Luis Caro Figueroa enumera las inconsistencias de la denuncia por presuntas amenazas a la jefa comunal a horas del debate de intendentes. En base a una publicación reciente de Cuarto Poder, propone una serie de interrogantes indispensables para clarificar el confuso hecho. A continuación reproducimos el artículo publicado originalmente en el portal noticias.iruya.com
Crónica de una denuncia sospechosamente tardía: La amenaza de matar a Bettina Romero ‘durante el debate’
El sitio web salteño Cuarto Poder ha publicado en sus páginas una copia auténtica de la denuncia formulada ante el Ministerio Público Fiscal por una empleada municipal que dice haber escuchado de boca de un ciudadano la amenaza de «pegarle un tiro en la cabeza a la intendenta Bettina Romero».
Según este documento, la denunciante -una funcionaria de la Municipalidad llamada Verónica Valeria Aguirre- utilizó la vía telemática para registrar, a las 11.39 h del pasado día sábado 6 de mayo de 2023 su denuncia de los hechos.
Sin embargo, según el texto escrito por la propia señora Aguirre, estos hechos ocurrieron cuatro días antes de la fecha del registro de la denuncia; esto es, el día martes 2 de mayo de 2023, a las 10 de la mañana, en las oficinas municipales.
Tratándose de un delito de singular gravedad como el denunciado, resulta sumamente extraño que la funcionaria denunciante no hubiera actuado inmediatamente; es decir, que en el mismo momento en que el denunciado profería su amenaza en las oficinas municipales (es decir, un sitio público y custodiado), no se requiriera la presencia de la Policía y se lo hiciera detener.
Si la señora Aguirre consideró en aquel momento que el ciudadano insatisfecho que se encontraba frente a ella representaba un peligro real para la integridad física de la Intendenta Municipal, debió haber actuado de inmediato, pues aquel ciudadano podría haber llevado a cabo su propósito criminal allí mismo, o lesionar a cualquier otra persona.
No solo no hizo eso la señora Aguirre, sino que esperó al fin de semana siguiente para dirigir su escrito vía web a la Oficina de Orientación y Denuncias, dejando transcurrir así 4 días, 13 horas y 39 minutos (casi 110 horas), para recién poner en conocimiento de la autoridad un delito de acción pública de tan extrema gravedad.
Más cosas extrañas
Dos elementos más llaman la atención del documento que recoge la tardía denuncia:
1) Que se menciona como «fiscalía interviniente» a la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género nº 3 de la ciudad de Salta, cuando, por las características del delito, debería haber intervenido el Fiscal de Graves Atentados contra las Personas.
2) Que en la denuncia no se menciona en ningún momento que el denunciado tuviera el propósito de concretar su amenaza en el curso del debate, como arbitrariamente ha sido publicado por el diario de propiedad de la familia de la Intendenta amenazada.
Pero es que la conexión de las amenazas con el debate aparece también en el extraño comunicado emitido por el partido Salta Nos Une, que aparece firmado por su apoderado, señor Ramiro Nordera. En este documento de campaña, con una redacción muy poco afortunada, Nordera escribe: «y dijo que le iba a meter un tiro en el debate».
La denuncia dice «y le pegaría un tiro en la cabeza», no «en el debate». El comunicado del partido de Romero debió decir: «durante el debate» y no dar a entender, como lo hizo, que «el debate» es una parte vital del cuerpo humano.
En cualquier caso, este arbitrario añadido del debate es sumamente llamativo, por cuanto en el momento en que la amenaza fue proferida (el martes 2 de mayo a las 10 de la mañana), aún no se sabía (porque no se había hecho público) que se iba a celebrar debate alguno entre los candidatos a la Intendencia Municipal de la ciudad de Salta. Esta información solo se conoció al día siguiente; es decir, el miércoles 3 de mayo.
Otro pasaje inexplicable del comunicado partidario es el que dice que Bettina Romero «viene luchando con coraje contra las mafias desde el día uno de su gobierno». Sin poner en duda la veracidad de esta afirmación, convendría recordar que hace pocos días, el candidato Emiliano Estrada dijo que las «mafias» operan del lado en el que políticamente se encuentra la señora Romero, aliada del gobernador Sáenz. ¿Es que las próximas elecciones de Salta no serán una contienda democrática entre personas honradas sino un enfrentamiento entre dos «familias mafiosas»?
En cualquier caso, si, como dice Nordera, la señora Romero viene luchando contra las mafias desde el 10 de diciembre de 2019, ¿cómo es que denunció coacciones y amenazas solo un par de meses antes de que comience la campaña electoral (esto es, tres años y medio después de comenzar a gobernar)? Tal parece que denunciar los delitos mucho después de que se cometan constituye una práctica muy arraigada en la «familia municipal».
Para cerrar el círculo de la sospecha, el semanario Cuarto Poder razona que «con la información oficial en mano» (el texto de la denuncia de Aguirre) «resulta indispensable al menos analizar si el entorno de la intendenta no intentó un aprovechamiento de dos hechos que no tienen relación y aislados» (se refiere al robo perpetrado en un coche de propiedad del esposo de la Intendenta, que no es candidato) «para victimizarse en la última semana de campaña».
Finalmente, además de la oportunidad elegida para denunciar unos hechos que se habían producido varios días atrás, habría que preguntarse por qué motivos la Intendenta Municipal ha recabado la intervención de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género y no ha pedido protección a los fiscales que normalmente se ocupan de asuntos de esta naturaleza.
Ahora, después de este extraño encadenamiento de sucesos, que solo parece apuntar al incremento in extremis de la menguante audiencia electoral de la Intendenta Municipal, cabe esperar que los asistentes al debate entre candidatos estén menos pendientes de lo que cada uno exponga y más pendientes de si alguien oprime el gatillo y de escuchar un disparo en la sombra.
Fuente: (noticias.iruya.com)
