El Centro de ex Combatientes pidió al Gobierno que avance en las negociaciones con el Reino Unido para identificar a los soldados enterrados en las islas. Inquietud por el expediente en el que se investigan torturas.

Algunas señales inquietan a los ex combatientes que impulsan las causas por delitos de lesa humanidad en las islas Malvinas. Por un lado, un silencio de radio de parte del gobierno nacional sobre las gestiones pendientes para que el gobierno británico habilite la exhumación de 123 cuerpos de NN en las islas, luego del trabajo emprendido por el gobierno en 2012 con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que pidió la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja y tienen recabados 81 muestras de familiares que esperan el cruce genético. El Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) presentó notas a Cancillería y al ministerio de Justicia para pedir información sobre una gestión que debería estar marcha. Y existe preocupación en el reclamo que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evalúa la revisión de la causa por crímenes de lesa humanidad en las islas: el gobierno de Mauricio Macri dejó vencer los plazos de respuesta pedidos por la Comisión.

“De las 237 tumbas emplazadas en el Cementerio de Darwin, 123 contienen la leyenda ‘soldado argentino sólo conocido por Dios’”, recordó Ernesto Alonso, del Cecim, durante el último encuentro de trabajo convocado por el Ministerio Público Fiscal, al dar cuenta del estado de situación de la causa por la identificación de los cuerpos de NN en Malvinas que todavía tiene pendiente el acuerdo con el gobierno británico. El Cecim es querellante y, en diálogo con este diario, Alonso explicó que desde la asunción del nuevo gobierno no tuvieron noticias sobre eventuales avances o retrocesos con los acuerdos. En ese contexto, el 28 de marzo presentaron una carta a Cancillería y al monisterio de Justicia en la que solicitan informes. “En virtud de lo expuesto –señala el reclamo–, y dado el cambio de autoridades operado a partir del cambio de Gobierno, creemos oportuno solicitar información relativa al estado de avance de las acciones, líneas, programas y/o políticas desarrolladas por el Ministerio a su cargo en torno a la cuestión planteada. Lo esbozado adquiere, a su vez, mayor peso específico a instancias de la sentencia del Magistrado Dr. Ercolini que reconoce el Derecho a la Verdad en cabeza de familiares, y por la que ordena al Poder Ejecutivo Nacional a desplegar toda la actividad a su alcance en el marco de las posibilidades a los efectos de llevar adelante la exhumación de los cuerpos”.

La causa por el derecho a la Verdad comenzó en 2011 con el patrocinio del abogado Alejo Ramos Padilla. Familiares y el Cecim presentaron un pedido para la devolución de la identidad y la historia de los ex combatientes. El hecho de que no se conozca la identidad de los muertos en Malvinas –dijeron entonces– “no es un hecho menor que puede quedar sin tutela efectiva por parte del Estado”. “Esta trágica circunstancia que sigue generando dolor en los familiares, los compañeros y en la sociedad tiene que ver” con “una guerra iniciada para poder continuar y mantener el régimen de facto que imperaba desde 1976, y que al regreso de los soldados combatientes, después del 14 de junio de 1982, impuso el silencio amenazando a todo aquel que en ese presente contara algo de lo sucedido”.

En diciembre de 2013, el juez Julián Ercolini les reconoció el derecho a la Verdad y ordenó al Estado argentino a realizar “todo lo que esté a su alcance para llevar adelante el proceso de identificación” de los cuerpos. En abril de 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández solicitó de modo estratégico la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja para abrir un camino de negociaciones con Gran Bretaña. Así se generó un protocolo de actuación a través del cual el estado argentino quedó comprometido a avanzar con la recolección de las pruebas genéticas para la identificación. Un equipo constituido por el EAAF y funcionarios de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Desarrollo Social tomó muestras de sangre a los familiares de los combatientes fallecidos con el objetivo de crear el “Banco de Sangre de Familiares de Combatientes argentinos fallecidos en el conflicto del Atlántico Sur inhumados sin identificación”.

En abril de 2014, Daniel Filmus –entonces secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas– explicó que la etapa de la recolección de ADN había concluido y que correspondía empezar el proceso técnico. En febrero de este año, Luis Fondebrider, del EAAF, recordó que ya habían entrevistado a 81 familias de soldados que no habían recuperado los cuerpos. Subrayó que con las entrevistas y la toma de muestras de sangre, el EAAF asumió un compromiso con las familias para lograr exhumar e identificar a sus seres queridos. “Se ha obtenido el consentimiento de las familias y ahora estamos a la espera de las conversaciones diplomáticas, es un proyecto totalmente humanitario que ya se ha hecho en otras partes del mundo”, explicó.

