Un abogado oranense lanzó serias acusaciones de corrupción dentro del Juzgado Federal de Orán a cargo del juez, Raúl Reynoso. “El cuñado del Juez Federal se acercó a un tipo que estaba detenido por llevar 40 kilos de cocaína, diciendo que iba de parte de Reynoso, y que la libertad le costaría 50 mil dólares”, comentó a modo de ejemplo.
El Dr. David Arnaldo Leiva, a través de su programa radial emitido por Radio A, denunció públicamente que dentro del Juzgado Federal de Oran se vende la libertad a los presos por narcotráfico, trata de personas o tráfico de divisas; y que existe un grupo de abogados que apañan este delito, actuando como mediadores en el trato económico entre el juez y los delincuentes. El letrado inició su denuncia pública hablando del “show que brinda el Juez Raúl Reynoso en medios nacionales, mostrando las falencias que no le permiten avanzar en la resolución de causas por falta de personal”, cuando en realidad, internamente, ocurren otras cosas.
Reproducimos la nota publicada en la web de la radio citada:
“En la mesa de café que constantemente compartimos con colegas abogados, se habla con naturalidad, con nombres y apellidos, de los retornos que hay dentro del Juzgado Federal para que algunas personas a las que por ejemplo, les fue secuestrado un vehículo, o dólares en gran cantidad, recuperen estos elementos luego de ciertos arreglos con funcionarios”, expresó.
Agregó que, charlando con un cliente, notó que éste buscaba la manera de coimear a la justicia para que su expediente se resolviera rápidamente. “Aunque yo no le hablé de la corrupción que existe en el juzgado, esa realidad ya está instalada en el ambiente. Se habla del manejo de mucho dinero en el medio. Incluso hablando con miembros del Poder Judicial Provincial, confirmé que conocen la situación: al menos por comentarios, saben que existen retornos en la Justicia Federal de Oran” sostuvo.
Como si esto fuera poco, remarcó que “no son pocos los abogados involucrados en esto, y que cuentan que se les exigió en la justicia bastante dinero para que liberen a sus clientes, o conseguir al menos la prisión domiciliaria. Uno muy conocido, me dijo que la primer libertad le salió 700 mil pesos; y la segunda 300 mil más. Hay cheques fotocopiados de este segundo monto con el que se completó el millón de pesos”, contó. “Hay tres o cuatro abogados, de quienes daré nombres próximamente, que están asociados a esta movida de pedir dinero para otorgar libertades”.
“Un día un colega me dijo que para ganar la libertad de un cliente no sirve haber estudiado la profesión, sino que hay que tener muñeca. No entiendo cómo se puede hablar con tanta soltura de lo que pasa aquí adentro”, dijo Leiva. “Personalmente, me tocó defender a personas que por llevar coca le retuvieron el vehículo, y para poder recuperarlo se tarda varios meses. Cuando hay otros abogados que parece que entran por otra puerta y en una semana recuperan lo secuestrado por la justicia. Varios abogados hablaron de denunciar a Reynoso por estos privilegios que existen para algunos”, remarcó.
Leiva habló también de otro caso puntual en el que la justicia salteña intervino. “Ocurrió en Tartagal cuando el cuñado del Juez Federal se acercó a un tipo que estaba detenido por llevar 40 kilos de cocaína, diciendo que iba de parte de Reynoso, y que la libertad le costaría 50 mil dólares. La justicia salteña tuvo en su poder este caso, y en vez de seguir investigando, lo dejaron de lado”, denunció.
Los procedimientos para la libertad
El abogado habló del procedimiento que se seguiría dentro del juzgado para tapar los arreglos económicos que se realizan y otorgar la libertad. Explico que, cuando alguien queda detenido, desde que lo indagan, el juez tiene diez días para declarar su situación. Puede quedar procesado, cuando se encuentran pruebas que lo incriminan; puede quedar sobreseído cuando no existen pruebas en su contra; o se dicta la falta de mérito cuando las pruebas no alcanzan para incriminarlo, aunque no se habla con certeza de su inocencia. “Una vez que se hace el retorno o arreglo con la justicia, fácil es para el juez decir que hay pruebas insustanciales o no vinculatorias; o declara la nulidad de un acta mal hecha por Gendarmería, para hacer la parodia de que se está haciendo una investigación penal, cuando al final, por falta de pruebas, terminando dando el sobreseimiento y liberando definitivamente de la causa, en muchos casos, a los traficantes de la muerte”, manifestó.
Según la denuncia del letrado, otra forma de proceder es “devolviendo los vehículos o dinero que hayan sufrido secuestros”. Para tales casos, “la justicia sacaba pequeñas resoluciones sin fundamentos, y sin profundizar las investigaciones, hablando del origen del dinero y con esto, lo devolvían anticipadamente. Ahora se dio vuelta todo, porque desde la Cámara de Apelaciones de Salta se ordenó al Juez Reynoso que en estas causas, en que se devolvió dinero o vehículos, se les exija a sus propietarios que nuevamente lo entreguen al juzgado” aseguró.
También afirmó que “Son alrededor de 30 las resoluciones de este tipo que fueron rebotadas, no sé por cuanto valor. Cuando tenga en mano las copias, haré la denuncia penal para que se investigue si hubo dolo, es decir, intención de defraudar a la justicia con coimas u otro tipo de delitos”, anticipó.
El abogado conocido en el ámbito de Derechos Humanos, concluyó destacando que le asombra la manera de actuar que tiene la justicia. “A 500 metros del Puesto 28 se contrabandea mercadería. Al frente de la terminal de ómnibus de Oran ocurre lo mismo. Y quien nos asegura que en el medio de todo esto no haya cocaína? Todos estos delitos ocurren a la luz del día y los funcionarios hacen la vista gorda. Alno actuar, pienso que además de la corrupción, están cayendo en el delito de falta de cumplimiento a sus deberes de funcionarios públicos, tanto el juez como el fiscal federal y los gendarmes. Todo esto nos llama la atención y lo vamos a ir denunciando para que la comunidad oranense pueda controlar nuestras instituciones republicanas, especialmente a la justicia federal”, expresó.
