Cada artículo del decreto que el martes congeló los gastos de la administración pública aparece como un esfuerzo gigantesco del nuevo periodo “U” para combatir el desgobierno y el derroche que el propio Gobernador promovió -o toleró- hasta hace un mes. (Daniel Avalos)
El decreto firmado el martes 21 de noviembre y difundido por las redes sociales un día después representó en los hechos una queja de Juan Manuel Urtubey contra sí mismo. Se trata de 4 fojas con 7 artículos aunque lo central de la queja aparece en los 19 incisos del artículo primero. Uno que lejos de anunciar un venturoso futuro provincial se erige como un grito de condena para el presente de la administración pública provincial.
Lo curioso del caso es que el documento fue impulsado por el mismo gobernador que así parece haber experimentado eso que los católicos denominan La Gracia: una misteriosa revolución espiritual por medio de la cual – en este caso – alguien abandona un estado de confusión, desgobierno y derroche para terminar abrazando la claridad, el buen gobierno y la austeridad. Cada uno de los incisos en cuestión busca redimir al gobierno de los pecados que el propio Grand Bourg cometió. Los ejemplos son tantos y tan evidentes que conviene seleccionar a aquellos que se distinguen sobre el resto.
El pecado de querer concentrar para los allegados del gobierno los cargos del Estado, por ejemplo, pretende expiarse en el decreto 1.603 con el inciso b) del artículo 1º. Ese que exige a los ministros a ejecutar hasta el 15 de diciembre un plan de modernización y adecuación de las estructuras organizativas que reduzca en un 20% los cargos que no incluyan a los agentes permanentes y temporarios.
Tiene sentido. Como Cuarto Poder lo viene denunciando desde marzo del año 2016: había 14 ministerios mientras provincias como Tucumán tienen 7; además de ellos había 4 funcionarios que sin ser ministros cobraban como tal; sin olvidar que aun cuando formalmente el número de secretarias eran 55, la cantidad de funcionarios que cobraban como tales eran 122; mientras el número de subsecretarios formales de Estado llegaba a 46 pero quienes cobraban como tal eran 69. Hay más: el estado provincial contaba con 99 direcciones generales pero eran 193 las personas que cobraban como tales y a ellos se sumaban otros 239 funcionarios que cobraban como directores aunque en el organigrama oficial sólo aparecen 31 direcciones. A todos ellos se les sumaba, entre otros, una larga lista de 139 cargos políticos que yendo desde el nivel 1 al 5 embuchaban buenos salarios.
La gula del aire
El pecado de la gula por los viajes también busca expiarse con el inciso c) y n). El primero suspende las comisiones de servicios a realizarse fuera del país o aquellas que realizándose dentro del mismo requieren de pasajes aéreos; mientras el segundo congela hasta diciembre del año 2018 los incrementos en las escalas de viáticos vigentes. También tiene sentido en tanto enviar comisiones oficiales al exterior es una conducta que combinaba erogación de gastos y honda indignación ciudadana. Se trató de una práctica precoz de este gobierno que nunca se corrigió y dos ejemplos publicados por Cuarto Poder lo confirman.
Uno de ellos es la nota publicada el 30 de agosto de 2008 (nueves meses después de haber asumido Urtubey) que con el título “El cambio…de Ayres” mostraba más de 40 viajes al exterior sin contar los que realizaban el gobernador y el vicegobernador. Aunque sea tedioso trascribiremos aquí los números de decreto que autorizaban viajes a destinos bien impresionantes: 152/08 con destino a Madrid; 2047/08 con destino a Turín, Milan y Roma; 2783/08 con destino a Tokio; el 2968/08 con destino a Berlín; el 3139/08 con destino a la República Popular China; el 2976/08 con destino a san José de Costa Rica; 2920/08 con destino a Cali; el 2831/08 con destino a Paris y Madrid; el 2580/08 con destino a la ciudad de Atlanta en EEUU y luego a Londres en Inglaterra; el 2665/08 con destino a Perú; el 2129/08 con destino a Milán; el 2099/08 con destino al Reino de Marruecos; el 2221/08 con destino a Milán; el 1880/08 con destino a las ciudades de Nueva York, Chicago y Washington…
La cosa no terminaba allí. A diez meses de que Urtubey asumiera su segundo mandato Cuarto Poder retomó el ejercicio del 2008 y en una nota publicada el 20 de octubre del 2012 con el título “Por un millón de kilómetros baby” reprodujo el listado de 22 decretos que autorizaban comisiones al exterior que supusieron 600.000 kilómetros recorridos e involucraban a 76 funcionarios de distinta jerarquía a quienes, por supuesto, abonaban viáticos, transportes y gastos eventuales. Los decretos pueden rastrearse en el Boletín Oficial y fueron los siguientes: 234/12; 1075/12; 1631/12/; 1608/12; 1776/12; 2017/12, 2154/12; 2242/12; 2209/12/; 2627/12; 2631/12; 2634/12; 2682/12; 2811/12; 2836/12; 2909/12; 2911/12; 2913/12; 2915/12; 2936/12; 3084/12; 3106/12. Los mismos daban cuenta de cinco destinos europeos, tres norteamericanos, dos peruanos, tres brasileños, tres chilenos, uno colombiano, uno uruguayo, otro paraguayo y cuatro bolivianos.
