El Poder Judicial dio a conocer cifras desde que empezó a juzgar casos de microtráfico hace 13 meses: 1.808 causas,  134 resoluciones y sentencias y 386 juicios en trámite. Algunos sostienen que las acciones son efectivas contra el narcotráfico y otros dicen que son inútiles porque el consumo sigue creciendo. 

R.T, las siglas del acusado, había sido interceptado por personal policial y tras una requisa, le sustrajeron de uno de los bolsillos del pantalón un envoltorio tipo bocha con sustancia vegetal disecada que resultó ser cuatro gramos de marihuana. En sus argumentos, la magistrada sostuvo que no existía evidencia de que la conducta del hombre hubiera trascendido el ámbito de su autonomía personal protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional porque ni siquiera estaba fumando al momento de ser detenido. Agregó que en estos casos sólo se criminaliza al consumidor adicto, sin lograr la reducción de su consumo.

 

Para fundamentar su decisión, citó el voto del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni en el caso «Arriola”, donde se declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes (23.737). En su voto, Zaffaroni hizo hincapié en que el poder punitivo que se instrumenta a partir del artículo 14 de la ley 23.737, «dispende los esfuerzos, el dinero y el tiempo de las tareas policiales y judiciales. Esas tareas deberían apuntar a combatir el tráfico de tóxicos que resultan más lesivos para la salud, como los que circulan entre los más pobres y jóvenes de la sociedad, con resultados letales de muy corto plazo y con alta probabilidad de secuelas neurológicas en los niños y adolescentes que logran recuperarse.”

En esa línea, el fallo plantea: «Es así que la tenencia de estupefacientes en sí misma no puede ser objetable desde el derecho penal. Se trata de una acción privada y protegida por el principio de reserva cuando tenga lugar en un ámbito íntimo, cuando no se trate de un acto exhibicionista y cuando la sustancia hallada en poder del consumidor sea escasa”.

Despenalización

Recordemos que en el Congreso Nacional, ya se inició un debate en las comisiones de Prevención de la Adicciones y Combate al Narcotráfico y de Legislación Penal, en vistas a modificar la ley de drogas 23.737 que rige actualmente, y que en su artículo 14 párrafo segundo se sanciona con pena de prisión de hasta dos años a quien tenga estupefacientes para consumo personal. El proyecto con mayor consenso, que nuclea al oficialismo, a la UCR y al Frente Amplio Progresista, brega por un paradigma alternativo al prohibicionista, que involucra cambios en la persecución del crimen organizado dedicado a las drogas y en la atención de los usuarios (aun espera ser tratada en el recinto).

 En ese marco, es interesante traer a colación las ideas vertidas por el ministro de la Corte Suprema y especialista en derecho penal, Raúl Zaffaroni, quien fuera uno de los oradores, y entre lo más destacado dijo que: “la penalización de la tenencia, habilita a la policía a molestar, a extorsionar, a veces a hacer caja, a meterse en la vida personal”. “La peor toxicodependencia sin dudas es el alcohol”. En este sentido, el magistrado habló de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que producía y distribuía esa sustancia dentro del país, y cómo generó mafias y un mercado informal. “Hoy el tóxico ilegal se produce afuera, las muertes están en México y el 60 por ciento del dinero de la distribución queda en Estados Unidos, que además vende armas a los narcos mexicanos”, explicó Zaffaroni, al describir al país que promueve globalmente la prohibición. Mientras que Argentina es “un país de tránsito de cocaína, pero no un gran consumidor”, definió.

 

La sanción de la ley actual, agregó, fue impulsada por la administración de Richard Nixon en Estados Unidos e implica “una política criminal absurda y suicida”. “El consumo es un problema de salud, que tiene su propia naturaleza. Si se lo saca de ahí y se lo lleva a una naturaleza que le es artificial, como la esfera penal, no se resuelve el problema”. Zaffaroni recordó “sentencias aberrantes”, como la de un consumidor a quien la policía le encontró “restos de marihuana en el bolsillo” y fue arrestado “por hacer peligrar la seguridad nacional”.

 Nuevo paradigma

Penalizar la tenencia de estupefacientes para consumo personal ha venido a ser, por un lado ilegal, tal como lo declaró la Corte en el caso “Arriola”, por el otro ineficaz como un medio para disuadir el consumo, y finalmente significa un derroche enorme de recursos públicos que deberían redireccionarse para combatir el tráfico de tóxicos.

Es ilegal porque vulnera el ámbito de autonomía privada que protege el artículo 19 de la Constitución Nacional. Este ámbito privado no se refiere a un lugar físico, el concepto es mucho más amplio, y significa que el hombre es dueño y libre de elegir el estilo de vida que su conciencia le dicte, aunque esa forma de vivir le sea perjudicial o contrario al que siga la mayoría, todo esto en la medida que no genere un daño a terceros.

 Es un medio ineficaz para disuadir el consumo y luchar contra el tráfico. Desde que la ley penaliza la tenencia de drogas para consumo y la Corte legalizara esta situación, allá por el año 90, en el caso Montalvo, se creyó que persiguiendo penalmente a los consumidores se disuadiría el consumo y se combatiría exitosamente el narcotráfico, pero tanto el consumo como el tráfico han aumentado considerablemente. Según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Argentina se ha convertido en un país de tránsito y de elaboración de ciertas sustancias, y ha aumentado el consumo de muchas drogas, como ser: cocaína, paco, opio, anfetaminas, éxtasis, psicofármacos sin prescripción médica e inhalante.

 No hay pena que disuada a quien tiene una adicción psicológica o física. Según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías con sede en Lisboa, en el Informe Anual del 2004 había concluido que «no existen indicios de que la criminalización del consumo de drogas tenga efecto disuasorio para los jóvenes». Las tendencias de consumo se corresponden más con factores culturales, económicos y sociales, y no con la intimidación penal.

 Finalmente es un dispendio de los recursos públicos, principalmente policial como judicial, ya que importa un enorme derroche de esfuerzo, dinero y tiempo de la policía y de la justicia en procedimientos inútiles desde el punto de vista político criminal, como lo demuestran los más de veinte años transcurridos.

Veamos algunos números: en los últimos veinte años sólo una de cada diez causas iniciadas por infracción a la ley de estupefacientes lo fue por tráfico. El setenta por ciento de los expedientes lo fue por tenencia para consumo personal y el ochenta y siete por ciento se inició por tenencia de hasta cinco gramos de marihuana o cocaína incautada a varones jóvenes entre 20 y 30 años en la vía pública, que no portaban armas ni estaban cometiendo otro delito.

En todo caso, los recursos deberían redireccionarse para perseguir delitos tales como el lavado de dinero y el ingreso de precursores químicos como la acetona, efedrina, ácido clorhídrico, permanganato potásico, entre muchísimos otros. O emular a la mayoría de los países de la región que a la par de haber despenalizado la tenencia para consumo personal, dedican los recursos disponibles a la persecución del tráfico de estupefacientes.