El Ministro de la Primera Infancia, Carlos Abeleira, trabaja en un plan cuyos ejes de trabajo, asegura, son el uso de tecnología para determinar carencias de sectores vulnerables, políticas que individualizan la asistencia y la ejecución de las mismas por actores que articulan al Estado y actores de la sociedad civil. (Daniel Avalos)
El ministerio de Carlos Abeleira resulta extraño para quienes han asociado administración pública con decenas de hombres y mujeres que trajinan expedientes abultados que luego descansan en desordenados escritorios. En el hall de entrada del Ministerio de la Primera Infancia, al menos el día martes 10 de marzo, lo que se observa es a catorce personas con la vista fija en igual cantidad de monitores. En el primer piso la escena se repite aunque con un número menor de personas y pantallas. En el despacho del ministro, la cosa no es diferente: notebooks y un gabinete numéricamente escaso (tres) que con el paso de los minutos deja en claro que sin información centralizada y procesada, cualquier plan de trabajo logra poco.
Cuarto Poder expone al gabinete lo paradójico del caso: un ministerio que reivindica la importancia de las estadísticas y editoriales de medios provinciales -y nacionales- que aseguran que la muerte de los niños salteños por desnutrición desnudó la carencia de estadísticas o la manipulación de las existentes para ocultar la problemática. Planteo del que incluso se hizo eco el Defensor del Pueblo de la Nación cuando, el 12 de febrero pasado, anunció el inicio de una investigación de oficio sobre los casos y remarcó que los datos necesarios para diseñar políticas que ayuden a resolver el problema de la desnutrición “no serían suficientes para promover la adopción de medidas útiles, tendientes a producir modificaciones de fondo”.
La respuesta de Abeleira ante el planteo se adivina ni bien el comentario se verbaliza: “este gobierno no oculta ni problemáticas ni estadísticas. Las estadísticas están. El censo 2010 nos dice que el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de un departamento como Rivadavia era del 49%; el censo del año 2001 indica que ese Índice era el 65%. También están los Anuarios Estadísticos de la provincia o los informes que producen los agentes sanitarios. Cualquiera está en su derecho de discutir si toda esa información está correctamente recabada y analizada, pero son datos que están y no se pueden esconder porque son públicos para cualquiera que está interesado en el tema con convicción y no por mera especulación electoral”. Hasta ahí, decíamos, la declaración no aporta nada nuevo a lo ya manifestado por otros funcionarios provinciales. Pero en la respuesta de Abeleira aparece un planteo particular cuando explica lo que pretende aportar a la gestión gubernamental en lo que a políticas sobre la primera infancia se refiere.
Saber para cambiar
Abeleira evita los rodeos y va al grano: para la problemática de la desnutrición, las estadísticas que dan una visión general de la situación de los salteños no alcanzan. “Necesitamos también otro tipo de información. Pasar de las estadísticas generales a aquellas otras que nos permitan individualizar los problemas para seguir bajando los índices de desnutrición. Los avances tecnológicos nos permiten ahora generar información de ese tipo que permite un mejor diseño de políticas públicas y una mejor aplicación de las mismas. Hasta ahora la tecnología se aplicó poco al diseño de políticas orientadas a los sectores vulnerables. Estamos trabajando en eso. En pocos días pondremos en marcha un método de relevamiento de información que permitirá asistir individualmente a la población en riesgo y esa misma información obligará a que funcionarios y otros actores de la sociedad civil además de involucrarse en el diseño y ejecución de las políticas lo hagan desde una lógica que yo llamo gobierno colaborativo”.
Diagnósticos precisos sobre la población con que se trabajara y políticas públicas fundadas en esos diagnósticos precisos. Así resume Abeleira la forma en que trabajara su ministerio mientras asegura que el mismo ya está en condiciones de desplegar ese método en varios puntos de la provincia. Cuando indagamos sobre las características de ese sistema que permite el nuevo tipo de información, el contador resalta: “Uno de los componentes más importantes dentro del Ministerio de la Primera Infancia es el desarrollo de una tecnología que nos permita obtener información confiable y actualizada sobre las personas y su situación. En resumen, la tecnología que estamos desarrollando servirá para captar, concentrar y analizar información en grandes volúmenes de datos y permitirá una mejor y más rápida toma de decisiones por parte del poder ejecutivo provincial”.
