La nueva contratación del servicio de la basura se llevará 15.000 millones de pesos en diez años, más las actualizaciones que acostumbra conceder el poder político a título de incentivos. Bettina Romero ya puso el precio en los medios y avanza por sobre las pretensiones del Concejo Deliberante de controlar o incidir en una de las contrataciones que más sospechas despierta. Las manos de Mauricio Macri y Jorge Brito, dos socios de Juan Carlos Romero, ha comenzado a aparecer.

Por Lic. Leo Paredes

La recolección de residuos en la capital salteña no es solo nauseabunda por la naturaleza misma del desecho, sino porque desde siempre sus contratos de concesión concentraron las expectativas de funcionarios corruptos. Se dice que hasta los años noventa ningún alcalde de Salta podía resistirse a la tentación de contar con participación en una empresa de colectivos y en la recolectora de basura de turno. Y los antecedentes encuentran razón a esta versión.

Es tal la gravitación de los intereses de la basura en la gestión municipal que en su momento determinaron una intervención municipal con aprobación legislativa unánime. Precisamente, Agrotécnica Fueguina es un negocio montado tras la destitución de Juan Carlos Villamayor, el intendente que según una filmación -que se hizo pública hasta en medios nacionales- le habría pedido un porcentaje del 20% al fallecido empresario Carlos Visuara para habilitar una contratación millonaria de este servicio.

Apenas se deshicieron del intendente pedigüeño, en las gestiones del interventor Enrique Tanoni y del desaparecido Ennio Pontussi, se culminó una secuencia de contratación a favor de esta empresa  que se extendió hasta nuestros días. 

Sugestivamente, el expediente administrativo municipal de la basura circulaba por los despachos con la carátula que era eclipsada por un cartón inmenso que nombraba al Secretario Privado del entonces gobernador de la provincia, Angel Mariano Torres. Nadie desconocía que su palabra, en esa época, era el reflejo fidedigno de las órdenes de Juan Carlos Romero. Tampoco, que había sido el operador para la destitución de Villamayor y que era mencionado en las escuchas telefónicas que fundaron la acusación en su contra.

No satisfechos con el precio, casi de inmediato se le reconocieron nuevos precios luego de que la entrante concesionaria invocara que en lugar de 7.500 cuadras tenían que pagarle por servir en más de 10.000. Atrás había quedado la discusión sobre si se trataba de un contrato con sistema de ajuste alzado –ciudad completa que no admitía ninguna variación en el precio- o si era relativo. 

En ese tiempo el Tribunal de Cuentas Municipal que integraban Luis Orce (PJ), Martín Pérez Estrada (PRS) y Sergio Pantoja (UCR) coincidió con los intereses y la postura de la empresa que también era patrocinada por un ex abogado de la comuna, echado por Villamayor, que ponía en la vidriera de la gestión legal a su esposa María Elena González Diez. 

El entonces Procurador General de la Municipalidad era el abogado Néstor Michel David que dijo desconocer que se tramitaban dos expedientes paralelos. Mientras tanto, el Secretario de Medio Ambiente avanzó con un insólito reconocimiento de 1000 cuadras a cuenta, sin tener la representación legal del Municipio y sin que el Intendente ni el Concejo Deliberante se hubieran expedido. José Vilariño quien condicionó al resto de antemano, pero nadie le reprochó el exceso, como si hubieran estado de acuerdo para incrementar el precio en más de $5.000.000 de entonces. 

Una denuncia penal durmió el sueño de los justos en las manos del ex Juez Luis Agüero Molina y de quienes luego evitaron que el expediente les provocara incomodidades hasta que se apagó la posibilidad de seguir investigando. Los corruptos normalmente logran la exculpación con el paso del tiempo y apoyados en la pasividad de magistrados timoratos.

Esa transversalidad política e institucional habla de coincidencias gobernadas por expectativas dinerarias, por sobre seguridades jurídicas o defensa genuina de los intereses municipales. En el barro, estuvieron todos manoseados y este cambalache se reprodujo los años siguientes.

LA ERA RENOVADORA DEL ISISMO

En el 2007 el servicio fue nuevamente concesionado a Agrotécnica Fueguina. Esta vez el isismo, quizás la expresión más corrupta de los últimos tiempos, fue el que dirigió el proceso de renovación. 

