La presidencia del Concejo Deliberante de Orán quedó en manos Tomás Lino Cano, el eterno aliado del intendente Marcelo Lara Gros. Cano es el hombre que se hizo millonario con el bagayeo y que ahora hará de intendente cuando Lara Gros deje la ciudad.

Hablemos un poco de este edil cuya biografía política puede reconstruirse desde el año 2007 cuando siendo un empleado municipal y hábil puntero político, se puso al servicio de un Marcelo Lara Gros que de la mano de Urtubey buscaba la intendencia de la ciudad del norte.

Ya en abril del 2011, Tomas Lino Cano formó parte de la lista que encabezaba el entonces diputado provincial y presidente del bloque del PJ en Diputados, Antonio Hucena, quien protagonizaba una abierta enemistad política con el intendente de Orán aunque la contradicción era sólo aparente en una provincia y un municipio en donde el heterogéneo frente gobernante licuó personalidades de orígenes políticos tan diversos.

Cano no llegó a una banca legislativa aunque en el 2012 firmó un contrato que le cambio la vida: la municipalidad le otorgó la administración de la llamada “Playa de camiones y vehículos pesados”, el predio donde miles de bagayeros entregan la mercadería a quienes arribando a Orán cruzan el límite para adquirir mercadería que los trabajadores de frontera acarrean hasta el playón y desde allí parten a la propia Salta, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza o Buenos Aires.

Durante años el ingreso diario de vehículos era tal que los informes indicaron tarifas anuales por cifras superiores a los tres millones aunque Cano, según el contrato firmado con Lara Gros,  abonaba de alquiler $1.500 mensuales, es decir $18.000 anuales mientras el Estado a través del Fondo de Reparación Histórica invertía en el lugar $1.273.640.

Traduciendo: Tomas Lino Cano pagaba migajas, recaudaba millones, el Estado realizaba inversiones y la porosidad de la frontera permitía el ingreso de toneladas de mercaderías que posibilitan un negocio millonario e ilegal que enriquecieron al propio Cano que en el peor de los casos era señalado por los oranenses como el testaferro de Lara Gros, y en el mejor como el beneficiario de un negocio que contaba con la protección municipal.

Cano dejó de ser el locatario de la Playa de Transferencia en diciembre del 2015 juró como concejal y las reglas del decoro ordenaban prescindir del contrato que de haberse extendido hubiera requerido de la aprobación del Consejo del que el propio Cano formaba parte. Fue así que en mayo del 2016 el nuevo locatario de la Playa fue Manuel Alejandro Vale.

Éste y el intendente Lara Gros estamparon su firma en el vínculo contractual que en lo central es igual al que suscribiera antes con el jefe comunal con el propio Cano. Sólo los montos de alquiler variaron aunque no de manera acorde a los beneficios que el locatario se garantizaba con la ilegal actividad: $10.000 mensuales para el primer año; $12.500 entre mayo de 2017 y mayo de 2018; $15.625 entre ese mes y mayo de 2019; y $19.531 entre esa fecha y mayo del año 2020.

Eso sí, Vale quedaba obligado a construir algunos asadores, montar cestos de residuos con sus respectivas bolsitas desechables, cortar el pasto, mantener la limpieza, recoger la basura, parquizar el lugar, plantar árboles en la vereda, o reponer las plantas de las macetas.

Pero las sospechas no quedaron allí porque en septiembre del 2016 y en una coyuntura en la que los concejales exigían al Ejecutivo Municipal que informase la situación de la playa y el nombre del nuevo concesionario, una mujer de nombre Reina Montero se presentó en el recinto y denunció que Tomás Lino Cano seguía regenteando la Playa.

La mujer aseguró que realizando gestiones para que cuatro mujeres pudieran levantar un puesto en el lugar terminó anoticiándose que Alejandro Vale tenía la concesión del lugar pero que en un sobre le llevaba lo recaudado al propio Cano quien ahora es el presidente del Concejo Deliberante de Oran y como tal hará de intendente cuando su viejo aliado – Marcelo Lara Gros – deje la ciudad.