El locutor y empleado del consulado de Bolivia Jorge Willians Taborga Pereira reconoció haber abusado de dos niñas de 5 y 12 años. La justicia le dio una pena irrisoria.

 

Tres años de prisión de cumplimiento condicional. Esa fue la insólita pena impuesta por la jueza interina de Garantías de quinta Nominación María Edith Rodríguez al comunicador social y locutor Jorge Willians Taborga Pereira por haber abusado sexualmente de dos menores de edad. El hombre, que además se desempeñaba en el consulado de Bolivia en Salta y en el consulado general de Bolivia en Buenos Aires, fue declarado autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple (un hecho) en perjuicio de una niña de 5 años y abuso sexual simple (tres hechos) en perjuicio de una niña de 12 años, en concurso real.

El fallo tuvo lugar el pasado 28 de junio en tras una serie de audiencias en las que Taborga reconoció «de manera libre y voluntaria» los abusos, según consta en el expediente. Esto, sin embargo, no parece haber alcanzado para que la magistrada le imponga una pena más severa. El condenado se encuentra actualmente en libertad, ejerce su oficio y sólo tiene una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de sus víctimas.

También se le ordenó que lleve adelante un tratamiento psicológico, y que se le extraiga material genético por parte del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, para ser incorporado en el Banco de Datos Genéticos.

El hecho se conoce casi en simultáneo al fallo de la corte de justicia salteña que determinó la prescripción de los delitos cometidos por el ex-sacerdote José Carlos Aguilera. El cura afrontaba un proceso en su contra por abuso sexual gravemente ultrajante en contra de dos jóvenes ocurrido en 1997. Por cinco votos a cuatro (algunos de ellos efectuados por jueces ad hoc) los abusos de Aguilera quedaron y quedarán impunes.

Las preguntas que sobrevienen luego de que casos como el de Taborga tomen estado público son: ¿Cómo es que los garantes de la impunidad, en este caso los magistrados, nunca rinden cuenta de sus insólitos fallos? ¿No amerita un caso como el citado un juicio político contra los ejecutores de la condena? ¿Quién juzga a los jueces en Salta?