Este período se caracterizó por la encomienda a la empresa de rubros que nunca se cumplieron plenamente pero que permitieron regular la ecuación económica para ceder algunos millones a favor de quienes pactaron la vista gorda. 

Según el contrato la empresa tiene a su cargo la recolección de residuos domiciliarios; la recolección diferenciada en los barrios asignados por la Municipalidad; barrido manual y mecánico; mantenimiento de espacios verdes; mantenimiento de imbornales; limpieza de algunos canales (Esteco, Constitución, Vidt, Chartas, Saavedra y Astigueta); mantenimiento de peatonales; la disposición final de residuos sólidos urbanos recolectados y también aquellos especiales autorizados.

Semejante amplitud de obligaciones no tuvo control por parte de los que se sucedieron en la Secretaría de Medio Ambiente. Agrotécnica Fueguina solamente se concentró en levantar la basura, pero mostró serias falencias en el resto del paquete. Claro que, cíclicamente, progresaban redeterminaciones de precios por cifras millonarias a las que nadie les puso la lupa. 

La estrategia en Salta para el 2015 fue la demora en la confección del pliego licitatorio y la concentración de las negociaciones en la prórroga de cuatro años que se había previsto una década atrás. Miguel Isa se fue de la Intendencia asegurando una continuidad que habla casi de una sociedad con una empresa curtida en la componenda política.

Cuando llegó la gestión Sáenz, el romerismo solamente pidió ubicar a Federico Casas en la estratégica Secretaría de Medio Ambiente. La extensión por cuatro años estuvo cantada y se garantizó no investigar ningún incumplimiento a pesar de polémicas como la desatada por la colocación de una membrana en el vertedero San Javier de costo millonario. 

Otros actores que consolidaron las relaciones municipales durante casi veinte años con esta empresa, evitando controles ambientales y contractuales rigurosos, son la actual concejal Susana Pontussi y Normando Zuñiga. De su boca no salió nunca un cuestionamiento a pesar de las continuas filtraciones de lixiviados a las napas freáticas y la contaminación del río Arenales, o los conflictos generados por la disposición final de residuos y los indigentes que se dedican al reciclado de basura.

EL REGRESO DEL ROMERISMO QUE NUNCA SE FUE.  

El regreso del romerismo a la intendencia, esta vez encabezado por Bettina, determina una nueva incursión económica que podría generar conflictos con la actual concesionaria. Desde el diario de la familia se han advertido el año pasado hostilidades que fueron marcando una estrategia que podía entenderse como presión hacia la concesionaria. En los últimos días las versiones hablan de un divorcio que determinó a la Intendenta a expulsar a Agrotécnica Fueguina para apropiarse de un servicio de ganancias millonarias. La abstinencia del romerismo durante el urtubeycismo trajo complicaciones financieras que ahora se revierten. Su gravitación económica se expresa en la geografía del gobierno provincial en donde se quedaron con el manejo de los juegos de azar y la obra pública, además del gobierno de la capital. 

Por motivos aún no dilucidados, los intereses del Departamento Ejecutivo parecen dirigirse ahora hacia La Plumada S.A. que tiene como mascarón de proa al ex Jefe de Gabinete urtubeycista Fernando Yarade, también edecán del banquero Jorge Brito. En los círculos íntimos del romerismo se habla de la necesidad de lavar la cara del prestador, ya contaminada de demasiadas sospechas, y de asegurar una participación mayor en los dividendos.

Cuarto Poder anticipó en diciembre de 2018 que existían 30 camiones recolectores de la basura 0km. escondidos en un depósito, a la espera de que se cumplían algunos designios trazados por el senador Juan Carlos Romero. La especulación se vinculaban con la pretensión de acaparar totalmente el negocio de la recolección de residuos en Salta, de la mano de Mauricio Macri. El grupo económico del ex Presidente tiene antecedentes con la empresa MANLIBA en Buenos Aires.

Las fluctuaciones de criterios son las que generaron demora para la confección de los pliegos de licitación del servicio que recién ingresaron la semana pasada en el Concejo Deliberante.

