El «Turco Julián» sería uno de los primeros en beneficiarse con el fallo de la Corte del «2×1». En fuentes oficiales se afirmó que, por lo menos, ocho represores encarcelados se encuadran con el dictamen como para pedir su libertad.

Los ex represores que reúnen todos los requisitos para acogerse ya al fallo de la Corte sobre la aplicación de la llamada ley del «2×1» son en principio ocho, entre ellos el ex policía federal Julio Simón conocido con el nombre de guerra “el Turco Julián”, revelaron a Clarín fuentes judiciales.Otros tres no son tan tristemente célebres. Uno se llama «Claudio Vallejos» que está en la cárcel y otros dos «Gonzalez y Grosso que estarían en arresto domiciliario», según los legajos que circulan dentro del Gobierno. No se conoce el nombre de los otros cuatro. Se estima que sus causas judiciales podrían encajar con una primera interpretación del polémico fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton el miércoles pasado y con la disidencia de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Vallejos sería un ex miembro del grupo de tareas de la ESMA que participó del secuestro del pianista que acompañó a Vinicius de Moraes a la Argentina en el 76 llamado Francisco Cerqueira Juniors.

«El Turco Julián» actuó como represor y torturador en el centro clandestino de detención El Olimpo durante la dictadura y era una admirador del fascismo y el nazismo. En 2006 fue condenado por la justicia argentina a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, por lo que actualmente se encuentra detenido en la prisión de Marcos Paz. Pero tuvo una prisión preventiva entre 1994 y el 2001, el período en que estuvo vigente la llamada ley del «2×1» sancionada durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem para bajar la cantidad de presos en las cárceles.

En el Gobierno se están estudiando otros legajos de papel de represores encarcelados en ese período que aún no están informatizados y por eso se hace difícil determinar rápidamente si se encuadran en el fallo de la Corte. La fecha de «corte», se interpreta, es todos aquellos que tuvieron una prisión preventiva sin condena antes del 2004. Pero «no se espera una avalancha» de liberaciones.

Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 denegó ayer excarcelar al represor Héctor Giribone a través de los beneficios que otorga la derogada ley del «2×1», constituyéndose en el primer caso de rechazo luego de que la Corte Suprema que aplicara ese calculo en favor de otro represor.

Giribone es un ex jefe del área de Inteligencia de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo y apropiador del nieto recuperado 106, Pablo Gaona Miranda, condenado a 8 años de prisión por el robo y ocultamiento de identidad.

Los jueces Adriana Palliotti, Ángel Nardiello y Oscar Hergott emitieron distintos votos en los que resaltaron que los fallos de la Corte sienta jurisprudencia pero no generan obligaciones para los tribunales inferiores y que Giribone no estaba en condiciones de reclamar el «2×1».

Giribone permaneció detenido desde el 20 de setiembre de 2012 y fue condenado el 9 de setiembre de 2014 por lo que no estuvo en prisión preventiva los dos años «que resultan condición necesaria» para aplicar el cómputo de «2×1», sostuvieron los jueces.

A su vez, Juan Antonio Azic, apropiador de la actual diputada nacional de Libres del Sur Victoria Donda, y el obstetra de la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA, Jorge Magnacco, pidieron ayer la libertad condicional en base al cómputo procesal del «2×1», pero según las fuentes sus casos no encuadran perfectamente en el fallo y, por lo tanto, seguirían presos.

En tanto que una fiscal María Ángeles Ramos reclamó la inconstitucionalidad de este beneficio al rechazar la excarcelación de otro represor, el ex agente del Batallón 601 del Ejército Victor Gallo.

El ex prefecto Azic (76 años), quien también se apropió de Laura Ruiz Dameri, solicitó que se recalcule su pena a través de un recurso presentado por su abogado en los tribunales federales de Comodro Py. En 2012, Azic fue condenado a catorce años y medio de prisión por la apropiación de Donda en 2012; y dos años más tarde a 10 años por la apropiación de Dameri, en 2014. Por su parte, Magnacco hizo un planteo similar a través de su defensa oficial ante el Tribunal Oral Federal 5 que lo condenó a 15 años de prisión en un megajuicio por robo de bebés y ahora lo juzga en otro tramo de esa causa, explicaron fuentes judiciales.

Por su parte, el represor Alejandro Lazo, condenado a 10 años de prisión por torturar en 1976 a perseguidos políticos, entre ellos a la actual jueza sanjuanina Margarita Camus, pidió ayer ser liberado mediante el beneficio del 2×1, que la Corte Suprema aplicó esta semana por primera vez a un condenado por delitos de lesa humanidad: Luis Muiña.

En la petición formulada por la defensa de Victor Gallo, la fiscal María Ángeles Ramos ya se pronunció por rechazar el pedido y además pidió declarar inconstitucional la aplicación del beneficio del2x1.

«Voy a postular la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del art. 7 de la ley 24.390, en su modalidad ultractiva, por afectación al principio de proporcionalidad de las penas», sostuvo Ramos en el dictamen entregado al Tribunal.

La fiscal entendió que el caso de Gallo, condenado por la apropiación del nieto recuperado Francisco Madariaga y por otros delitos de lesa humanidad a una pena única de 25 años de prisión, es diferente al precedente «Bignone-Muiña», firmado por la Corte Suprema.

Mientras tanto, las distintas organizaciones de derechos humanos realizarán el miércoles próximo una concentración en Plaza de Mayo en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el cómputo del denominado «2×1» en favor de un condenado por delitos de lesa humanidad, y el jueves marcharán desde el Congreso a Plaza de Mayo, con el mismo propósito.

Fuente: Clarín