La recopilación de esa información está en manos del área de Tecnología del ministerio. Su secretario es Federico Celayeta e informa que su misión es centralizar toda la información pertinente a la primera infancia que cada ministerio de la provincia ya posee, y desarrollar el relevamiento del nuevo tipo de información que generara las condiciones para individualizar la asistencia. Con una notebook conectada a un monitor plano de varias pulgadas, ejemplifica lo segundo. La información que expone es sobre el municipio de Morillo, parte del departamento de Rivadavia en donde ya están trabajando: una lista de 500 nombres y apellidos de niños sobre los cuales clickean para acceder a distintas ventanas que informan la dirección donde viven, datos sobre los últimos controles sanitarios realizados que incluyen peso y altura, breve historia clínica, situación laboral y nivel de estudio de los padres, fotos de la vivienda que habitan y una geolocalización de la misma.
La información recabada es bastante impresionante para quien la presencia. Un relevamiento de 500 niños en un municipio que según el padrón electoral 2015 cuenta con 6.856 habitantes de 16 años o más, con la cual la población entre 0 y 10 años es muy inferior. El gabinete de Abeleira advierte la sorpresa de quien mira la pantalla y disimula un poco la satisfacción que sienten por ese sistema desarrollado por un equipo que invirtió mucho tiempo y recibió el apoyo decidido del Estado y la colaboración de distintas instituciones y actores. “Esto ya lo podemos poner en funcionamiento aunque todavía tengamos que hacer relevamientos en muchos otros lugares y sortear límites ajenos a nosotros, como la falta de conexión en distintos parajes. Pero a estos relevamientos los podemos hacer hasta con teléfonos móviles y el resultado es que con esta información, en lo que a diseño de políticas se refiere, podemos dar un paso más allá de lo que permitían las estadísticas generales. Porque cuando individualizamos un niño también podremos ver su realidad y la realidad de la familia que lo contiene. Sabremos si sus padres tienen trabajo, vivienda, el nivel educativo alcanzado, su estado de salud, etc. Ello posibilitará análisis e investigaciones que permitirán la elaboración de nuevas políticas públicas integrales”.
Lo de la investigación recae en Diego Cipris, el otro secretario ministerial que al ser consultado sobre su rol explica que cuando diagnostican los problemas del lugar, a él le corresponde coordinar equipos de investigación que indaguen sobre cómo desarrollar las respuestas a los problemas concretos. “Lo hacemos con organismos como las universidades, ONGs y actores públicos e individuales que hace años están en el lugar y a quienes básicamente les preguntamos cómo ayudar a resolver los problemas a partir de las condiciones del lugar, la experiencia de esos actores, las tradiciones culturales de los habitantes y el aporte del ministerio que además de asistir debe ayudar a generar las condiciones que garanticen el desarrollo del niño”. El objetivo, aseguran, no es otro que tender a políticas públicas integrales. “No es suficiente que un niño con desnutrición severa sea atendido en un hospital, porque en el hospital lo asisten y luego ese niño vuelve a un ambiente en donde los problemas que originaron su internación siguen existiendo. Por eso este tipo de información no sólo permite hacer un seguimiento de los niños, también dirigir con eficacia la asistencia y hasta políticas macros que vayan convirtiendo el hábitat de esos niños en un lugar más apto para su propio desarrollo. Porque nosotros pensamos en el futuro pero para eso tenemos que ocuparnos y concentrarnos en el presente”, enfatiza el propio Abeleira.
Digresión política
Los razonamientos son técnicamente sólidos, pero parten de una convicción debatible: que el avance del conocimiento resuelve los problemas cuando la realidad muestra que estos problemas, casi siempre, suelen ser hijos de intereses concretos que usan el conocimiento para someter o, por el contrario, se oponen al conocimiento si este amenaza esos intereses. Cuarto Poder lo ejemplifica con el caso de los intendentes. Y es que la mayoría de los municipios -sobre todos los más pobres- se han convertido en feudos de intendentes que hacen un uso casi delictivo de los recursos no por la existencia de patrones culturales distintos, sino por vicios propios de un tipo de política cuyo objeto no es otro que sofocar nuevas representaciones políticas en pos de intereses mezquinos y estrechos que se materializan en décadas de gobierno por parte de una misma persona.
Sobran botones de muestras al respecto, aunque acá convenga detenerse en uno de los municipios de donde provenían los niños muertos por desnutrición: Rivadavia Banda Sur. Allí, la Auditoria General de la provincia evaluó la gestión del intendente Leopoldo Cuenca que recibió la visita de los técnicos en el 2013 pero para evaluar cómo el mismo Cuenca manejó los recursos municipales en el primer semestre del 2011. Descubrieron 123 irregularidades que incluían nombramientos de familiares en cargos; contratación de asesorías legales y contables fantasmas; compras por $1.700.445 que no contaban con legajos ni expedientes que permitiera algún tipo de control; subsidios que el Municipio entrega a personas carentes de recursos con el dinero de la descentralización de la ayuda social pero sin registrar a los beneficiarios porque según los funcionarios ellos sabían quienes carecían de recursos y quiénes no. El informe concluía que en vista de las irregularidades que trascendían a una deficiente gestión, correspondía la aplicación de la normativa que busca proveer al Estado de herramientas que fundamenten la acción judicial que haga efectiva la responsabilidad civil de los funcionarios “ante la existencia de un perjuicio de significación para el Fisco”.
