Desde 2009, vecinos de Atocha denuncian a la curtiembre Luaju SRL por malos olores y contaminación del arroyo Isasmendi. El próximo martes harán una inspección ocular en las instalaciones de la firma

Luego de 12 años de denuncias y tres medidas cautelares para la suspensión provisoria de actividades, finalmente, el próximo martes, un juez del Poder Judicial de Salta llegará a las instalaciones de la curtiembre Luaju SRL, en Atocha.

Será para ver en primera persona las condiciones en que trabaja la cuestionada empresa, sentir los olores nauseabundos que denuncian los vecinos desde 2009 y descubrir las aguas teñidas de rojo del arroyo Isasmendi por los efluentes vertidos desde la fábrica de cueros.

Así lo comunicó el juez de Cámara Marcelo Domínguez. Una vez realizada la inspección ocular, dará respuesta a la cautelar presentada por el Ministerio Publico Fiscal.

El fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Nº 1, Rodrigo Erazo Schmidt, había presentado el martes pasado una nueva cautelar con la que busca dar estricto cumplimiento al deber legal de intervenir en defensa del medio ambiente y de los intereses generales de la sociedad, ante las evidentes pruebas de que Luaju desarrolla una actividad altamente contaminante de manera ilegal, pues la realiza sin “licencia ambiental”.

El requerimiento de Erazo Schmidt encuentra su sustento en que la actividad industrial de curtido de cuero que realiza Luaju no cuenta con Certificado de Aptitud Ambiental ni autorización legal alguna de organismo administrativo con competencia en materia ambiental.

Además, los análisis de agua realizados por el Departamento Técnico Científico del Área Ambiente del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) arrojaron presencia de metales pesados (sulfato de cromo, manganeso y cobre) en los efluentes vertidos y determinaron que “el valor obtenido para el parámetro de DQO supera ampliamente lo establecido en la normativa legal”.

Por otra parte, Luaju emplea agua para uso industrial sin autorización de la Secretaría de Recursos Hídricos. Tampoco obtuvo el “certificado de uso no conforme” de la Municipalidad de San Lorenzo.

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