Sin temor a equivocarse, en estas dos semanas se producirá el éxodo de funcionarios al exterior. No es para gestionar nada. Solamente van a gastar la plata en vacaciones. Sin embargo, también hay muchos de ellos que siempre estuvieron vacacionando en la propia Ciudad de Salta.
La motosierra de Milei ha comenzado a trasegar todo lo que prometieron en campaña y apenas disimularon en el tramo final. Están diseñando una reestructuración en contra de la inercia kirchnerista que predominó durante los últimos veinte años, aunque esto no quiere decir que no aplican viejas recetas que alguna vez hicieron fracasar a Celestino Rodrigo y a Martínez de Hoz en la década del 70.
Lo que hoy resulta evidente es que casi todos los argentinos pagarán el superajuste, a excepción de lo que parece ocurrir en la siempre retraída Salta. Aquí es en donde se advierte que no cambiarán mucho las cosas y que se preservarán acuerdos políticos. Tal vez el problema de esta lógica pretensión política es que necesita financiamiento y, como está de moda decir: NO HAY PLATA.
No existen en estos lares corridas de funcionarios preocupados sino, por el contrario, casi todos fueron ratificados. La pechadera exigiendo juramentos solamente se explica en la necesidad íntima de muchos de ellos de que se les garantizara el cobro de sueldos antes de salir de vacaciones. Desde Pablo Outes y Pamela Caletti y algunos ministros -que parten sin ponerse colorados al exterior en medio de que se remiten paquetes de leyes relevantes para que las trate el Congreso Nacional- hasta los ordenanzas del Centro Cívico Grand Bourg dicen que se ganaron un descanso y tal vez sea cierto. De lo que no existen dudas es de que no sienten miedo de que alguien los detenga en su aventura veraniega.
Otra certidumbre la da el código político de Gustavo Sáenz que, contra algunos tibios consejos, se decidió por ratificar los cambios en Desarrollo Social y en Educación, a la vez que empoderó a Sergio Camacho agregándole las áreas que tenía la Coordinación que comandaba el ya diputado Outes. Al resto los consolidó en sus ministerios y en los cargos inferiores y con ellos afrontará un segundo mandato difícil. Sabe el Gobernador que nació el primer mandato con la crisis sanitaria del norte y después con la pandemia. Que le van a hablar de crisis!!!!!
Ni lerdos ni perezosos los propios interesados buscan informar a sus amigos de Facebook que siguen siendo importantes y circulan fotografías con breves crónicas donde dejan en claro que se quedan por otros cuatro años. Lo que no advierten es que en las distintas ceremonias a las que asisten nadie los aplaude ni les reconoce mérito y que solamente unos pocos descollaron en algo. Las fotos grupales de los juramentos son un atentado a la razón. Es esta otra de las curiosas formas en que se abona en el escenario ciudadano una disconformidad creciente.
Todas las áreas se verán afectadas por las políticas avasallantes del Presidente Libertario. Esta semana Patricia Bullrich presentó su protocolo antipiquete y obliga a que Salta complemente las acciones que llevarán a cabo las fuerzas nacionales en las rutas locales, especialmente las del norte. El Ministro de Seguridad y Justicia seguramente deberá interrumpir sus siestas en el Hotel Sheraton y mudarse al departamento San Martín durante todo el verano que no solo tendrá altas temperaturas por la Corriente Niño, sino también por las subas de precios y amenazas de pérdidas de fuentes de trabajo que los obligan a protestar de la única manera que conocen. Marcelo Dominguez debe avisorar una suba de delitos sociales cometidos por simples ciudadanos que, ante las carencias acuciantes, buscarán quitarle al vecino lo que puedan. Las estadísticas no mienten cuando afirman que a más pobreza hay más robos. En las líneas medianas y bajas de su cartera y de la policía se evidencian fisuras importantes que deben corregirse para ser más eficientes. Por supuesto que también habrá que suprimir las siestas de algunos funcionarios que gustan de piletear en el Hotel Sheraton.
