Un policía asesinó a su ex mujer con su arma reglamentaria. Ya suman 15 femicidios en Salta en lo que va del año. Además la violencia cotidiana contra la mujer sigue en aumento; según datos oficiales de la Oficina de Violencia Familiar (OVIF) hay un promedio de 43 denuncias diarias de mujeres. (Garrik)
El hecho ocurrió el jueves pasado, cuando la mujer descendía de un colectivo en el barrio Santa Lucía de nuestra ciudad. El hombre, ex pareja de la víctima, habría disparado tres veces a la mujer provocándole la muerte.
Un taxista que presenció el hecho lo siguió y observó como éste se ocultaba en cercanías al río Arenales, e inmediatamente llamó al 911. Cuando la policía arribó, familiares de la mujer asesinada estaban linchando al policía, que por estas horas ya se encuentra detenido.
Según se supo, el hombre es un efectivo de la fuerza policial de Tartagal, y habría usado el arma reglamentaria para el ataque, que aún no fue localizada. Además ya existían denuncias por violencia familiar en contra del efectivo.
La violencia contra las mujeres sigue en aumento. Con la muerte de esta mujer ya son 15 las víctimas de femicidio en nuestra provincia en lo que va del año y según datos oficiales de la Oficina de Violencia Familiar (OVIF) confirma un promedio de 43 denuncias diarias de mujeres.
Además, de acuerdo con las estadísticas de la justicia local, desde el mes de enero del 2013 hasta abril de este año, hubo 1,5 asesinatos de mujeres por razones de género. Lo que se torna aún más preocupante si tenemos en cuenta, que el año pasado nuestra provincia estuvo en el cuarto lugar del país con más víctimas fatales. Recordemos que, según la Asociación Civil la Casa del Encuentro de los 295 asesinatos sucedidos durante el 2013, la provincia de Buenos Aires se llevó el primer puesto con 89 femicidios, seguida por Córdoba (31), Santa Fe (28), Salta (16) y Chaco (16).
Estado de emergencia
El gobierno de la provincia decretó el estado de emergencia en el mes de septiembre debido al reclamo de distintas agrupaciones defensoras de los derechos de las mujeres, para visibilizar el problema y erradicar este flagelo.
El decreto pretende “erradicar este flagelo social” y dispuso crear juzgados de Violencia Familiar y de Género, un juzgado Fiscal Penal de Violencia de Género, hogares de protección temporal como instancias de tránsito y albergue de las mujeres víctimas de violencia de género e instalar botones antipánico en toda la provincia. Además prevé crear una red de contención social y sanitaria entre el Estado y organizaciones no gubernamentales y se promoverá la construcción de una cultura pacífica y libre, fortaleciendo las medidas preventivas de violencia de género.
Sin embargo, agrupaciones en defensa de las mujeres reclaman que se adopten medidas para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia conforme la “Convención de Belem do Pará”, y la ley nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y provincial 7.403 de protección de víctimas de la violencia familiar.
Asimismo pretenden encarar con el Ministerio de Educación programas de enseñanza para modificar la cultura machista, causante de esas situaciones. Toda vez que, por ejemplo, aun no se aplica la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral y no se conocen campañas masivas de prevención de la violencia, ni de erradicación de los patrones culturales que le dan origen, y esto permite la naturalización de la violencia, ya sea física, psicológica o sexual.
Asimismo buscan establecer brigadas comunitarias o barriales que intervengan en la denuncia, traslado, acompañamiento hasta el refugio o albergue. Trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones sociales, centros de salud, centros vecinales, escuelas entre otros. Asimismo que se brinden los servicios indispensables para proporcionar a las mujeres víctimas de violencia de género atención gratuita en las áreas psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica a mediano y largo plazo. Asegurar la continuidad escolar de los hijos/as de las víctimas.
Para que las víctimas de violencia de género se puedan reinsertar en la sociedad se solicitó que se le proporcione una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo, vital y móvil hasta tanto se reinserten laboralmente según cada situación. Y que se les garantice el ingreso a programas específicos de empleo y a ámbitos de formación laboral, el acceso real y efectivo a un empleo digno, el acceso real a una vivienda digna a las y que se establezca en todos los casos y aun en los registros que las autoridades públicas puedan implementar, la preservación y resguardo de la identidad de la víctima y la de sus hijos.
El problema
La violencia hacia las mujeres se basa en una relación desigual de poder, y se magnifica cuando se desarrolla en lo que conocemos como patriarcado, que es el sistema social de valores, creencias y costumbres en el que el hombre subordina a la mujer. En este sistema las relaciones de género son jerárquicas y desiguales, y es el que, lamentablemente, impera en nuestra región.
La agresión puede ser ejercida física, psicológica, sexual, económica y hasta simbólicamente. Este tipo de violencia la perpetra el grupo social dominante sobre el dominado sin hacer uso de la fuerza física, para imponer determinados valores, idiosincrasias y así condicionar las relaciones sociales. El grupo dominado usualmente desconoce o consiente esta imposición, por esto se dice que es la más peligrosa, ya que no siempre se percibe.
Este tipo de violencia se disemina como un virus, que si no es atacado a tiempo infecta a toda la sociedad y aparece en todos los ámbitos de nuestras vidas: en la escuela, en la familia, en el trabajo, etc. Y una de sus “vías de transmisión” más eficaces es la propaganda y los mensajes que se difunden en los medios masivos de comunicación, principalmente los audiovisuales.
A través de estos mensajes se suele difamar, injuriar, discriminar, humillar, y hasta promover, directa o indirectamente, la explotación de las mujeres, atentado contra la dignidad de las mismas. En todos estos casos se empieza a legitimar y a construir patrones socioculturales reproductores de la desigualdad lo que deriva en un ejercicio de poder agresivo hacia ellas.
