Las palabras pertenecen a Claudia, la mujer que transportó cocaína para pagar la quimioterapia de su hijo y terminó presa. “Donde estuve presa en Salta, algunas mujeres decían que era la segunda vez que las detenían por lo mismo. Varias eran bolivianas”, señaló.
¿Quién le creería que lo único que quería y le importaba en el mundo era conseguir dinero para pagar la quimioterapia de su hijo de 13 años? Nadie. O casi nadie. “Una por sus hijos hace todo. Yo lo hice porque necesitaba el dinero, y me ofrecían 700 dólares ¿Usted sabe lo que es la desesperación?”, pregunta Claudia en una nota publicada en Pagina 12.
La resolución de la Cámara Federal de Salta de hace menos de un mes (tiene fecha 10 de octubre) decía, para confirmar el procesamiento y detención de Claudia por el delito de transporte de estupefacientes (con penas de 4 a 15 años de prisión), que “el mal que supuestamente quería evitar” cometiendo un delito “sólo se apoya en sus propios dichos y en los certificados médicos que en copia simple aportó la defensa, los que por sí solos no constituyen elementos probatorios suficientes”.
Para el tribunal, no estaba demostrado que la mujer “no tuviera otra opción que incurrir en un delito para salvar otro bien jurídico prevalente”, la vida de su hijo. Como broche los jueces señalaron: “no resulta creíble que una persona que supuestamente se encuentra coaccionada por la situación económica y la necesidad de afrontar los gastos de la enfermedad de un hijo y que la llevaron a incurrir en un delito, tenga sus condiciones mentales y espirituales para establecer y coordinar un viaje de esas características”. Agregaban que pudieron constatar que Fernando estaba al cuidado de su abuela y que tres hermanos de Claudia tenían trabajo como ladrilleros y mototaxistas, lo que les parecía suficiente.
Luego que su historia se hiciera pública a nivel nacional, la situación procesal para ella cambió.
En el penal de Güemes (que es el complejo penitenciario Federal III), Claudia conoció a muchas mujeres detenidas por el mismo delito que ella. Las famosas “mulas”, como se las llama; algunas incluso portadoras de la droga en forma de cápsulas (ingeridas) dentro de su propio cuerpo. La violación a la ley 23.737 de estupefacientes es la principal causa de encarcelamiento de mujeres en todo el país. El 60 por ciento de toda la población femenina en cárceles federales está implicado en delitos de drogas, según datos de fines de 2016 de la Procuración Penitenciaria, y alrededor del 70 por ciento son mujeres procesadas sin sentencia. “El alojamiento de este grupo en particular estaba concentrado, principalmente, entre el Complejo Penitenciario Federal IV (Ezeiza) y Complejo Penitenciario Federal III (Salta)”. Se repite a lo largo de los años que esos dos establecimientos concentran algo más del 80 por ciento de las mujeres presas por drogas. La proporción suele ser: mitad argentinas y mitad extranjeras, pero en total 97 por ciento latinoamericanas. Aunque el número global muestra que sólo el 6 por ciento de los presos en Argentina son extranjeros, el Gobierno de Mauricio Macri ha hecho de su estigmatización una bandera política que –a lo Bolsonaro en Brasil– le resulta taquillera como excusa para endurecer las normas y alentar expulsiones, sin importar si los procedimientos están dentro de la legalidad (de hecho, el DNU para acelerar deportaciones fue declarado inconstitucional y hoy está en la Corte).
“Mujeres mulas, mujeres capsuleras”
Ver: https://cuartopodersalta.com.ar/cuerpos-que-importan-retrato-de-las-mujeres-capsuleras/
“Donde estuve presa en Salta, algunas mujeres decían que era la segunda vez que las detenían por lo mismo. Varias eran bolivianas. Como para mí era la primera vez, yo estaba muy asustada. Hablábamos entre nosotras, pero no hice amistad con ellas. Tampoco imaginé que iba a ser tanto el tiempo que pasaría en la cárcel, aunque el defensor me lo advirtió. Yo le pedía a él que por favor me ayude. Pero también le pedía a Dios que me hiciera el milagro de poder ver a mi hijo. Soy creyente y eso me ayudó”, cuenta Claudia. Su caso será bisagra posiblemente. Para ella fue un año eterno de encierro, pero su defensor oficial, Andrés Reynoso, señala que el promedio de tiempo de encarcelamiento en situaciones similares es de dos años, y no hay contemplación de circunstancias o contexto que valgan.