El adelgazamiento de la economía de las familias de clase media y baja trasladará al Estado todas las necesidades que no puedan satisfacer. El que iba a una clínica quizás ahora deba hacer colas en el hospital o centro de salud cercanos. El que enviaba a sus hijos a colegios privados ahora tendrá que matricularlos en las escuelas públicas. Esa migración ya debería ser contemplada por Federico Mangione y Cristina Fiore, al margen de que no cuentan con recursos suficientes para tener edificios y mobiliario en condiciones, ni medicamentos, útiles o vehículos. Los directores de hospitales solamente piden que las autoridades superiores los visiten y comprueben que hay realidades dolorosas que al menos deben ser reconocidas como reales.
El ataque de Milei también dirige sus misiles a los servicios públicos y se espera que en pocos días aprieten el acelerador para la quita de subsidios. La mayoría no deja de comprender la necesidad de que se suban las tarifas, pero exigen un buen servicio y esto está en deuda de hace rato, tanto en luz como en agua. Despreocupadamente Ignacio Jarsún es uno de los funcionarios que gana millones y gusta de pasar la mañana cafeteando el Avenida Belgrano y Junín sin que su cara mueva un músculo. Para él la crisis no existe y tampoco hace caso de las sospechas que lo persiguen. Edesa es otra de las empresas que, aunque es privada, ha comenzado a mostrar que tiene un servicio cada vez peor y que tiene que ser controlada.
Será el momento de suprimir el boleto estudiantil gratuito que implementó hace más de una década Juan Urtubey? Un boleto de 300 o 400 pesos, que se multiplica para los estudiantes que asisten a centros educativos o universitarios lejanos es un bombazo a la línea de flotación de un estudiante. Por supuesto que mientras la directiva nacional aparece como la principal responsable de un ajuste salvaje -aunque necesario según algunos- no debe perderse de vista que SAETA es una empresa totalmente deficitaria a la que se abrazaron ocho empresarios que hace años estaban quebrados y que, gracias a los subsidios de la Provincia, hoy son millonarios. Hasta cuando?
Hay que parar con los excesos en muchas áreas. Un aspecto del problema es el nulo funcionamiento de la Auditoría General de la Provincia, como también la leve incidencia de la Sindicatura, a la hora de prevenir que intendentes municipales metan el dedo en la caja pública. Es que nadie tiene miedo a ir preso. Durante la era romerista, en 12 años solamente fueron detenidos por poco tiempo Alberto Cabana, intendente de General Güemes; Sergio Ramos, Intendente de Rosario de Lerma y Carmelo Di Pietro, a cargo del área deportes.
Durante los tres mandatos de Urtubey nadie fue preso. Por el contrario, el más grosero robo a las arcas públicas lo representó el Fondo de Reparación Histórica, seguido por el Fondo del Bicentenario. Es más, muchos crímenes como el de “Las Francesas”, fueron encubiertos. En este período no solamente se vio la falta de trabajo de los organismos de control, sino una colaboración alevosa de la justicia de Salta. En los cuatro años de Gustavo Sáenz, poco ha cambiado porque heredó, y también ratificó funcionarios en esas áreas tan delicadas.
Un nuevo mandato para los ministros de la Corte de Justicia o los auditores provinciales les asegurará una jubilación con montos privilegiados por haber contribuido a disimulos o encubrimientos más que a la justicia y al cuidado de los fondos públicos. Esto de solo considerar que los que residen en lo más alto de la justicia jurarán por diez años y los de la Auditoría por ocho. Son los mismos que llegan después de las 9 de la mañana -alguno lo hace más tarde todavía- y que cobran sueldos de cinco millones porque al recibo normal le suman muchas otras responsabilidades.
Así las cosas, el ajuste en Salta no tiene fecha cierta. A excepción de Emiliano Durand, el intendente capitalino que exageró con la idea de que todos sus funcionarios vayan caminando o en bicicleta a cumplir con sus tareas, el resto de la planta provincial sigue convencida que nada pasará y que deben gozar de unas merecidas vacaciones.
