Alfredo Soto dirigió el municipio de Iruya entre 2015 y 2019. Como mago, está acusado de hacer desaparecer $ 7 millones sin justificar de la Municipalidad
El Tribunal de Juicio Sala I emitió una cedula de notificación donde dieron a conocer el inicio de audiencias por la causa en la que fue denunciado el ex intendente de Iruya, Alfredo Soto y en la que se encuentra imputado por los delitos de peculado (dos hecho) por la Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos.
Se fijó la audiencia de debate oral y público ante la esta Sala I del Tribunal de Juicio, para los días 1, 4, 5, 6 y 7 de marzo de 2024.
Por la Fiscalía interviene Ana Inés Salinas Odorisio mientras que por la querella de la Municipalidad de Iruya, litiga la abogada Eliana Verchán.
El pasado 10 de mayo se dictó en contra de Soto una medida cautelar de inhibición general de bienes, lo que le prohíbe al ex mandatario gravar o enajenar bienes registrables.
«A través de la medida solicitada, se pretende evitar que se torne ilusoria el cobro de los daños patrimoniales al erario municipal, en caso de probarse que la actuación de. Soto ocasionó daño económico a la Municipalidad y debiera responder por tales daños», detalló en su escrito Verchán, quien solicitó la cautelar en contra del ex intendente.
Auditoría descubrió un faltante de $7 millones
La denuncia surgió tras una auditoria en la comuna ordenada por el actual intendente Herrera donde se develó un faltante de justificaciones a gastos emitidos por la gestión de Soto.
«Su contador nos informó sobre una deuda de $ 6 millones, nosotros investigamos y llegamos a un faltante de $ 7 millones, y ahí radicamos la denuncia para no cargar con un muerto que no me correspondía a mí», dijo el jefe comunal al momento de conocer la elevación a juicio a Nuevo Diario.
En su requerimiento de juicio, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo que «el acusado, en su calidad de intendente de Iruya, emitió el 06/12/19 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $ 970.000 que él mismo cobró el 09/12/19, de los que no obra constancia de su destino y que, conforme a lo denunciado por la actual gestión Municipal, no existe una rendición de cuentas efectuada ante la Municipalidad de Iruya».
En cuanto al segundo hecho, la titular de la UDEC manifestó al Juzgado de Garantías que «el acusado recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos provenientes de los programas sociales AIPAS, Asistencia Crítica y Pan Casero por un importe total de $ 14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $ 8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $ 5.878.073,43».
