El desembarco de Worldcoin en el municipio de Vaqueros acarreó suspicacias de todo tipo, que cobran sentido si se observan algunas de las prácticas desplegadas por la firma global. La utilización de operadores locales que cobran comisiones por la cantidad de ojos escaneados abre la puerta a formas cuestionables de expansión del mercado. Entretelones de un negocio cimentado en la vulnerabilidad económica y la promesa de una renta universal.

KIM IM PORTA

Las imágenes en la TV nacional despiertan intriga y desconcierto a la vez. Largas filas en distintos puntos del AMBA se forman detrás de excéntricos dispositivos denominados “orbs”, creados por la empresa Worldcoin para escanear el iris de las personas. A cambio, los voluntarios perciben una suma de su criptomoneda que pueden preservar o canjear por dinero. El monto en pesos varía de acuerdo a cada caso y, por ejemplo, en Buenos Aires, alcanza los $80 mil; mientras que, en Salta, va de los $15 mil a los $25 mil.

Se estima que hasta fines de mayo, unas 800 personas pasaron por las improvisadas oficinas de Worldcoin emplazadas en Vaqueros, donde funciona un predio de fútbol privado. Los testimonios recogidos por medios locales y aquellos plasmados en la TV nacional tienen algo en común: quienes acuden a exponer su retina reconocen no saber muy bien de qué se trata el proyecto de la empresa, mucho menos las implicancias de entregar sus datos biométricos. Siendo puntillosos, se podría arriesgar que casi ninguno exhibe interés por las criptomonedas, ni siquiera por las inversiones en general. La mayoría, según manifiestan, concurre por necesidad y convierte sus criptoactivos a pesos en la primera oportunidad que se presenta.

En Vaqueros, la empresa obtuvo un permiso municipal provisorio que motivó intervenciones y pedidos de informe por parte del concejo deliberante. En una misiva dirigida a la asesora letrada del municipio, el cuerpo exigió la revocación del permiso hasta tanto se expida la fiscalía de delitos cibernéticos. La unidad a cargo de Sofía Cornejo respondió la solicitud argumentando: “los avances tecnológicos se producen a tal velocidad que resulta imposible que las leyes y regulaciones sobre estas cuestiones lleguen a tiempo”. Por tal motivo, entiende la fiscalía, “nada prohíbe estos escaneos”, ya que “no están tipificados en el código penal como un hecho delictivo”.

Conviene aclarar en este punto, que en otros rincones del país y del mundo la justicia sí encontró motivos para poner un freno a las actividades de Worldcoin. Pero en ningún caso tuvieron que ver con los llamados ciberdelitos. Las irregularidades asociadas al accionar de la megaempresa más bien podrían investigarse como delitos económicos clásicos, en los que el “avance tecnológico” es apenas un elemento más de marketing. Viejas prácticas, con lenguaje novedoso.

Criptoclientelismo

Desde el Centro de Jubilados de Vaqueros se mostraron muy agradecidos en redes sociales con el representante de Worldcoin en el municipio. Se trata de Alejandro Dionisio Uballes Chacon Dorr, a cuyo nombre fue expedido el permiso provisorio de la municipalidad de Vaqueros. Uballes, según se desprende del posteo, tuvo el gran gesto de donar pollos y mercadería a la institución.

En el documento municipal también se constata el pago de $1.000.000 a la comuna para el desarrollo de la actividad económica. Como en todo el mundo, los operadores locales de Worldcoin deben afrontar estos costos por su cuenta, ya que la firma los considera contratistas independientes.

Uballes Chacón Dorr fue empleado municipal de San Isidro y en los registros de AFIP figura como radicado en Grand Bourg, Buenos Aires. Acciones presuntamente benéficas, como las del centro de jubilados de Vaqueros, se repiten en distintas partes del país y tienen a los operadores de Worldcoin como protagonistas. Esto es así debido a la modalidad empleada por la empresa para llegar a la mayor cantidad de individuos escaneados en el mundo: el pago por comisiones. Cada operador cobra de acuerdo a la cantidad de personas que logre parar frente a los “orbs”.

En Mendoza, una empleada municipal logró escanear el iris de una buena cantidad de alumnos de un colegio privado en lo que se suponía era una capacitación sobre IA. En la provincia de Buenos Aires se registró un enfrentamiento entre operadores por la ocupación de un espacio, como si de manteros se tratara. En Kenia se denunciaron sobornos a las autoridades para obtener los permisos para operar en la vía pública. Finalmente, la captación de grandes grupos de potenciales voluntarios se torna un objetivo a alcanzar por cualquier medio, como la conformación de los clásicos esquemas ponzi.

Los operadores de Worldcoin son contratistas independientes, no empleados de la empresa. Se someten a un proceso de selección y aprobación por parte del equipo y no tienen contrato laboral ni garantía de remuneración. Carecen de seguridad laboral mínima y Worldcoin no se hace responsable de las posibles consecuencias del incumplimiento de las leyes locales por parte de los operadores.

¿Pero en qué relato se sustenta el afán por crear un sistema global de certificación digital? Sam Altman, creador de Worldcoin y CEO de OpenAI (ChatGPT), sostiene que, ante el avance de la inteligencia artificial, es necesario crear sistemas de identificación humana más precisos y sofisticados que los actuales. Y es allí donde propone el escaneo del iris.

Pero la premisa, de por sí, es discutible. ¿Son realmente obsoletos los métodos actuales?, ¿son infalibles las identificaciones por patrón de iris?, ¿es inevitable que exista una certificación global basada en datos biométricos?, ¿es la fundación de Altman la institución más confiable para llevar a cabo ese cometido?

El ambicioso plan de Altman es presentado ante el mundo como un proyecto de filantropía, lo que resultaría creíble de no ser porque la empresa que desarrolla su criptomoeda está radicada en las Islas Caimán. Es allí donde entra en juego la promesa de una renta universal básica, sustentada en la plusvalía de la IA, que serviría para paliar los efectos de la misma en el mundo laboral y que alcanzaría a quienes estén dentro del proyecto. En otros términos, imaginar un negocio donde otros ven un derecho.

Antecedente bonaerense

En la provincia gobernada por Axel Kicillof la empresa fue imputada y podría enfrentar una multa de mil millones de pesos. La investigación es por presuntas cláusulas abusivas. Tras la intimación, la empresa no respondió satisfactoriamente y habría incurrido en contradicciones, como en el escaneo de datos biométricos de menores.

Las fiscalizaciones realizadas por la Provincia determinaron que la empresa no exhibe señalizaciones que indiquen que el requisito mínimo de edad para acceder al servicio es de 18 años, lo que implicaría el escaneo de datos personales de menores.

Los relevamientos también descubrieron contradicciones en lo informado por la empresa en cuanto al uso, resguardo y almacenamiento de los datos biométricos recolectados de rostros y ojos de usuarias y usuarios argentinos, información privada que, aparentemente, sería almacenada en Brasil.

Entre las diversas cláusulas abusivas detectadas, están las que habilitan a la empresa a interrumpir el servicio sin ningún tipo de reparación ni reembolso. Y también las que obligan a usuarios y usuarias a renunciar a reclamos colectivos y establecen que la normativa aplicable, para residentes en la Argentina, sean leyes extranjeras, en este caso, de las Islas Caimán.