El subcomisario Claudio Burgos lleva un año encerrado en Villa Las Rosas acusado de matar al vecino Mura Ortíz en un operativo que contó de 12 efectivos y 6 motocicletas. A semanas del juicio, la defensa insiste en la inocencia del acusado sin negar que Ortiz murió por un disparo de arma policial. (Gonzalo Teruel)
Siguiendo a un par de “motochorros”, en la noche del sábado 16 de noviembre del año pasado una patrulla de motoristas comandada por Burgos ingresó al Barrio Sarmiento. El desenlace de ese operativo fue fatal. Una persona, Gabriel Mura Ortiz, fue muerto por una bala policial mientras que Burgos y otros 3 efectivos de la fuerza terminaron presos.
Según la familia de la víctima el operativo policial fue realizado con premeditación y alevosía. Por motivos que aún no están claros -de hecho se habla de una pelea “mano a mano” y “por revancha” entre uno de los uniformados y Mura Ortiz- los policías se enfrentaron con un grupo de vecinos y terminaron ultimando a quemarropa al malogrado. “Mi papá quiso evitar que le peguen a dos chicos y un policía lo invitó a pelear. Los demás hicieron una ronda y se pelaron mano a mano pero cuando mi papá lo volteó, le dieron un tiro por la espalda”, relató Gabriela, hija de Mura Ortiz.
La joven denuncia que la pueblada se produjo tras el asesinato de su papá y que el GEDAM ya había estado en el barrio una semana antes y como los vecinos los habían agredido volvieron a buscar revancha y a golpear a cualquiera. “Hay varios detenidos porque se están encubriendo entre ellos porque todos son cómplices de venir al barrio a pegarle a cualquiera”, plantea la hija de la víctima.
Burgos, en cambio, asegura que el enfrentamiento fue inevitable porque los vecinos emboscaron a la policía cuando intentaron detener a los “motochorros” pero niega que haya habido tal combate personal.
Como sea, Mura Ortiz murió por un disparo letal de arma policial. Pero Burgos estaba desarmado. Según su testimonio avalado por los registros oficiales de esa noche, el comisario estaba dotado sólo de un arma “marcadora” similar a las pistolas de paint ball que la policía comenzó a utilizar en los últimos meses. El recio accionar del uniformado es aún hoy visible en las paredes de la casa de uno de los vecinos de Barrio Sarmiento.
Aquel operativo fue protagonizado por 12 efectivos movilizados en 6 motocicletas, miembros del GEDAM, un grupo especial dedicado a la prevención y combate de “motochorros”. Burgos y su segundo, el oficial César Carmelo Figueroa, portaban armas de pintura; el oficial Carlos Alberto Arias y el cabo Fernando Martín Cruz, escopetas; y el resto las reglamentarias pistolas 9 milímetros de todo policía.
Si Burgos tenía un arma de pintura no pudo haber sido quien ultimara con una bala letal a Mura Ortiz. Por idéntico fundamento, Figueroa tampoco. En consecuencia, por propia determinación o por negligencia, el responsable tiene que haber sido Arias o Cruz.
Toda la investigación judicial, sin embargo, apuntó -y sigue apuntando- a Burgos. ¿Por qué?, la defensa del comisario cree que “la presión popular empujó a la fiscal a apurar la resolución del caso y lo más fácil fue acusar a Burgos y responsabilizarlo”. El abogado Pedro Oscar García Castiella explicó que “contra Burgos no hay ninguna evidencia; y contra los policías a su mando tampoco”. En efecto, en el “cuaderno de guardia” está registrado que Burgos salió sólo con el arma marcadora, y la prueba de parafina -que detecta la presencia de pólvora en las manos- realizada sobre los guantes del subcomisario arrojó resultado negativo. Los demás peritajes, efectuados a las escopetas de Arias y Cruz y a las que estaban guardadas en la base operativa del GEDAM revelan que no son coincidentes con el arma homicida.