La pereza
El pecado de la pereza gubernamental busca expiarse en parte con el inciso g) del decreto 1.603. El mismo instruye a los organismos estatales a remitir a la Secretaría de Trabajo un listado con la totalidad de los empleados en condiciones de obtener la jubilación, informar quiénes fueron intimados a iniciar los trámites aclarando que aquellos que habiendo sido intimados deben comenzar los trámites en un plazo de 20 días constituyendo una falta grave su incumplimiento.
El mandato busca romper con la perenne somnolencia de una gestión que en muchos casos parece estar ahí, como esperando que las cosas le estallen en la cara. Lo mismo ocurrió con el caso de los trámites jubilatorios que ahora el impulso ajustador pide acelerar para con los que ya llegaron a la edad y para los que no llegando a la misma quieran hacerlo, tal como a renglón seguido expresa el inciso h) que instruye a ejecutar de un plan de retiro voluntario para el personal de Planta Permanente de la Administración Pública.
La austeridad que se pregona de manera casi desesperada deslizó a los desesperados a eliminar gastos superfluos (inciso I) como el pago de comidas y/o refrigerios por el desempeño de funciones o tareas de extensión horaria; suspender (inciso O) la adquisición de bienes de uso con fondos provinciales; y hasta recuperar (inciso q) los equipos de telefonía móvil para redistribuirla entre los funcionarios sobrevivientes y aquellos otros que se sumen. El ímpetu por el ahorro es tal, que hasta los nuevos apóstoles de la austeridad se ilusionan con lograr lo que no van a lograr: negociar mejores alquileres de los inmuebles que hoy ocupan los organismos estatales.
Los apóstoles
Si Urtubey hace las veces del predicador de la edificante austeridad, los integrantes del nuevo gabinete hacen de apostales del mensaje. No porque anden en búsqueda de discípulos que a un apóstol que se precie de tal no le corresponden; pero sí dejando constancia con la rúbrica al decreto que la misión que encaran representará una especie de calvario personal que supone un congelamiento de sus salarios hasta el 31 de diciembre del año 2018 (inciso a); prescindir de ser necesario de las asesorías de consultores a los que también se le congelan los honorarios; privarse del uso desmesurado del parque automotor estatal que se anuncia será estrictamente monitoreado; y hasta auto imponerse sobre sus cabezas la obligación de hacer respetar el ahorro bajo pena de que los excesos sean descontados de sus salarios.
No habría que descartar que el cinturón de austeridad que los ministros dicen que se anudaron sea efectivamente respetado. Sobre todo si ponderamos que varios de ellos poseen ese perfil macrista de empresarios de bolsillos abultados que han concluido que su misión en la vida es incorporarse a la gestión pública para hacer del país y una provincia arcaica un ejemplo de progreso que, sin embargo, se consideran inescindibles del éxito de emprendimiento personal lo cual constituye el verdadero peligro para eso que se llama el bien común.
Los que deben estar menos optimistas son los trabajadores. Aquellos que leyendo el inciso L) descubren que la jerarquización se complica porque sólo es posible si el presupuesto que ellos no pincelan lo permite; o aquellos otros empelados precarizados que también están contemplados en el ya mencionado inciso c) que suspende incremento de honorarios para los contratos de servicio.
Ver qué ocurre con estos sectores será la tarea de los próximos meses. Porque aun siendo cierto que el mensaje de “esto o el caos” es siempre efectivo entre los que menos tienen y siendo aún más cierto que la pesadilla del desempleo es la que persigue con mayor tenacidad a los mismos; nunca se sabe a qué estrategias pueden recurrir aquellos que para sobrevivir precisan siempre un poco más.
