Habitantes de Rivadavia Banda Sur son acusados de perjudicar a una comunidad aborigen. Los denunciados aseguran estar ante una maniobra para quitarles tierras y señalan al intendente Leopoldo Cuenca. (Federico Anzardi)
El paraje La Estrella está ubicado en el Lote Fiscal 26, dentro de La Unión, en Rivadavia Banda Sur. Allí comenzó una disputa entre un grupo de familias y una comunidad aborigen de la zona. El conflicto se originó por las tierras de la zona.
La semana pasada, la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de Orán, Eugenia Fernández de Ulivarri, ordenó a Sabino Saban y a su familia a levantar el alambrado realizado en el Lote 26, que ocupa unas 180 hectáreas. Se determinó que debería despejarse el camino vecinal y permitir el libre tránsito de los miembros de la comunidad wichi “Misión Municipal”, de los niños que asisten a la escuela y los vecinos del lugar. También dispuso que los demandados se abstengan de realizar obras o construcciones en el inmueble, que es habitado también por la comunidad y tampoco podrán realizar actos que impliquen modificar el estado actual del lugar.
Vanesa Galván es nieta de Sabino Saban. Tiene 26 años y nació en los terrenos en disputa. Llegó a la redacción de Cuarto Poder con los papeles de la causa y aseguró que la realidad es otra. Expresó que su familia vive allí desde hace tres generaciones, que nunca impidieron el paso del camino vecinal y que alambraron la zona recientemente porque hay personas que intentan construir en el lugar.
Galván dice que en aproximadamente diez hectáreas del Lote 26 viven unas quince familias, la mayoría descendientes de Sabino Saban y sus nueve hermanos. Agrega que nunca habían tenido necesidad de alambrar, hasta este año. En febrero, vieron que se estaban construyendo viviendas dentro del terreno, por lo que decidieron marcar su territorio para mantener alejados a quienes intentaban instalarse allí, personas que aseguraban ser propietarios de las 180 hectáreas.
“Nuestro querido intendente, Leopoldo Cuenca, nos hizo una denuncia, a mi abuelo, diciendo que nosotros nos estábamos metiendo, que les estábamos robando la tierra a los aborígenes, que hemos golpeado a los aborígenes, que hemos corrido a mujeres y ancianos”, dice Galván. “Nunca vivió nadie. Si usted va al día de hoy, no ve a nadie. No existe un palo ni nada. Nunca vivieron. Nosotros, del barrio Municipal, que sí les pertenece a los aborígenes, estamos lejos”, agrega.
“De la mano de la jueza, en menos de tres meses nos quitaron el alambrado. Apelamos y la jueza dio no ha lugar a todo lo que apelamos. Tomó como prueba un censo que no tiene ningún sello, es una hoja de cuaderno. Aceptó esas pruebas cuando nosotros tenemos un montón de pruebas que certifican que hemos vivido ahí siempre”, dice y muestra la fotocopia del censo a la comunidad Misión Municipal de La Unión. Son unas pocas hojas escritas a mano, con birome, donde figuran los datos de los habitantes.
A fines de la semana pasada, el alambrado fue retirado por orden de la jueza Ulivarri. El sitio Radio Noticias informó que la orden tuvo que ser cumplida por una oficial de justicia de la ciudad, acompañada por varios efectivos, para evitar cualquier tipo de resistencia o impedimento. Agregó que la comisión judicial, además de cumplir con la orden dada, detectó que en la misma zona hay una laguna que está alambrada, hecho que también fue informado a la jueza.
“Nos sacaron el alambrado, fueron tres o cuatro móviles de la Policía que ella nos mandó desde Orán. Fue un despliegue como si fuésemos asesinos”, cuenta Galván.
La mujer dice que los habitantes damnificados por estas denuncias “son varios, pero la gente no se quiere meter porque estamos hablando del intendente. Y cuando el intendente no le gusta te saca la mano. No es la primera cosa que pasa con el intendente este”.
“Estamos desesperados porque no sabemos qué hacer. Nos quieren sacar lo que nos corresponde. No estamos pidiendo las 180 hectáreas. Hay 19 familias de criollos que viven en el Fiscal 26 y tienen alambre, pero a ellos no les sacan”, agrega.
La familia de Galván, al igual que los demás habitantes de esas 10 hectáreas, se dedican a la cría de animales: aves, vacunos, porcinos. También a la siembra. La mujer vive en la ciudad de Salta con su marido e hijos, ya que asegura que en la zona no hay empleos. También repite que en las tierras de su familia no vive ninguna comunidad.
“Si usted se va y agarra el plano, la mensura, usted se va a fijar que por donde nosotros pasamos no hay ninguna familia. Pero ello pusieron que nosotros les estamos quitando las viviendas a 47 familias aborígenes y no hay nadie. No entiendo cómo ella (la jueza) mandó a hacer una inspección ocular y no ven que no existe, no hay nadie. No sé de qué familia me está hablando”, dice.
“En la denuncia también pusieron que mi abuelo, de más de 70 años, agredió a ancianos, mujeres embarazadas y mujeres con niños. Es todo mentira, no hubo ningún enfrentamiento. Lo único que pasó fue que nosotros pusimos los palos y los quemaban, cortaban el alambre y se lo llevaban. No hemos tocado a nadie”, agrega.
Respecto a la orden de permitir el libre tránsito, Galván dice que nunca lo impidieron. “Nosotros dejamos un portón para el camino vecinal”, expresa, y agrega: “Nosotros nunca habíamos alambrado, ellos pasaban. ¿Sabe por qué no alambrábamos? Porque el alambre no sale dos pesos. Es un sacrificio. Nos costó y muchísimo. Cuando vimos que empezaban a meterse, empezamos a alambrar. Acá todos tienen alambre, ¿por qué no podemos alambrar?”.
El 8 de junio será la primera audiencia del juicio, en Orán. Mientras tanto, Galván se pregunta por qué en un conflicto en los que se reclaman 180 hectáreas el intendente Cuenca no medió para llevar tranquilidad a las dos partes. “El ahora se esconde, se lava las manos, pero él lo denunció a mi abuelo”, expresa.
Antecedentes
Alguna vez, Cuarto Poder describió a Leopoldo Cuenca, intendente de Rivadavia Banda Sur, como la combinación letal de pobreza, ausencia de políticas para combatirla y desmesurada corrupción, ya que en su municipio acumula tierras, ostenta lujos y gobierna sin límites con la complicidad provincial mientras mueren niños por desnutrición.
En 2012, ediles, titulares de inmuebles rurales y puesteros criollos denunciaron que el jefe comunal se valía de acuerdos turbios, cesiones de derechos y actos posesorios para adueñarse de miles de hectáreas. Una de ellas ocurrió cuando un particular dijo ser dueño de la tierra en las que vivían campesinos y puesteros, quienes corrieron a pedir auxilio al intendente, que les ofreció cargar con los costos de las acciones judiciales que frenarían la pretensión del supuesto propietario a cambio del 70% de los terrenos que ocupaban. La extorsión le representó al intendente cerca de 36.000 hectáreas.
Al saltar la denuncia, Cuenca no se inmutó y aclaró las cosas: dijo que el acuerdo con los vecinos lo había hecho “como particular y no como intendente” y que nunca se podría haber quedado con el 70 por ciento de las tierras, sino con “el 50 o menos”.
