La versión local del escándalo Verbitsky demora sus efectos, aunque todos coinciden en que el impacto es inevitable. La escasez de vacunas en la provincia no se resolverá en lo inmediato y la resistencia oficial a publicar las nóminas de inmunizados amenaza la credibilidad de la gestión Sáenz.

 

Pese a los esfuerzos de la reseteada cartera sanitaria nacional por atenuar los efectos del «vacuna-gate», la crisis política desatada no da señales de aminoramiento. Mientras la oposición aprovecha el vuelo, en las provincias siguen de cerca el proceso para atajar los perdigonazos del escándalo en ciernes.

La fórmula para medir la dimensión del estruendo político que puede desatarse en Salta no resulta para nada sofisticada. Las variables son básicamente dos: La jerarquía de los nombres implicados y el grado de escasez de dosis al momento de la inoculación irregular. Esto es, a mayor escasez de vacunas disponibles, mayor la gravedad del escándalo. A propósito, la disponibilidad del recurso en Salta es ciertamente limitado: el número de aplicaciones recibidas a la fecha representa el 1,1% de las necesarias para inmunizar a la población, mientras que en CABA ese porcentaje llega a 2,04%.

De allí que se avizoren fuertes debates en torno a los privilegios de la política en el plano provincial. Se ha utilizado la vacuna en un momento de escasez, donde las grandes potencias mundiales concentran la mayor cantidad de dosis y los planes de inmunización vienen atrasados en los países periféricos.

En dicho contexto, que se haya abierto una investigación por 50 dosis aplicadas de manera presuntamente irregular en el CIF, abre una ventana de claridad, aunque no satisface en absoluto las suspicacias de una sociedad que ha sido testigo de la impunidad de sus representantes. La comunicación oficial del Ministerio Público alega que aproximadamente hace un mes y dentro del ámbito del CIF, se habría dispuesto, sin conocimiento de la Procuración General; «la tramitación ante el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de 50 dosis de la vacuna rusa contra el SARS-CoV-2». Para Abel Cornejo «pudieron advertirse prima facie irregularidades en orden a la violación de distintas normativas vigentes, lo que justifica, por su gravedad y complejidad, la promoción de instancias disciplinarias internas, especialmente cuando es de dominio público que todavía, la cantidad de dosis disponibles a nivel internacional, nacional y provincial, resulta absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población”.

Días atrás, algunos trascendidos periodísticos hacían mención a la presencia de ambulancias en ciudad judicial que hacían sospechar que los miembros de la corte de justicia habían recibido de la rusa. Con el tiempo, las versiones se convirtieron en la certeza parcial de que, al menos los trabajadores del Cuerpo de Investigadores Fiscales, saltearon la fila para inmunizarse. A través de un tweet, el diputado macrista Martin Grande sugirió que la inconducta del personal y la posible vacunación irregular no pudo haberse concretado sin la venia del procurador general, a quien le adosó el mote de cobarde: «Parece que en Salta también hay vacunas VIP y el que comandó la vacunación furtiva fue el cobarde que escribe sobre nuestro héroe gaucho, adivina adivinador… quien es el cobarde vacunador», escribió el siempre poco ocurrente diputado.

El petardeo fue tal que los integrantes del máximo tribunal se vieron obligados a aclarar que no recibieron la vacuna y solicitaron la información al ministerio comandado por Esteban. «fue requerida oficialmente información al Ministerio de Salud Pública respecto a las vacunas que se hubieran enviado a la Ciudad Judicial y con qué destino, a fin de practicar las actuaciones que por ley correspondan», detallaron en un comunicado.

El asunto de la publicación de las listas de vacunación viene suscitando un debate en torno a los alcances de la ley N° 25.326 de protección de datos personales. La misma, en su artículo 2, cataloga como «sensibles» a los datos personales que revelen información referente a la salud o a la vida sexual de las personas. Sobre este punto se han expresado juristas y referentes políticos, aduciendo que la condición de persona inmunizada no es bajo ningún aspecto reveladora de una condición de salud, por lo que no deberían existir mayores obstáculos para la publicación de los datos. Una iniciativa similar evaluará en los próximos días la legislatura de Jujuy.

En el parlamento doméstico, en tanto, no sólo no hay intenciones de avanzar en la transparencia del plan de vacunación, sino que además se advierte cierto nerviosismo por lo que pueda llegar a revelarse. El pedido del legislador del Partido Obrero, Claudio del Pla, para que se dé a conocer la nómina completa de vacunados y otros aspectos del plan, fue gambeteado con todos los artilugios posibles. «Yo estoy totalmente de acuerdo con que se publiquen todos los listados. Yo soy un hombre que tiene 72 años y enfermedades preexistentes», se atajó el «indio» Manuel Santiago Godoy en una entrevista en la que fue consultado sobre el tema. «Lo importante es cumplir con los requisitos de la ley. El que quiera averiguar, a mí me parece muy bien», añadió respondiendo a lo publicado por este medio la semana pasada.

La preocupación, no obstante, no sería exclusividad de los confesos. Desde el oficialismo provincial hubo manifestaciones de repudio por lo bajo en relación al caso «indio», aunque no en tono de indignación. Al parecer, más de uno se estaría sintiendo segregado por los de su propia tropa y se alista a solicitar los mismos privilegios.

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