Uruguay, que fue ejemplo del mundo en la gestión de la pandemia tiene hoy un sistema sanitario al borde del colapso.

Con 1200 muertes en abril, cada vez más cantidad de casos y un gobierno que sigue evitando tomar medidas duras contra la movilidad, la pandemia tardó, pero llegó a Uruguay.

Durante nueve meses, se mantuvo en unas cifras más que aceptables hasta el punto de ser mirado por el resto del mundo como una excepción, pero hoy es el quinto país con más muertos diarios por millón de habitantes. Además, lleva varios días como el país con mayor cantidad de casos nuevos por millón de habitantes en el mundo. Actualmente, acumula 149.430 casos positivos (31.302 activos) y 1.595 muertos, muy lejos de los 19.399 contagios (5.750 activos) y 181 fallecidos que registraba el 31 de diciembre de 2020.

Pese a esto, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aún pregona la llamada «libertad responsable», acompañada por tibias medidas como suspensión de clases presenciales -hasta el 3 de mayo- o el cierre de gimnasios y tiendas libres de impuestos en la frontera con Brasil.

Cuando la tendencia de contagios diarios comenzó a elevarse, entre febrero y marzo, Lacalle Pou anunció medidas establecidas hasta el 12 de abril, que se extendieron hasta el 30. Pero es claro que esas medidas no dieron el resultado esperado.

Las consecuencias económicas y laborales ya se conocen, pero si esta situación no se controla, pueden ser más grandes las consecuencias, es lo que dicen algunos dirigentes políticos de la Banda Oriental.

Por su parte, los sectores de izquierda aseguran que la situación actual es «dramática y crítica» y solo ha empeorado desde las medidas anunciadas.  Es decir que la decisión de no tomar medidas sanitarias obedece a que cualquier medida de regulación más dura de la movilidad requiere disponer de recursos económicos y este Gobierno ha decidido que lo fiscal es prioritario respecto a lo sanitario.

Desde el Ejecutivo explican que el incremento de casos se debe a que la población no redujo su movilidad, como así también a la variante P1 desde Brasil. Aunque el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), aconsejó al Ejecutivo en su informe del 7 de febrero que era necesario restringir la movilidad para evitar los actuales niveles de circulación del virus. Frente a eso, el Ejecutivo decidió no prohibir la circulación, mantener comercios y bares abiertos hasta medianoche y escuelas cerradas.

La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), enfatiza que los CTI viven «la peor situación» desde que comenzó la pandemia, tanto en camas ocupadas como en recursos humanos, falta de fármacos, preocupación por el oxígeno, ocupación de camas que actualmente ronda el 77 por ciento y alto grado de estrés, fatiga o agotamiento del personal son solo algunas de las preocupaciones de quienes trabajan en la primera línea de fuego buscando salvar vidas.

Pese al incremento descontrolado, a que cerca de la mitad de los casos nuevos no tienen nexo epidemiológico y a que las muertes siguen aumentando, Uruguay tiene en su plan de vacunación la medida más eficaz.

Desde el 1 de marzo, cuando Uruguay inició su plan de vacunación, son 918118 quienes fueron inoculados con la primera dosis de Pfizer o Coronavac y 213773 con la segunda, lo que totaliza un 32,28% de la población. El objetivo del Gobierno de Lacalle Pou es alcanzar el 70% de vacunados para alcanzar el efecto rebaño. Lo cierto es que el deseo del gobierno de «blindar abril» no está logrando los efectos buscados. Los enfermos de COVID que siguen muriendo solos en camas de hospital cada vez son más y el país que dio ejemplo al mundo en 2020 hoy no encuentra el rumbo.