De acuerdo a los datos que pudo recabar este diario, hasta ahora esa es la última información oficial sobre el reclamo. El nuevo gobierno mantiene silencio completo sobre el tema, un dato que quienes vienen trabajando en la causa interpretan de distintas maneras. Hay quienes dicen que efectivamente hay una vía que se está moviendo, un dato que surge del hecho de que las nuevas autoridades pidieron silencio a algunos investigadores. Y este diario también pudo saber que se 4está trabajando en la carta que presentó el Cecim en Cancillería.

La posibilidad de un avance en el reclamo, sin embargo, no es extraño cuando el gobierno de Mauricio Macri promueve el ascenso de la canciller Susana Malcorra a la presidencia de Naciones Unidas. La agenda de derechos humanos de Argentina es una de las vidrieras internacionales más importantes, que a su vez sale a exhibir el nuevo gobierno. Sin embargo, no es todo lo que está sucediendo. El reclamo de los ex combatientes sobre las causas de Malvinas toca en realidad la cuestión de fondo sobre la posición argentina sobre las islas, las discusiones sobre la soberanía y, en este momento además, la especulación de un posible veto del Reino Unido a la candidatura de Malcorra.

Cuando el gobierno argentino cerró la etapa de recolección de muestras de ADN en abril de 2014, dirigió una carta al Reino Unido para empezar con el reconocimiento en el territorio. El Reino Unido pidió una propuesta formal para saber cómo iban a desarrollar la extracción de muestras que deben hacerse durante el verano por las bajas temperaturas en las islas y con análisis en laboratorios que no hay allí. En diálogo con este diario, Filmus explicó parte de ese proceso: “En ese momento -dice– le pedimos al EAAF que detallara una propuesta acerca de lo que haría falta para hacer el trabajo, que incluso pensábamos que podía hacerse a fines del año pasado. Entregamos la propuesta abiertos a que el Reino Unido hiciera una contra propuesta. Que presentara, por ejemplo, un proyecto eventualmente distinto, no hacerlo tal vez con el EAAF sino con otro equipo de la Cruz Roja pero lo que pedíamos era garantizar a los familiares la certeza acerca de la información que se les brindara. El Reino Unido contestó primero que la Cruz Roja no tenia nada que ver en el asunto y que arregláramos la cuestión directamente con los isleños. Esto empezó a dilatar la situación. Insistimos en que estábamos dispuestos a generar los mecanismos necesarios para no faltar el respeto con las demoras a las familias que habían dado el consentimiento para hacer las pruebas. Cruz Roja nos apoyó. Mandó una carta al Reino Unido apoyando la posición argentina. También explicó que Argentina había cumplido con su parte del compromiso y que ahora quedaba pendiente la voluntad del Reino Unido para avanzar. En medio de eso, viajó una comisión de isleños a la Cruz Roja para hablar sobre los detalles de la operación. A la semana siguiente viajé yo para interiorizarme de ese encuentro y ver cómo avanzar. Cruz Roja manifestó que todo estaba en manos del gobierno británico y que esperaba una respuesta que en realidad nunca llegó”.

Ese es el cuadro de situación a diciembre del año pasado. La pretensión británica de que Argentina haga un acuerdo directo con los isleños es una trampa porque implica al mismo tiempo, y por primera vez, reconocer el gobierno de los isleños. ¿Ese es el único camino para avanzar? No. Uno de los ejemplos que recuerdan quienes trabajaron en las relaciones diplomáticas es el viaje a las islas de los familias de los caídos que visitaron el cementerio luego de un un acuerdo con el Reino Unido y no con los isleños. Por otro lado, la constitución de Malvinas dice sobre las Relaciones Exteriores como la Defensa que son atribuciones delegadas al gobierno británico.

En este sentido, lo que suceda con quienes terminen articulando este acuerdo va a explicar si Argentina cayó o no cayó en la “trampa”. Que a la vez habla primordialmente de los reclamos de soberanía sobre las islas que están fuera de la agenda de este gobierno. Lo que sí creen quienes estuvieron detrás de estas gestiones es que el gobierno británico no avanzó hasta diciembre, y retrasó el acuerdo a dos años de obtenidas las muestras y a mas de 30 de la guerra para esperar el eventual cambio de gobierno. También suponen que todas estas negociaciones son trabajadas con mucha cautela por la Cancillería, que no quieren el veto del Reino Unido a la candidatura de Malcorra en la ONU.

“Muchas madres están muy viejas, y muchos familiares están esperando hace tiempo esto, y su avance aun en este contexto es importante porque habrá incluso otros familiares que se van a acercar a entregar las muestras que faltan”, señaló Filmus.

Fuente: Página 12