La improvisación del gobierno continúa quedando en evidencia. Dos meses después del trágico accidente del sobrino del gobernador, un camión atravesó el muro que, según el trazado original de la obra, debía ser derribado. Cuarto Poder lo advirtió hace más de dos años. (S.H.)

El jueves por la tarde, un camionero perdió el control de su vehículo cuando circulaba por la Avenida Fray José Puig Dengolas. El accidente fue precisamente al final de esa arteria, en el mismo lugar donde perdió la vida Bautista Urtubey, sobrino del gobernador, hace poco más de dos meses.

Al igual que el auto que conducía el joven Urtubey, el camión atravesó el muro de un aserradero que aparece casi de golpe, obligando a los conductores a doblar 90 grados. Un paredón riesgoso que no debería estar allí. Afortunadamente, el camionero sólo sufrió heridas leves.

El paredón forma parte de un problema mayor: el trazado de la circunvalación sureste, una historia anunciada y repetida a causa de una improvisación de 300 millones de pesos.

Dos años de advertencia

En la traza original de la autopista circunvalación sureste, el muro con el que colisionaron Bautista Urtubey y el camionero debía demolerse, pero el gobierno provincial suspendió esas obras. Esa improvisación le costó casi 50 millones de pesos a la Casa Rosada y más de 300 millones a la provincia. En octubre de 2012, Cuarto Poder aseguraba que el cambio de planes poseía dos características salientes: un despilfarro de dinero increíble y un trazado final de ruta con consecuencias imprevisibles en lo humano.

En 2009, Juan Manuel Urtubey decidió desmantelar un proyecto que se venía gestando desde mediados de los setenta. Se paralizaron las actuaciones, cuando Vialidad Nacional ya había invertido $48 millones 800 mil.

Hubo una reunión en la que el director de Vialidad Provincial, el Ingeniero Gerardo Villalba, comunicó que por orden del gobernador se paralizaban las actuaciones sobre el Barrio Floresta, dejando a merced de los ocupantes todas las demoliciones programadas que no se ejecutaron, y todos los terrenos en donde se habían efectuado limpieza. No hubo una explicación, ni un argumento. Simplemente fue una orden: destruir el trabajo de años.

Hasta ese momento, Vialidad Nacional había invertido $48 millones 800 mil en expropiaciones desde el peaje de Aunor hasta el parque industrial (muchos de esos terrenos expropiados hoy están nuevamente ocupados; incluso hay casas que estaban por ser demolidas que hoy tienen uno o dos pisos más). Se buscó una alternativa que evidenció que ni siquiera tenían un plan B cuando decidieron cancelar el A. Y el plan B, que surgió después, fue torpe. Entre todas esas ideas y vueltas, la provincia ya ha gastado más de  $320 millones. El desvío del camino original continúa con un giro forzado en una avenida y, unas cuadras después, en una calle. Los que vienen pasan de una autopista con 120 metros de ancho a una callecita, y esto perjudica mucho a los vecinos del lugar y afecta especialmente a los que manejan. Ya hubo dos accidentes notorios que lo demuestran.

Según empleados de Vialidad Nacional y Provincial, el cambio de planes obedeció a cálculos estrictamente electorales: evitar corte de calles, quema de gomas y reclamos iracundos de vecinos que empañaran la carrera electoral de 2011.