Expertos consideran urgente la creación de una OPEP del litio para regular la producción y comercialización del mineral que abunda en Salta, Catamarca y Jujuy. Una tonelada de litio cuesta 6 mil dólares, la fabricación de una batería requiere entre 7 y 15 kilos y el valor final de una batería entre los 10 mil y 20 mil dólares.
Así lo destacó el economista e investigador argentino, Julián Zícari, quien así recordó que la diferencia de precio entre la materia prima y la batería de litio es abismal lo que lleva a los presidentes de Argentina y Bolivia a preguntarse “¿Por qué no hacemos baterías acá?”.
La pregunta, sin embargo, es si los países del Triángulo del litio” (Argentina, Bolivia y Chile) podrán dar ese salto hacia la fabricación comercial de baterías. En ese marco, el portal región Norte Grande publicó un amplio informe que da cuenta del estado de las dificultades que existen hoy para responder positivamente la pregunta que requeriría una integración entre estos países que, sin embargo, tienen importantes diferencias de fondo respecto a cómo cada uno está encarando el mercado actual y futuro del litio como materia prima y como batería.
Por un lado, actualmente el interés de Chile es el de exportar la materia prima en su estado purificado (99,6% “grado batería”), buscando controlar el precio y el mercado, pues son el principal exportador del mundo de carbonato, (seguidos por la Argentina) y sin intenciones de realizar la batería, según detalla Bruno Fornillo, investigador y coordinador del Grupo de Trabajo en “Energía y desarrollo” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Por otra parte, Bolivia ha optado por mantener un férreo control sobre la mitad de las reservas mundiales de litio que posee, hasta lograr confeccionar la batería, y está investigando sus propios métodos de extraer el litio, con muchas dificultades como se ha podido ver a través de los medios de comunicación en estos años.
En este sentido, Argentina y Bolivia muestran perspectivas más ambiciosas sobre la industrialización, la tecnología y la agregación de valor que Chile, aunque no hay unanimidad en el vecino del sur. El presidente de la Cámara Minera de Salta, Facundo Huidobro, piensa que es mejor dejar de destinar tiempo y dinero a una meta que considera “casi imposible”, y conformarse con producir litio de manera internacionalmente competitiva, siguiendo el modelo liberal chileno de explotación: “Chile tiene más de 30 años de explotación en litio y nunca pensó en baterías”, dijo en 2011.
Sin embargo, hacer la “OPEP del litio” puede ser una necesidad regional más allá de las diferencias respecto a la industrialización o no del mineral, tal como vislumbró el año 2011 Rodolfo Tecchi, quien hasta hace poco era Director de la Agencia de Promoción Científica y Tecnología del Ministerio de Ciencia dela Nación de Argentina.
En mayo de 2014, autoridades argentinas y bolivianas se reunieron en nuestro país e hicieron un llamado a conformar un “G-10 de la energía”. En la ocasión, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, coincidió con la visión boliviana: “si tener el dominio de la energía es poder político, agruparse y encontrar sinergias es todavía tener más poder”.
Sabemos que Argentina, Bolivia y Chile concentran aproximadamente un el 55% de las reservas mundiales de litio, pero un 85% de las reservas en salmueras, que es la fuente más rentable para alcanzar el grado de pureza necesario para las baterías. Es por ello que se han generado las expectativas de que estos tres países conformen la “OPEP del litio”, lo que les permitiría adoptar políticas comunes de extracción y comercialización del litio, logrando incrementar la apropiación de importantes beneficios económicos.
Con este fin, el primer semestre de 2014, el Secretario de Minería de la Argentina, Jorge Mayoral, propuso la conformación de una organización de estas características que adoptaría el nombre de Organización de los Países Productores de Litio (OPPROLI). Pero hay diferencias en las legislaciones de los tres países que pueden dificultar este proceso de integración.
En Argentina se considera al litio como de interés público, “pero la legislación y las políticas de las provincias litíferas facilitan y promueven la instalación de grandes empresas transnacionales”, indica el economista y experto Ariel Slipak.
En el caso de Bolivia, en 1986 el Gobierno declaró al Salar de Uyuni reserva fiscal, dándole un carácter estratégico al litio. En 2006, el gobierno de Evo Morales presentó una estrategia para la explotación del litio en la cual el Estado debía dirigir tanto la extracción como la industrialización y comercialización.
En el caso de Chile, el mineral tiene carácter estratégico, “pero vinculado a una perspectiva de orientación más geoestratégica y militar, por su posible uso nuclear”, dice Slipak, por lo que en 1979 el litio adoptó el estatus de no concesible en aquel país. Sin embargo, las áreas en las cuales ya se habían otorgado concesiones previas sí son concesibles, y es por ello que operan actualmente las transnacionales SQM y la Sociedad Chilena del Litio, filial de Rockwood Lithium, que están en litigio con el estado chileno en la actualidad, justamente por cuestiones regulatorias.
Según una investigación de Slipak, estas transnacionales “llevan adelante una estrategia de venta de la tonelada de carbonato de litio por debajo del precio mundial, evitando así que salares de otras regiones del planeta inicien la producción”, considerada efectivamente como una estrategia de “dumping internacional”.
En resumen, “cada país toma decisiones políticas con respecto al litio” dice Slipak, “por lo cual mientras eso perdure no se podrá esperar la coordinación para políticas que tienden a empoderar a estos países de manera decisiva en el mercado mundial del litio”.
