Entre ediles e intendentes circulan proyectos que piden aumentar la coparticipación a los municipios. Provienen del entorno de Gustavo Sáenz y revela solvencia técnica aunque precisa de fuerza para imponerse en la legislatura. (Gonzalo Teruel)
Sociológico, político y económico. Así, en tres niveles, se inscribe el problema que a riesgo de enfrentarse con Juan Manuel Urtubey y Carlos Parodi piensa encarar Gustavo Sáenz. Ya está en manos de todos los concejales capitalinos y de algunos intendentes un proyecto de ley elaborado por los equipos de Sáenz para la reforma del sistema de distribución de recursos públicos. Esta iniciativa, en pocas palabras, busca modificar la ley y el decreto ley que establecen el régimen de la Coparticipación a Municipalidades de Salta.
La apuesta es arriesgada: el debate de la coparticipación debe darse no en el Concejo Deliberante sino en la Legislatura donde Gustavo Sáenz tiene escasa presencia y poco predicamento. La idea, entonces, es igual a movilizar el reclamo para que los concejales aprueben tal vez una declaración que sea tomada después por algún diputado para instalar el tema. Carlos Zapata y Alejandro San Millán, por ejemplo, podrían iniciar el debate que sin ninguna posibilidad de éxito igual obligará a los funcionarios provinciales a negociar con los intendentes.
Sin rodeos, en los considerandos del proyecto queda claro el fundamento social del planteo para modificar la Ley 7.651 de Coparticipación a Municipalidades de Salta. “Las condiciones económicas y de empleo en la totalidad del territorio provincial ha terminado por provocar una dinámica migratoria que no favorece a los grandes aglomerados urbanos” dice el documento que ya fue remitido a los concejales y puntualiza que “dado que el mercado laboral en el interior de la provincia no ha podido generar condiciones propicias para la absorción de la mano de obra entrante, aquellos desplazados buscan mejores oportunidades y migran hacia las ciudades”.
Y explica que esa dinámica migratoria agrava el elevado crecimiento demográfico de las ciudades salteñas que enfrentan, por ejemplo, el incremento de la demanda habitacional. De acuerdo a datos comparativos de los Censos Nacionales de Población 2001 y 2010, la presión demográfica es evidente en los departamentos que en su conjunto, por su cercanía y zona de influencia, podrían denominarse “Conurbano Salta” donde el incremento poblacional fue superior a la media de la provincia. En el caso de Salta Capital llegó a un 13,4%, mientras que la provincia creció a un ritmo del 12,5%; otros departamentos como Cerrillos o La Caldera, más aún, tuvieron un crecimiento exponencial superior al 35%.
Esta situación genera un “impacto negativo” sobre las administraciones municipales que, según asegura el proyecto en cuestión, “tienen que procurar una mayor cantidad de recursos para hacer frente a la prestación efectiva de los servicios y bienes públicos que una mayor población demanda”. Básicamente, los asesores de Sáenz razonan que los intendentes tienen cada vez más gente que atender con la misma (o menos) plata. Y, por eso, quieren modificar la normativa vigente y actualizar el mecanismo de asignación y distribución de los recursos públicos para que el tan mentado 1,5% (de la coparticipación) se integre al Fondo Compensador Municipal “siendo su distribución automática hacia los municipios”.
El planteo es también político. Busca establecer parámetros objetivos “en base a criterios poblacionales” para “eliminar la discrecionalidad en el reparto de estos recursos”. Al igual que muchos intendentes, Sáenz y sus colaboradores saben que están atados a la suerte y humor del gobierno provincial y quieren una distribución automática y descentralizada de los dineros públicos (como ya sucede con la acción social) para poder gobernar y hacer política sin la presión del Grand Bourg y sus circunstanciales ocupantes.
Saben también que si Urtubey reclama al gobierno nacional más fondos y mayores facultades para administrarlos, no puede negárselos a sus intendentes. Y, en consecuencia, razonan que el momento oportuno para llevar adelante el pedido es éste en el que además Gustavo Sáenz consiguió una nada despreciable ubicación en la política provincial y nacional.
Inteligentes, los asesores del intendente encontraron también el resquicio económico para justificar su pretensión. En la actualidad, la transferencia de partidas de la provincia a los municipios se rige por índices que “datan del año 1978” y que en la práctica equivalen apenas al 12% de la masa coparticipable sin tener en cuenta “las dinámicas poblacionales que se dieron hasta la fecha”. De nuevo, si Urtubey y los demás gobernadores exigen no menos del 15% al presidente Mauricio Macri, mal puede negar ese porcentaje a sus intendentes.
Por eso el pedido de modificación del Decreto Ley 5.082 (norma vigente desde 1976 cuando las Fuerzas Armadas asaltaron el gobierno) para que diga textual “Fíjese el monto total participable a las Municipalidades, en el quince por ciento (15%) de los ingresos tributarios totales de la provincia, incluyendo el monto recaudado por el sistema tributario de la provincia y las transferencias nacionales, incluida la Coparticipación Federal”.
La evidente disminución de los recursos girados por provincia robustece la exigencia. Los cálculos realizados por los técnicos municipales revelan, por ejemplo, que mientras en 2015 las transferencias (corrientes y de capital) sumaron el 11,19% del presupuesto provincial este año serán apenas del 10,18%. “Mientras se presupuesta un incremento de los gastos totales de la provincia en un 34,94%, las transferencias a los municipios (incluyendo la coparticipación y las partidas discrecionales), sólo aumenta en un 22,78% por debajo de la inflación y la proyección de paritarias” dicen los fundamentos del proyecto y agregan que “los montos presupuestados a transferir de nación a la provincia durante el año 2016 mostrarán un incremento del 36,24%”.
“Mientras la provincia recibirá un 36,24% recursos más de Nación durante 2016, sólo transferirá fondos a los municipios con un incremento del 22,78%” sintetiza el proyecto de ley y confirma también desde la economía lo que la política ya había dicho: el momento para discutir la coparticipación es éste.
Un último análisis, de la evolución de la masa coparticipable, desnuda el deterioro de la autonomía municipal: en el año 2000 con un Total de Ingresos Tributarios de $767.648.850 y una Coparticipación Provincial y Nacional de $645.425.150, la Masa Coparticipable fue del 84,08% mientras que en 2016 serán $26.727.281.598, $17.796.494.210 y apenas un 66,59%.
Mucho peor aún, el porcentaje de los ingresos tributarios que reciben los municipios cayó desde el 2005 de manera significativa: ese año fue del 80,37%; en 2010 del 71,92%; en 2015 del 73,65%; y ahora del 66,59%.
Basado en estos argumentos sociales, políticos y económicos Gustavo Sáenz quiere instalar la discusión por la distribución de fondos públicos en la provincia. Pocas son sus posibilidades de éxito (el jefe de Gabinete, Carlos Parodi, y el ministro de Hacienda, Sebastián Gomeza, no permitirán que desde la ciudad les digan cómo manejar la plata) pero el sólo debate lo ubicará como un serio actor en la política salteña.
