Hoy es el aniversario de la muerte de Perón y los gobernantes salteños de dudosa lealtad a las banderas del justicialismo reivindican al líder. Ninguno, sin embargo, parece protagonizar eso que Perón denominó “un buen gobierno”. Veamos. (D.A.)*
A 40 años de la muerte de Perón, una obra central del fundador del justicialismo – “La comunidad organizada” – puede servir para analizar si los gobiernos de Juan Manuel Urtubey, Gustavo Sáenz y el ex intendente Miguel Isa representan un buen gobierno o no. La respuesta se adivina: nada de lo que Perón pregonaba en 1949 parece caracterizar a esos gobiernos.
Recuperemos la definición de comunidad organizada difundida por el fundador del justicialismo: “…un gobierno, un estado y un pueblo que orgánicamente deben cumplir una misión común. Para que ello suceda, es menester primero establecer la misión, luego ordenarse adecuadamente para cumplirla”. Reconozcámoslo: Perón era de esos grandes dirigentes que, con una economía de palabras asombrosa, podía sintetizar a la perfección dos aspectos claves de la teoría política. El aspecto crítico filosófico que aporta una concepción sobre la naturaleza de los hombres y las sociedades que incluye, a su vez, la reflexión sobre qué tipo de sociedad es la deseable (la misión); y su aspecto políticos y de gestión que es el que arroja a los humanos a pensar sobre la múltiple variedad de pasos y movimientos a realizar para lograr la sociedad entendida como deseable.
Detengámonos ahora en lo segundo. Y de lo segundo concentrémonos en eso que generalmente se denomina la “gestión gubernamental”. Volvamos para ello otra vez a Perón y a su idea de comunidad organizada. Allí se puede leer que, para el fundador del justicialismo, el logro de la misión dependía de ciertas dimensiones que, aunque existen en Salta -gobierno, Estado y pueblo- deben poseer ciertas características que en las gestiones provinciales parecen no existir: “…el gobierno como el órgano de la concepción y planificación, y por eso es centralizado; al estado como organismo de ejecución, y por eso es descentralizado; y al pueblo como el elemento de acción, y para ello debe también estar organizado”.
He aquí, entonces, los puntos de referencia para constatar que aquello de lo que la opinión pública salteña habla es verosímil: los gobiernos salteños carecen de objetivos claros; el aparato estatal es incapaz de realizar adecuadamente tareas que garanticen resultados óptimos; y el pueblo padece valerosamente el descontrol resultante de esas carencias. Una aclaración se impone. Tiene que ver con lo que se ha reseñado al último: la apatía ciudadana que Perón explicaría como el resultado lógico de la no correspondencia entre los anhelos del pueblo y los objetivos perseguidos por quienes gobiernan. Debemos reconocer que en ese punto el actual gobernador, el intendente y quien fue intendente, podrían argumentar, con razón, que tal anemia de entusiasmo es parte de un fenómeno que trascienden a sus gobiernos y alcanza a muchos otros.
Lo incuestionable, en cambio, es que acá los gobiernos no aparecen como el órgano de la concepción y planificación de una misión, tal como se arrogaba el Perón de mediados del siglo XX y el kirchnerismo más acá en el tiempo. Y que esa carencia es menos universal que la crisis de representación que divorcia a los pueblos de los gobiernos y que, por ello mismo, el Estado salteño tampoco es percibido como el ejecutor eficaz de planes preconcebidos. La gestión del propio Urtubey es la que visibiliza de manera más brutal lo último. Dramas de alto impacto público desnudan que cada ministerio o secretaría reacciona espasmódicamente sólo cuando un problema les estalla en la cara. Que esa reacción está repleta de medidas desarticuladas que, intentando resolver una parte del todo, resuelve casi siempre mal lo parcial, sin resolver nunca el todo.
Ante ello, la preocupación de los funcionarios parece reducirse a una sola cosa: mantener el lugar que ocupa en la estructura del Estado en medio de evidentes internas en las que determinadas facciones o personalidades colaboran en activar una bomba que dañe a las facciones o personalidades adversarias.
Justamente allí, conviene retomar ese otro aspecto de los escritos de Perón que acá anunciamos, pero no hemos desarrollado: la misión colectiva que debe ordenar al gobierno y al Estado para cumplirla. La misión declarada por Perón para el justicialismo era la “felicidad del pueblo y la grandeza de la nación”. Trató de cumplirla corrigiendo las injusticias y las desigualdades que el modelo liberal de entonces generaba en el país. Para ello hizo intervenir decididamente al Estado en la economía, asegurando salarios altos, generando empresas estatales que absorbieran mano de obra y desarrollando un Estado Benefactor que contuviera a los sectores más vulnerados.
Un pasado del que ya casi nada queda en esta Salta porque personalidades como Urtubey consideraron “…que cada época precisa de su política particular para poder arribar a soluciones también propias de cada tiempo. En eso el peronismo se diferencia de las ideologías y de los partidos políticos de cuño ideológico” (J. M. Urtubey: Sembrando Progreso. Edic. Víctor Manuel Hanne. 1999, pág. 64).
Una interpretación “U” doblemente conveniente. Primero, porque la plasmó en ese libro de los 90, en el cual se atrevió a decir que Juan Carlos Romero era un “restaurador” y un “conductor” aun cuando hubiera enterrado las grandes líneas de orientación doctrinaria del peronismo. Y ahora, porque esa misma interpretación le permite seguir un modelo de sociedad que el mismo Romero había fundado y consolidado en sus doce años de gobierno: una ingeniería legal que promueve el saqueo de los recursos naturales cuyos beneficios se privatizan y concentran; una burocracia estatal repleta de cuadros políticos y técnicos formados en la gestión anterior; y valores que proclaman que el motor del desarrollo es el agente privado al cual no hay que incomodar con las artificiales normas de la política y del Estado.
He allí también otro de los rasgos sobresalientes de esta gestión: nadie se agrupa para sostener un principio o una doctrina. No importa si los funcionarios son conservadores, radicales, neoliberales, justicialistas, kirchneristas o lo que sea, porque lo único que aglutina es este o aquel personaje cuya idea rectora es administrar lo que entre 1995 y el 2007 se convirtió en proyecto: desmantelar el Estado, hacerlo funcionar al menor costo posible y garantizar el mayor beneficio a los agentes privados que, adueñándose de las empresas estatales de antaño, ahora lucran mercantilizando lo que alguna vez fue un derecho.
*El presente artículo es un extracto de otro que el autor publicara el 18 de septiembre del año 2012 como editorial del semanario. En aquella oportunidad el título original fue “Perón…referente maldito del urtubeicismo”.
