La Sala III de la Cámara de Casación Penal rechazó los recursos de las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido, en una causa colateral al expediente de las fotocopias de los cuadernos. La causa tiene que ver con la cartelización de la obra pública.
Los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Guillermo Jacobucci se limitaron a decir que «la decisión impugnada no reviste el carácter de sentencia definitiva ni se equipara a ella». O sea que Casación sólo intervendrá cuando haya una condena o una absolución de un tribunal oral.
Esta fórmula fue usada por los tres camaristas en las resoluciones de CFK y De Vido.
Con esto queda claro que el procesamiento sigue su curso y que a los magistrados no les importó que no haya registro ni fílmico ni grabación de las declaraciones de los 31 arrepentidos del expediente. Tampoco les preocupa si corresponde aplicar la ley del arrepentido, siendo que la extensión a los casos de corrupción se votó en el Congreso en octubre de 2016 y los cuadernos son anteriores.
En su momento, el caso cuadernos fue aprobado por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Aunque Bonadio se dedicó a dividir la causa en varias etapas. De hecho, llamó a siete indagatorias en un día a Cristina Kirchner. U
Una de esas etapas tuvo que ver con la obra pública vial. La acusación puntual dice que una gran cantidad de empresarios se repartían las licitaciones, acordando entre ellos quién ganaba cada obra y a qué precio.
Desde hace 40 años existe la sospecha de esa cartelización de la que participó de forma prominente el Grupo Macri, Franco y Mauricio.
En el procesamiento aparece Angelo Calcaterra, primo de Macri, que se quedó, de una forma confusa, con la empresa constructora del grupo.
La imputación también dice que los empresarios pagaban una coima para sostener ese reparto ilegal de la construcción de rutas.
La mayor fuente de esta causa fue el financista Ernesto Clarens, quien sostuvo que las empresas dedicadas a la obra vial le entregaban dinero a él para que se lo traslade a José López, famoso por los bolsos del convento. También dijo que le llevó plata a Daniel Muñoz, el fallecido secretario de los Kirchner, acusado de tener sociedades que aparecen en Panamá Papers, cuentas en Andorra y propiedades en Estados Unidos.
Según Clarens, concurrió a entregarle dólares a Muñoz al hall del edificio donde vivía la ex presidenta antes de 2003 y donde vive después de dejar la Casa Rosada en 2015. El financista dijo que nunca vio ni conoció a CFK. El encargado del edificio expresa que ni Cristina ni Néstor Kirchner estuvieron nunca en ese departamento a lo largo de los 12 años que estuvieron en Olivos. Muñoz retiraba la correspondencia habitualmente. El encargado dijo verlo con bolsos, pero nunca supo qué contenían. A Bonadio le bastaron esos datos para adjudicarle la coima a la ahora vicepresidenta.
En el procesamiento se incluyó a Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, de Electroingeniería. Ambos adversarios de la Cámara de la Construcción.
Clarens dijo al respecto que «creía que ellos aportaban dinero», aunque nunca pasó por él.
