Avanza la investigación sobre la Playa Municipal de Camiones y se comprueba la connivencia del municipio con la ilegalidad imperante. El intendente Lara Gros le adjudicó la concesión millonaria a un aliado político que no tenía ni inscripción en la AFIP. Millones sin control en la tierra del tráfico. (Silvana Brezina)
Lara renunciá!, es lo que se escucha decir, sin timidez, en las calles, en las conversaciones de vecinos y hasta en los medios de comunicación: el llamado de varias voces que piden públicamente al intendente Lara Gros su renuncia. Nadie quiere una intervención del municipio, ya que tampoco confían en los laderos del gobernador. La figura del mandatario provincial ha caído en desgracia por estos lugares tras los sucesivos y frecuentes respaldos que se dieron al intendente ante cada escándalo por denuncias.
La corrupción e incapacidad de gestión por parte de Lara son los temas instalados en la opinión pública, y sobre eso existe ahora una explicita reacción y un pedido también expreso de la opción de renuncia del jefe comunal. Ante ello, el intendente hasta tuvo que dedicar su discurso en un acto oficial de fecha patria en el que reconoció que “son tiempos difíciles en los que uno se siente solo”, y añadió que analizaría dar un paso al costado, pero que por ahora no lo hará.
Todo explotó cuando se produjo, en los primeros días de mayo, el violento enfrentamiento en la playa municipal de camiones, lugar que es utilizado como base de acopio por una organización delictiva que opera desde Tucumán con la connivencia del municipio local. Fue la gota que rebalsó el vaso, y desde ese momento hasta hoy, se supo que el crecimiento exponencial del contrabando, el narcotráfico y la actividad ilegal en la frontera tiene como principal actor al propio intendente.
Ya el año pasado un procedimiento en el colectivo de un tours de compras estacionado en esa playa, encontró 110 kg de cocaína; pero por el hecho no se logró detener a un responsable ya que abandonó la carga ante la requisa confundiéndose con el resto de los viajantes que se dirigían a La Salada en Buenos Aires.
Este vínculo entre los contrabandistas y el poder que se destapó en mayo pasado, ha cobrado gran relevancia para dirigir el humor social de la gente contra el intendente y sus sostenedores políticos. Los oranenses esta vez no le han perdonado a Lara, y lo han hecho directo receptor de las consignas más hostiles, ya que asocian los graves problemas de inseguridad al narcotráfico y las adicciones, a la pobreza y la marginación… un círculo propicio que cierra y gira invariablemente sobre sí mismo y del que no se visualizan salidas.
Todos los caminos conducen a Roma
Las investigaciones de la Justicia Federal sobre los hechos ocurridos en la Playa Municipal de Camiones han permitido detener a dos de los miembros de la banda tucumana que opera hasta hoy en nuestra ciudad. Su vínculo local está directamente relacionado con el intendente Lara Gros y está siendo también investigado junto a la red que lideraría desde el jardín de la república el conocido cabecilla Rubén “la Chancha” Ale.
Repasemos. En los primeros días de mayo la AFIP, junto a gendarmería nacional, realizó un operativo en la Playa de camiones en la que secuestró mercadería ilegal que luego era llevada a otros puntos del país. El operativo se vio frustrado por la reacción de los bagayeros que, luego se supo, habían sido organizados por los tucumanos de los tours de compras que eran los verdaderos dueños de la mercadería incautada. Un grupo de más de 200 bagayeros dirigidos por los tucumanos enfrentó a la gendarmería y se desató una verdadera batalla en las calles de la ciudad que rodean la playa de camiones. Con piedras resistieron el operativo y, una vez que superaron a las fuerzas de gendarmería, tomaron de rehenes a gendarmes que luego fueron canjeados por la mercadería secuestrada.
Durante varias semanas no se volvió a saber del tema. Luego, el 18 de mayo, ocurrió el desgraciado suceso en el desvío del Puesto 28 de gendarmería, donde un grupo de efectivos reprimió en un operativo con armas de fuego a los bagayeros, matando al joven Gerardo Gabriel Tercero. A los días, uno de los líderes de la banda tucumana que protagonizó el secuestro de los gendarmes en la playa de camiones era detenido en el sur de Tucumán por lo ocurrido en Orán. Esta semana hubo otra detención en la provincia de Santiago del Estero.
