonte
En ese sentido, Greenpeace recordó que la resolución 56/2018, del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Luego de la resolución del ministro Sergio Bergman, que declaró ilegales los desmontes autorizados por el mecanismo de re-categorización y pidió a la Provincia la suspensión de los desmontes y la reforestación sobre los ya producidos, fue la Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Paula Bibini, quien avalando los desmontes declaró “no vamos a renunciar al desarrollo rural del Chaco salteño”, y agregó : “Yo había comenzado a dialogar con el ministro sobre nuestra decisión de una Salta que avance hacia el desarrollo con una escala predial y un ordenamiento territorial como corresponde, dando seguridad a los empresarios que deciden invertir en Salta. La provincia se puede y se debe desarrollar, Lo exige la situación social. Es una necesidad de la gente, que sería que los funcionarios conocieran el territorio. Estas medidas perjudican estos objetivos y son impropias de un país federal”.
