Los salteños se sumaron a la marcha mundial por la marihuana para terminar con la criminalización y persecución a los usuarios y cultivadores, por el reconocimiento de los usos medicinales y a favor de la regulación del acceso. Qué establece el nuevo paradigma sobre el cannabis. (Garrik)

La marcha mundial por la marihuana se realiza el primer sábado de mayo desde el año 1999. Con movilizaciones en distintos puntos del país, se exigió la reglamentación del uso del cannabis medicinal y el fin de la criminalización y persecución de los usuarios, como así también la regulación del autocultivo.

En nuestro país existe el doble estándar de criminalizar la tenencia de estupefacientes para consumo personal y al mismo tiempo la permisión de dicho acto por parte de la justicia. Sucede que la ley de drogas 23.737, que rige actualmente, en su artículo 14 párrafo segundo sanciona con pena de prisión de hasta dos años a quien tenga estupefacientes para consumo personal. Mientras que la Corte Suprema de Justicia de la nación, en el fallo “Arriola” sostuvo la inconstitucionalidad de penalizar la tenencia de estupefacientes para consumo personal.

En la práctica, la penalización de la tenencia para consumo personal habilita a la policía a molestar, a detener y a meterse en la vida personal de los consumidores, aunque posteriormente sean liberados por la justicia. Esto lógicamente además de vulnerar los derechos individuales, genera un dispendio de los recursos públicos, principalmente policial y judicial, ya que importa un enorme derroche de esfuerzo, dinero y tiempo de la policía y de la justicia en procedimientos inútiles desde el punto de vista político criminal, como lo demuestran los más de veinte años transcurridos desde que se sancionara la ley 23.737.

En todo caso, los recursos deberían redireccionarse para perseguir delitos tales como el lavado de dinero y el ingreso de precursores químicos como la acetona, efedrina, ácido clorhídrico, permanganato potásico, entre muchísimos otros. O emular a la mayoría de los países de la región que a la par de haber despenalizado la tenencia para consumo personal, dedican los recursos disponibles a la persecución del tráfico de estupefacientes.

Por otro lado, se ha tornado en un medio ineficaz para disuadir el consumo y luchar contra el tráfico porque se creyó que persiguiendo penalmente a los consumidores se disuadiría el consumo y se combatiría exitosamente el narcotráfico, pero tanto el consumo como el tráfico han aumentado considerablemente.

El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías en el Informe Anual del 2004 concluyó que «no existen indicios de que la criminalización del consumo de drogas tenga efecto disuasorio para los jóvenes», ya que las tendencias de consumo se corresponden más con factores culturales, económicos y sociales, y no con la intimidación penal. De hecho, las estadísticas tanto a nivel nacional como de nuestra provincia, reflejan cada vez más un alza hacia el consumo, sobre todo de jóvenes, y de una iniciación cada vez más temprana, ya sea de drogas sintéticas o de las llamadas drogas blandas como la marihuana.

Cambio de paradigma

En un cambio profundo respecto a su posición tradicional sobre el fenómeno de los estupefacientes, el año pasado pasado los máximos funcionarios de la ONU exhortaron a la comunidad internacional a considerar la despenalización del consumo de drogas.

En un mensaje para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, explicó que el organismo a su cargo «promueve un reequilibrio en la política internacional de drogas controladas».

«Debemos considerar alternativas a la criminalización y el encarcelamiento de gente que use drogas y enfocar los esfuerzos de justicia criminal en aquellos involucrados en la oferta de drogas», aseveró Ban Ki-moon

El titular de Naciones Unidas indicó que el nuevo enfoque para reducir los costos que generan las drogas debe ponerse en «la salud pública, la prevención, el tratamiento y cuidado, así como en estrategias económicas, sociales y culturales».

Mientras tanto, el vicesecretario general de la ONU, Jan Eliasson, expresó durante la presentación del Informe Anual sobre Drogas 2015, que «debemos ser honestos y valientes en aceptar que algunas políticas sobre drogas y sobre sentencias necesitan ser revisadas».

En una confererencia en Nueva York, Jean-Luc Lemahieu, director de la División de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (UNODC), explicó que la despenalización del consumo de estupefacientes no requiere modificar las convenciones de la ONU.

Las cuatro convenciones de la ONU sobre drogas son el fundamento de la comunidad internacional para diseñar las políticas sobre estas sustancias en el mundo, cuya interpretación y alcance estará en el centro de la discusión de la Cumbre de Alto Nivel sobre Drogas de 2016 en la Asamblea General.

Lemahieu señaló que el caso de Portugal, que desde 2001 despenalizó el consumo de todas las drogas dentro de su territorio, está en línea con las convenciones de la ONU. Destacó además que el consumo de sustancias en ese país es menor que en España, donde el consumo sigue siendo criminalizado.

«Aún se requiere decomisar drogas, y arrestar a traficantes y comerciantes, pero ¿en realidad es correcto tener al eslabón más bajo de esa cadena, al usuario, en prisión durante años? ¿Es esa la mejor manera de usar los recursos públicos, de distribuirlos?», cuestionó Lemahieu.

Subrayó que el objetivo de las convenciones de la ONU siempre ha sido la salud pública, aunque este aspecto fue de alguna manera desplazado por el acento de las políticas prohibicionistas de la llamada «Guerra contra las Drogas», iniciada en 1971 en Estados Unidos.

«Es un nuevo acento puesto a las convenciones para entender las lecciones negativas del pasado y para hacer de eso un aprendizaje positivo y generar una respuesta más efectiva en términos de costos», aseguró el funcionario, sin embargo puntualizó que experimentos como los de Uruguay, que regulan oficialmente la venta de marihuana, no están en línea con las convenciones de la ONU.