Un planteo para retomar el funcionamiento parcial de la Ciudad Judicial le fue girado esta semana al presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano. Desde el Colegio de Magistrados y del Ministerio Público pidieron este martes la conformación de un Comité de Crisis que se ocupe de evaluar alguna modalidad de ir adoptando los recaudos para una vuelta a la actividad.
Con las firmas Gabriela Buabse y Eduardo Barrionuevo, la entidad confió en que una decisión en tal sentido permitirá “afianzar la justicia y garantizar la paz social”. Atento a ello, una de las propuestas fue poner de nuevo en funcionamiento la Ciudad Judicial y el Ministerio Público “sin presencia de público en general, ni operadores del servicio de justicia incluidos en grupo de riesgo”.
Además, con la recomendación de prohibir el ingreso al edificio de zona norte y dependencias del interior a “personas no autorizadas”, junto con la “habilitación de líneas telefónicas, whatsapp, u otros medios tecnológicos que permitan al público en general gestionar turnos de atención, efectuar consultas” y otras actividades ineludibles de realizar.
En esta iniciativa, igualmente se incluye el establecimiento de “horarios diferenciados de ingreso y egreso para evitar congestión en los accesos y en los espacios laborales”, en tanto la presencia de empleados en lugares de trabajo será evaluada de acuerdo a tales necesidades. Mientras, para el caso de los abogados se podrían asignar días específicos de acuerdo a la numeración de sus respectivas matrículas para realizar trámites, a la par que se fomentarán los demás trámites por vía de correos electrónicos o por servicio de mensajería (Whatsapp), lo que exigirá adecuar a esta situación inédita las normas procesales.
Por añadidura, plantea la “suspensión de plazos en todo expediente que no fuere expresamente habilitado” y exhorta al uso de herramientas tecnológicas en la celebración “de todo tipo de actos que resulten compatibles, entre ellos audiencias”. Y exige la digitalización por medio de escaneo de los expedientes y presentaciones –refrendadas por las partes en cada causa-, al igual que la “remisión de actuaciones vía electrónica y excepcionalmente vía física a los magistrados y funcionarios en situación de riesgo impedidos de concurrir”.
Por último, el pedido de un sistema de nube informática que permita “almacenar la información digital”, junto con la puesta en funcionamiento de un “sistema de pago electrónico para todos los fueros” (y compulsa por esta misma vía del estado de cuenta). En general, la coordinación de “normas de bioseguridad, entre ellas sistema de control de personas con síntomas compatibles con Covid19 para evitar su ingreso a los edificios, provisión de elementos de higiene y medidas de protección en las mesas de entradas”, entre otras.

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