El espacio político Adelante, conformado en Salta por afiliados y simpatizantes de la Unión Cívica Radical, se refirió a la situación provincial.

Con la declamada intención de frenar los casos de coronavirus, el gobierno insiste con la estrategia del encierro y las restricciones; una fórmula que, según sus propios números, ya dio pobres resultados el año pasado y que representa además un problema mayúsculo para una economía ya deteriorada. El cuadro se ve agravado por una inflación insostenible, que las autoridades no logran frenar, a pesar de recurrir a estrategias que resultan tan autoritarias como ineficientes. Todo ocurre ante la insensibilidad de una clase dirigente que no acompaña el terrible esfuerzo de la sociedad.

El descaro no conoce límites: ante una realidad que cierra fábricas, pone candados a los sueños de toda una vida y deja en la calle a cientos de miles de argentinos, el presidente Alberto Fernández aseguró hace un tiempo que quienes piden una rebaja en los sueldos de los políticos son “hipócritas” y “demagogos”, y defendió la aplicación de nuevos impuestos. Una nueva grieta parece estar abriéndose en la Argentina, y hay que prestarle mucha atención: la que surge entre aquellos que no perciben remuneración alguna si no pueden abrir sus negocios o salir a la calle a ganarse el sustento y aquellos que tienen un salario asegurado, sobre todo uno estatal.

La tensión es agravada por políticos que insisten en que quienes buscan trabajar ponen en peligro a los demás. Nada más irresponsable e injusto. En este año y medio, los argentinos hemos sido testigos de un hecho inédito: gente escondiéndose para poder trabajar. Nunca en nuestra historia ocurrió atropello semejante. Nunca tampoco, en un gobierno democrático, se relegaron los derechos constitucionales a la categoría de simple declaración de intenciones sin obligatoriedad de cumplimiento. Quedan a discreción del gobierno derechos elementales consagrados en nuestra Carta Magna como el derecho a trabajar y ejercer industria lícita, entrar, permanecer, transitar y salir del país, profesar libremente un culto, enseñar y aprender.

Los índices de pobreza e indigencia son alarmantes, el saqueo impositivo a los que trabajan no tiene parangón, la inflación carcome los ingresos de millones que ya no encuentran horas para trabajar más, ni trabajo para desarrollar. Desde el escritorio, gobernantes mediocres cobrando jugosos sueldos, deciden sobre la vida y el futuro de cada argentino y tienen el descaro de alardear de un asistencialismo falso, solventado exclusivamente con emisión inflacionaria. Casi de la nada, ha surgido un poder nuevo sin sustento constitucional. Un poder que con ropaje técnico decide cuestiones políticas sin ninguna legitimidad democrática. Ante el silencio pasmoso de la mayor parte de los dirigentes políticos oficialistas y opositores y la resignación de la mayoría, hemos asistido a la aparición del COE, un órgano que no se limita a una necesaria función de asesoramiento, sino que decide quién cierra y quién abre, cuándo es lícito circular y cuándo no, si las plazas se habilitan o se clausuran, si se dan o no se dan clases. La realidad es que los representantes elegidos por el pueblo se escudan detrás de este órgano para desertar de sus obligaciones. Las emergencias –nadie niega que atravesamos una muy seria– exigen una mejor política, no la anulación de la política.

A la tragedia económica se suma la tragedia educativa. La falta de presencialidad del año pasado y la escasa presencialidad del presente suponen barreras muy difíciles de sortear para los niños y jóvenes, cuyo nivel de aprendizaje ha descendido enormemente a pesar del valioso esfuerzo de muchos docentes. El contacto entre alumnos y profesores es irremplazable para el aprendizaje, como lo es también la sociabilización que supone para cada alumno la presencia en la escuela junto a compañeros y docentes. Los estudiantes más carenciados son los más afectados por este cuadro. Ya se cumple un año y medio. Es hora de frenar la dinámica de deterioro de nuestra vida institucional y pérdida progresiva de nuestros derechos.

No podemos acostumbrarnos. La democracia, que debe ejercerse y defenderse, no es sólo votar en cada elección; es sobre todo un modo de vida basado en el respeto de la dignidad humana, de la libertad y de los derechos de todos y cada uno de los miembros de una comunidad.

Roque Rueda / Elio Daniel Rodríguez / María Eugenia Figueroa Castiella / Eduardo Antonelli