La Justicia salteña habilitó a Greenpeace a continuar bloqueando un desmonte. Lo hizo la Jueza de garantías de Tartagal, Azucena Vázquez, quien habilitó a la organización ecologista a continuar con el bloqueo de maquinaria utilizada para desmontar. Se trata de un fallo que puede marcar un precedente histórico.
Es lo que difundió en la tarde de hoy la organización ecologista al saber que la Jueza de garantías de Tartagal, dio lugar a la denuncia de Greenpeace contra el dueño de la finca Cuchuy, Alejandro Braun Peña por el delito de destrucción de Bosques. Braun Peña es un poderoso empresario que integra el directorio de Salta Cotton S.A., Latin Bio S.A., Cremer y Asociados S.A., Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma.
La medida cautelar de la jueza tartagalense habilita a la organización a continuar frenando un desmonte en el Departamento de San Martín, dice el parte de prensa difundido por la organización ambientalista e impide al propietario remover los bloqueadores que evitan que las topadoras sean alimentadas con combustible. El fallo permite que los ambientalistas permanezcan en la finca garantizando que las topadoras no se pongan en marcha, a pesar de que su propietario denunció a la organización por presunto delito de usurpación de propiedad privada. El propietario había pedido a la jueza que desaloje a los activistas pero la justicia no hizo lugar a su petición. “La Justica reconoció a Greenpeace como legítimo protector del bosque salteño”, dijo el vocero de la organización Prieto. “Es lamentable que Urtubey esté cuestionando nuestras denuncias, y permitiendo la destrucción del bosque, en lugar de compartir esta tarea”
Los activistas bloquearon el martes pasado los tanques de combustible que utilizan las topadoras y que se encontraban en la finca para frenar el desmonte ilegal. Luego de la acción, Martín Prieto, director ejecutivo de la organización, radicó la denuncia penal en la Fiscalía de Tartagal y puso las llaves de los bloqueadores a disposición de la Justicia. Este fallo histórico en la Justicia provincial, dictado por el Juzgado de Garantías número 1 del Distrito Judicial del Norte, Tartagal, a cargo de la jueza Azucena Vázquez, dispone que, por el momento, los bloqueadores de Greenpeace no pueden ser removidos por el propietario de la finca y que las topadoras no pueden seguir desmontando.
