La comunidad diaguita-calchaquí de Cafayate se encuentra en alerta ante la apropiación privada de tierras que bordean el camino a las cascadas del río Colorado. Un emprendimiento turístico se asentó en el sitio arqueológico, cobra por excursiones e impulsa acciones hostiles contra la comunidad. Justicia y municipalidad hacen la vista gorda.

Los habitantes de la zona del Divisadero, en Cafayate, enfrentan conflictos de larga data con empresas de turismo que explotan el circuito conocido como las cascadas del río Colorado, ubicado en territorio diaguita-calchaquí. La situación se agravó en los últimos meses tras el levantamiento de una clausura ordenada por la justicia en 2019. La misma impedía el paso de turistas y visitantes ocasionales hasta tanto se garanticen las condiciones de seguridad, aunque en la comunidad aseguran que el verdadero motivo de la clausura fue una antigua disputa entre grupos de guías turísticos.

Según recuerdan los miembros del Divisadero, la problemática comenzó hace varios años cuando personas extracomunitarias comenzaron a desplazar por medio de la violencia a los miembros de la comunidad. De esa forma se apropiaron del acceso al río para cobrar a su antojo a turistas y lugareños. Los desencuentros no tardarían en llegar y hacerse notar: “se peleaban entre ellos, hubo tiros, puñaladas, motos quemadas y un clima extremadamente hostil en medio de un hermoso paisaje”, rememoran.

A pesar de la resolución judicial de 2019, los únicos que respetaron el no ingreso al sitio arqueológico y turístico fueron los habitantes de la comunidad, que hasta el momento de la clausura realizaban visitas guiadas y cobraban a voluntad. Otros grupos de guías jamás acataron la orden y continuaron explotando el recorrido a discreción.

Pero lo que comenzó como una puja por los frutos de un negocio turístico, derivó en una disputa por la titularidad de las tierras ubicadas en los márgenes del río. Mientras la comunidad del Divisadero se ampara en los relevamientos territoriales realizados en el marco de la Ley 26.160, una familia de particulares reclama la posesión veinteñal de alrededor de dos hectáreas del territorio y actualmente impide el paso de terceros por el lugar.

Los Condorí

En la bifurcación del final de la ruta 1 se encuentra el acceso al río, donde José Condorí se asentó años atrás apropiándose de una pequeña calle de dos metros de ancho que colinda con el camping de la comunidad. Cuentan que hace aproximadamente 15 años, José comenzó a bajar desde su finca (ubicada en el cerro, a unos 20 minutos del lugar) para vender frutas. Con el correr de los años, el cajón que utilizaba para trasladar la mercadería fue reemplazado por un pequeño puesto fijo que hoy devino en su negocio y morada.

Hace aproximadamente una década, los miembros de la comunidad reunieron firmas para que se retirara del lugar, pero Condorí contó con el respaldo del entonces intendente Esteban Ocampo, quien desoyó el pedido. Los conflictos se agravaron y los habitantes del Divisadero comenzaron a denunciar robo de vacas, cabras y una ocupación cada vez más evidente del territorio. Durante la pandemia, ante la imposibilidad de realizar actividades turísticas, se destruyó una parte importante del patrimonio arqueológico para instalar viviendas. Algunos de los 14 hijos de Condorí recibieron de su parte una porción de la tierra apropiada como “posesión veinteñal”. Hoy, sus descendientes integran el grupo de personas que cobran entre $2500 y $4500 para acceder al territorio comunitario y disfrutar del maravilloso paisaje.

Las evidencias del curro pueden encontrarse en las reseñas del lugar en Google. La internauta Mireia Miranda, por ejemplo, relató:

“Es una estafa. Al llegar, tal y como dicen la mayoría de las reseñas, nos encontramos con un grupo de falsos guías, nos pedían $2500 (abril de 2023) para el recorrido corto por persona y $4500 para el recorrido largo. Por suerte no llevábamos efectivo y fue entonces cuando decidimos mirar las reseñas. Una de ellas especificaba entrar al estacionamiento de camping y eso hicimos. Nos contaron que la verdadera comunidad calchaquí eran ellos y no los falsos guías que se aprovechan de los turistas”.

Levantamiento de la clausura

El impedimento del acceso a las cascadas fue una decisión de la jueza María Virginia Toranzos y preveía la posibilidad de una revisión posterior “cuando las condiciones qué lo motivaron hayan desaparecido o no sea necesario su mantenimiento”. En este punto cabe señalar que el conflicto de intereses entre emprendimientos turísticos antes citado no integró para la jueza ese conjunto de condiciones.

Tras cuatro años de clausura, el Intendente de Cafayate, Fernando “casita” Almeda, solicitó el levantamiento de la medida, presentando una especie de “plan piloto” para la reapertura del citado circuito con fecha de evaluación para el mes de abril. Según informó el Ministerio Público, el proyecto “Hace referencia a la modalidad sobre la administración y control a su cargo, seguridad y grupos de guiado con documentación adjuntada respecto de seguro civil, responsabilidad, informe técnico, listado de guías y plan de trabajo”.

La requisitoria del jefe comunal tuvo una respuesta favorable por parte de la magistrada en tiempo récord. Las oficinas municipales fueron el escenario de una cuestionable (¿e ilegal?) reunión entre la jueza, el intendente Almeda y la fiscal penal Sandra Rojas. Esta última se pronunció en forma favorable al levantamiento provisorio de la cautelar y de la asunción de la administración y control por parte de la Municipalidad de Cafayate.

Fue entonces que la Jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Personas y Familia y de Garantías de Cafayate María Virginia Toranzos, consideró que “su subsistencia pierde entidad reglamentaria provisional y finalidad protectoria procesal, deviniendo como consecuencia la necesidad de su levantamiento en función, también, de la revisión establecida legalmente en el sistema procesal penal local”.

La aprobación de la “prueba piloto”, no obstante, constituye una violación al convenio 169 de la OIT que exige la consulta previa, libre e informada con las comunidades. Nada de eso fue impedimento para que un viernes de febrero, alrededor de las 19:00, se les informara a los miembros de la comunidad que la decisión ya estaba tomada. A fuerza de machetazos, se instaló un gazebo con la insignia de la municipalidad de Cafayate que ahora, en lugar de velar por el fin del conflicto, participa abiertamente del negocio.