En contradicción con esta remisión, la alcaldesa Bettina y su alfil jurídico Daniel Nallar, desnudaron su intención de contratar por vía de la locación de servicios, sacrificando la modalidad contractual de la concesión a la que obliga la Carta Orgánica Municipal.

La pretensión no tiene nada de ingenua, porque elude controles, evita que el Concejo Deliberante apruebe los pliegos de la licitación y concentra casi toda la decisión en el Departamento Ejecutivo. Para explicar el cambio de posición el abogado administrativista se reunió con los concejales de la Comisión de Medio Ambiente el martes por la noche y les informó que “concesionar” sería un error que conduciría a la debacle municipal y que era necesario abrir la cabeza hacia otras formas contractuales que ya imperan en Europa. Con soberbia buscó el aval de los ediles y fracasó.

La iniciativa no prosperó por el momento. Los ediles se reunieron el miércoles y decidieron que debe concesionarse el servicio y ser controlado por el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas Municipal, como ha ocurrido en los últimos treinta años. 

Las diferencias que ya tiene el cuerpo con Bettina, más las formas desprolijas, impiden que haya consenso como en épocas anteriores.

En 21 años, el precio mensual del servicio pasó de $697.000 a $97.000.000. Ahora Bettina Romero habla de que propondrá un precio de $128.000.000 incluyendo nuevamente actividades que nunca se cumplirán ni controlarán. 

Las fórmulas del romerismo se repiten para justificar que la recolección de la basura se lleve más de un 15% del total del presupuesto municipal. En tiempos de crisis los negociados se advierten como más obscenos, aunque los ofrezcan y expliquen algunos “doctores”. Es este el “negocio” más importante, luego de otro asalto al erario público como lo fue, y es, el de la reposición de luminarias a favor de LUSAL que gestó Matías Huergo a base de aceite con la dirigencia política municipal. No hay formula de actualización, incluyendo tres devaluaciones, alta inflacionaria continua y expansión territorial de la cobertura, que justifiquen semejante incremento, salvo la corrupción.

EN OTRAS PROVINCIAS, CON LA MISMA SOSPECHA.

En otros ámbitos los problemas de esta empresa se reproducen con un hilo conductor que habilita las sospechas sobre la injerencia perniciosa de la política y posibles fraudes.

En el 2008 seis funcionarios municipales de Río Grande (Provincia de Santa Cruz) fueron denunciados por fraude a la administración pública luego de una polémica adjudicación del servicio a favor de Agrotécnica Fueguina que derivó en el escándalo más notorio de la gestión del Intendente Jorge Martín. 

En la apertura de sobres se relegó a la empresa Medio Ambiente S.A. que había ofrecido un precio 33% inferior al de la ganadora, pero a quien le imputaron presentación tardía. Fueron sobreseídos en 2013, pero la perdidosa presentó una demanda civil millonaria.

En 2018 fue reemplazada en el Municipio de Río Grande por la empresa Santa Elena luego de 31 años de concesión. Según se ha difundido, fue sumando críticas por una prestación que se fue precarizando y no estuvo a la altura del permanente crecimiento de esa ciudad. La decisión fue resistida por el Sindicato de Camioneros que aparece comprometido en estas contrataciones. 

También en 2018 un concejal del PRO solicitó la rescisión del contrato que vincula a Agrotécnica Fueguina con la Municipalidad de Ushuaia, denunciando mala prestación del servicio y un manejo mafioso del Sindicato de Camioneros. Para esa época el contrato en ese municipio ascendía aproximadamente a 975 millones anuales.

En Lincoln y en Campana, provincia de Buenos Aires, Agrotécnica Fueguina es concesionaria del servicio con una curiosa vinculación con los titulares locales del Sindicato de Camioneros, Miguel Gauna y Ariel Díaz.

Con la excusa de su interés por el bienestar de los trabajadores no son pocos los distritos en los que los negociados de Hugo Moyano son compatibles con la basura y millonarios contratos, sobre todo en Provincia de Buenos Aires. La comisión directiva del gremio también incluye al Secretario General de la CGT y del Sindicato de Camioneros en Salta a Jorge Guaymás, otro defensor de la empresa con un crecimiento patrimonial exagerado y que tiene estrechas conexiones con el senador Juan Carlos Romero.

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