Pedirán que el IPV indemnice a una mujer y elevaran una acción por daño moral. El organismo se negaba a entregarle una vivienda alegando que debía ser concedida a ella y a su ex pareja, de quien se está divorciando. La mujer es víctima de violencia de género.
La abogada de la mujer, Susana Aramayo, presentará un recurso ante esta situación. Por su parte, el titular del IPV, Marcelo Ferraris, sostuvo que tiene la intención de mantener una reunión con la letrada la próxima semana.
Según informó el diario chiquito la mujer venía reclamando desde hace unos dos años la entrega de la vivienda. El IPV se negaba a la posibilidad indicando que debía ser entregada a ella y a su ex pareja, de quien se está divorciando.
La causa principal del divorcio tiene que ver con el hecho de que era víctima de violencia física y psicológica por parte de su ex pareja. No obstante, en las mediaciones que se lograron homologar en la Justicia, el hombre accedió a la posibilidad de dar la tenencia de sus hijos a la mujer, y de escriturar la vivienda a nombre de los chicos.
La mujer llevó el instrumento legal homologado ante el IPV pero aun así el Instituto decidió solicitarle que se contacte con su ex pareja para recibir ambos la vivienda. Aramayo indicó que la institución no sólo ignoró un acuerdo legal sino que generó un ámbito que implicaba una mayor vulneración a su representada.
Añadió que pese a la presentación del amparo -que la Justicia de primera instancia rechazó-, el IPV presentó «sendos recursos» a fin de desactivar la acción que buscaba proteger a la mujer de la violencia institucional ejercida. A ello se agrega que en medio del proceso, la entidad notificó bajo amenaza de quitarle la vivienda si no se presentaba con su ex pareja a ocuparla. A ello agregó la posibilidad de acusarla de «falseamiento de datos».
«El IPV no sólo no quiso solucionar, sino quiso escarmentar en nuestra contra por haber presentado el recurso», sostuvo Aramayo al afirmar que el fallo de la Corte le da la razón y sienta un importante precedente para todas las mujeres que podrían sufrir esta violencia por parte de la institución. Ahora indicó que no sólo pedirá la indemnización por los dos años que la mujer tuvo que pagar alquiler, sino además elevará una acción por daño moral.
Recordemos que la semana pasada la Corte de Justicia de Salta ordenó al Instituto Provincial de la Vivienda que entregue, sin más, la tenencia de una vivienda correspondiente al Grupo Habitacional 50 Viviendas Coposal Etapa IV a una mujer que se encuentra en proceso de divorcio por situaciones de violencia familiar. La decisión revocó así la sentencia de primera instancia en un amparo promovido contra el IPV.