A poco de cumplirse un año del fatídico episodio, la fiscal tiene un muerto y unos cuantos detenidos. Está cerca del juicio pero muy lejos de la verdad. Su sospecha está puesta en 2 policías desarmados y 2 policías a los que los peritajes realizados por el CIF -el Cuerpo de Investigaciones Fiscales- exculpan.
A García Castiella esto no lo sorprende. La fiscal es Gabriela Buabse: una profesional de tan veloz como inexplicable ascenso en la administración de la justicia provincial. “Yo pedí la recusación de la fiscal porque no está cumpliendo su deber que es investigar la totalidad del hecho y no sólo lo que ella cree”, indicó el abogado y remarcó que “la fiscal sólo peritó 8 armas sobre unas 35 que debieron ser analizadas”. El experimentado abogado denuncia prejuzgamiento por parte de Buabse y una reducción de la investigación para perjudicar a su defendido. “Sólo investiga a Burgos y al GEDAM y no a los otros policías”, enfatizó el letrado.
La pregunta es inevitable. Si no fue Burgos o alguno de los suyos, entonces ¿quién mató a Mura Ortiz? Esa noche estuvieron en Barrio Sarmiento otros policías.
Al pedido de apoyo por parte de Burgos acudió la Brigada de Infantería. También llegaron otros móviles policiales: uno de la Comisaría 8° y otros que García Castiella espera identificar en el juicio para exigir que se los investigue como posibles responsables del asesinato. “Todo eso está registrado en la grabación del Sistema 911”, asegura el abogado que denuncia la falta de rigor en la investigación -y los consecuentes peritajes- sobre esos efectivos.
Justamente, en ese testimonio de audio apoya sus argumentos la defensa. “Mediante las grabaciones radiales y los registros de GPS queda demostrado que los otros móviles policiales ya estaban en el lugar cuando sucedió el asesinato y eso debe ser investigado”, afirmó el abogado.
La familia Mura Ortiz descree de todos estos argumentos, sostiene que, efectivamente, a “Gabito” lo mató la policía y señala a Burgos como el principal sospechoso. Además, denuncia que los peritajes sobre los miembros del GEDAM arrojaron resultado negativo porque “se adulteraron las pruebas”.
En este punto, curiosamente, querella y defensa coinciden. La investigación primera y los peritajes posteriores son, cuanto menos, discutibles. Cualquiera sea el resultado del juicio, entonces, la sombra de la duda permanecerá. Una vez más, la investigación fiscal -dotada de innumerables facultades desde la reforma del Código de Procedimiento Penal- fracasará en su intento de llegar a la verdad y esclarecer un crimen. Como en el dramático caso de Cassandre Bouvier y Houria Moumni lo único cierto son los cadáveres; los asesinos, fantasmas que se esconden entre los salteños.
Curriculum Vitae
El legajo 10968, perteneciente al subcomisario Claudio David Burgos, contiene adjunto el Curriculum Vitae que concluye con un apartado denominado “menciones y reconocimientos” donde se da cuenta de la trayectoria del policía. Allí se destacan una Mención de Agradecimiento de la Dirección de Instrucción Policial por la “permanente y desinteresada capacitación al personal policial” en el año 2009 y la Mención de Honor de la Escuela Superior de Policía “por su dedicación al área docente dentro de la Institución Policial” del año 2010.
También se observa una Mención por Merito Extraordinario al Servicio Policial y la consecuente “Ubicación en el Cuadro de Honor” y el ascenso por Merito y Trayectoria por la cantidad de procedimientos, proyectos y capacitaciones policiales. Según consta en el documento, además, Burgos fue impulsor de varios proyectos que después implementó la Policía de Salta como la creación de la “Sección Motoristas de Emergencias 911” y la creación del GEDAM y del EDEM, escuadras de destreza motorizada, y de los Bicipolicías.
Otro proyecto de autoría de Burgos es el de “Implementación de la Marcadora Policial” que comenzó a utilizarse recientemente. En la noche que fue asesinado Gabriel Mura Ortiz, el principal acusado llevaba justamente una de esas armas marcadoras que estaban siendo utilizadas de modo experimental.