La investigación siguió avanzando y ahora se conocen novedades sobre quien se señala como el vínculo local de la banda de los tours de compras. Se trata de Tomás Lino Cano, sindicado como el contacto local luego de que se supiera que habría ayudado en la logística a los tucumanos -ahora presos- cuando éstos se enfrentaron con gendarmería en Orán. Cano, que se presentó como candidato en una lista del actual diputado urtubeycista Antonio Hucena (aliado político de Lara Gros en el Frente) es a su vez el concesionario a quien benefició el intendente al poner a su cargo, a través de un contrato con del municipio, la explotación de la Playa Municipal de Camiones. Este personaje goza de un contrato de explotación por el que solo se obliga a pagar la irrisoria suma de 1.500 pesos por mes al municipio, mientras que recaudaría cerca de 250.000 pesos mensuales. A todo esto, Lara dice que recaudará solo 3.600 pesos en todo el año 2013 por la concesión de la misma playa, esto según el Presupuesto municipal que acaba de ser convertido en ley. Ninguno de los números coincide, la estafa es evidente.
Otro dato que surge sobre las irregularidades de la dupla Cano-Lara Gros es que la recaudación millonaria en la playa de camiones se habría hecho en negro, ya que Cano recién se inscribió como contribuyente en la AFIP luego de que se publicara el 1 de junio pasado en Cuarto Poder su rentable actividad. Tanto como la evasión y la ilegalidad de Cano, igual o más grave aún es la ilegalidad en la que incurrió Lara al contratar en nombre del municipio bajo esta condición. Otro dato al que pudimos acceder es que Cano estaría a cargo de la Playa de Camiones desde el año 2007, es decir, desde el inicio de la gestión del intendente, lo que agravaría su situación.
La protección del poder político local en torno a este negociado aparece ahora con fisuras. La triangulación que estaría comprobándose, lo está signando merecedor de la condena social que pesa sobre esta conducción política. A los históricos años de bonanzas de las arcas públicas se le contraponen los peores años de deterioro social. El tremendo avance del narcotráfico, las adicciones y la exclusión son los resultados de un sistema de corrupción nunca antes visto en la historia democrática de la ciudad. Por eso, nada hace sospechar que los mismos que han condenado a Orán a esta realidad de los últimos años, Lara Gros y sus cómplices políticos, sean quienes tengan respuestas o soluciones a los reclamos de la comunidad.
A nivel provincial, el despliegue ministerial montado en dos oportunidades con la instalación del gabinete de ministros en Orán, no ha generado más que falsas expectativas la primera vez, y un desinterés total la segunda. Las obras con las que responderían al bloqueo de ruta por parte de los bagayeros en demanda de fuentes de trabajo genuina luego de la muerte de Tercero, nunca se iniciaron, ni aquella vez ni ahora; y la falta de pronunciamiento del gobernador ante la contundente marcha de 10 mil personas por la inseguridad, generó una mezcla de bronca e impotencia. Casi como un circo de entretenimiento, el gabinete de Urtubey a pleno pasó sin penas ni gloria, en una ciudad convulsionada, sin rumbo, condenada por estos tiempos a alguna desgracia más.
Mientras todo esto ocurre en tiempo real, el microclima político es otro. En el momento de mayor crisis de representatividad y de demanda social, Lara logra el mayor apoyo político en el Concejo Deliberante jamás obtenido en éstos dos últimos años, y a contrapelo del humor provincial. El escudo de impunidad local a pleno, se ha compactado con los concejales del PJ Gustavo Ruiz y Carlos Villalpando, bajo las órdenes del diputado Hucena; con el concejal José Rodriguez que volvió hace dos meses a las filas del larismo luego de algunos chisporroteos con denuncias de por medio; y con los siempre aliados Cesar Sisterna del Frente Grande, Jaime Quispe, Pablo Mealla, Javier Tártalo, Carlos Bruno, y Mónica Larrán, quienes aseguran desde el Concejo que nada pueda perjudicarlo, ni los controles que pretendan los tres díscolos sobre los destinos del dinero de la obra pública ni de las dudosos negociados que saltan a la luz. Mientras los casos judiciales lo asechan, Lara se atornilla al banquito para resistir.