Que los casos como estos son muchos, no existen dudas: la mayoría de los informes de auditorías que se publican desde hace cuatro años y evalúan el periodo “U”, muestran irregulares manejos de los recursos. Nadie, sin embargo, ha sido investigado por ello. El hecho de que el interior provincial de la mano de los intendentes se convirtiera en territorio electoral clave para el Grand Bourg, explica en parte importante esa impunidad que es el resultado de acuerdos nunca explicitados y a los cuales se subordina intereses más trascendentes.
Gobierno colaborativo
El Ministro de la Primera Infancia y su gabinete escuchan en silencio argumentos de este tipo. Dicen poco al respecto, salvo resaltar la convicción de que herramientas tecnológicas como las mencionadas ayudarán a establecer prioridades y permitirán nuevos modelos de intervención estatal que incluyan la generación de nuevos paradigmas de gobierno. “Yo lo llamo gobierno colaborativo y se da cuando en temas específicos como estos, hay una participación protagónica del Estado y la sociedad civil en el diseño, la ejecución y el control de políticas públicas”. El esquema del que habla Abeleira se parece mucho a eso que los teóricos sociales denominan “gobernanza”, una lógica que rechazando la acción de una élite política – administrativa centralizada, busca adoptar formas de coordinación a distintos niveles y con muchos actores de manera tal que garantice no sólo legitimidad política a las políticas públicas, sino también gobernabilidad.
En ese marco, el Ministerio de la Primera Infancia reivindica y celebra los fuertes y evidentes vínculos con otros actores: UNSa; UNICEF; TECHO y sobre todo CONIN, la Fundación que combate la desnutrición infantil desde hace décadas y es dirigida por un hombre de prestigio internacional: Abel Albino. El pediatra no sólo participó de la asunción del propio Abeleira como ministro en diciembre pasado; también salió en defensa del gobierno salteño cuando este se convirtió en el blanco de las críticas provinciales y nacionales tras las muertes de niños salteños por desnutrición. Abeleira celebra por partida triple ese vínculo: el “modelo” CONIN es el modelo que el ministro adoptó para el trabajo de su cartera; el vínculo con esa fundación permite al ministerio vincularse con otras organizaciones con las que intercambia información individualizada y modelos de trabajo territoriales; y el prestigio y reconocimiento internacional de CONIN parece abrirle esperanzas de que el gobierno colaborativo que reivindica como posible, tenga futuro inmediato en la problemática de la desnutrición por el peso mismo de esos actores de la sociedad civil.
El razonamiento político de Carlos Abeleira, en definitiva, parece ser el siguiente: la clave del éxito no depende de eliminar los poderes ya existentes en el territorio donde trabaja, sino en la generación de otros que impida que un exclusivo tipo de Poder se arrogue la representatividad de la totalidad.
El planteo, otra vez, es sólido. Después de todo se trata de una visión que cierto progresismo posmoderno reivindica como deseable, mientras efectivamente el prestigio de CONIN oxigena al Ministerio y su propio plan de trabajo. Conviene recordar que hasta ahora al menos, nadie ha criticado a Abel Albino por su férrea defensa al gobierno provincial en los momentos más delicados ocasionados por la muerte de niños salteños. Y es que aun cuando el médico padezca un rancio catolicismo que lo lleva a calificar de “fornicación asistida” a muchas de las políticas públicas más progresistas del gobierno nacional en torno a la sexualidad (Abel Albino: “Gobernar es poblar. Criterios antropológicos y éticos para una correcta educación sexual”. Edit. Logos, noviembre del 2010; Tercera Edición), o al hecho no menos cierto de que el auge de CONIN se corresponde con el triunfo de programas “neoliberales” que desmantelando los Estados asistenciales desprotegieron a millones de personas que quedaron a merced de ONGs financiadas por organismos internacionales de crédito; no son menos ciertas dos cosas: CONIN es de esas fundaciones a las que se reconocen como símbolo de participación, transparencia, compromiso y eficiencia; condición que inclinó a prestigiosos profesionales e intelectuales progresistas a reivindicar no sólo la concepción misma que dio origen a las ONGs en general, sino al trabajo de CONIN en particular.
El Ministerio de la Primera Infancia, en definitiva, dice trabajar a partir de un plan claro de trabajo. Una rareza para una gestión gubernamental a la que muchos actores han caracterizado con razón como somnolienta y sin objetivos claros.
