Cada vez hay más soja y grandes propiedades extranjeras en Salta, pero el impuesto inmobiliario rural que pagan es casi nulo. En el año 2003 ese tributo representaba 3,46% de la recaudación provincial y en el 2016 sólo el 0,99%. (Daniel Avalos)

Evitemos los rodeos para ir al grano: en Salta las grandes extensiones de tierra en manos de agentes económicos nacionales y extranjeros aportan poco a las arcas provinciales. Es lo que puede leerse en el presupuesto provincial 2016. Para confirmarlo, alcanza con señalar que según el mismo, en el 2016 se recaudara por ese rubro sólo $55.256.117, cifra que representa el 0,99% de los ingresos tributarios provinciales que el año próximo será de $5.554.576.337.

El porcentaje es muy inferior al del año 2003 cuando, según los archivos de la Oficina Provincial del Presupuesto, los recursos tributarios de la provincia alcanzaban un total de 156 millones redondos de los cuales $5.345.348, correspondían al mencionado impuesto que así proveía un 3,46% de los recursos impositivos recaudados por la provincia de Salta.

La situación obliga a revisar parte del mensaje con el que el gobierno provincial remitió el presupuesto 2016 a las cámaras de diputados y senadores de la provincia. Allí asegura que el impuesto inmobiliario rural es uno de los que más creció tras el revalúo de los valores fiscales de los catastros rurales de la provincial a partir de 2010. La aseveración sólo es cierta en términos nominales porque porcentualmente la incidencia no ha dejado de caer.

Veamos: en 2003, como vimos, ese tributo representaba el 3,46% de todo lo que recaudaba la provincia; en el 2004 el 5,32% ($9.593.092 sobre 180 millones); en 2005 también el 5,32% ($11.191.941 sobre 210 millones); en 2006 bajó bruscamente a un porcentaje que ya no volvería a superar: 1,81% ($ 6.057.054 sobre una recaudación provincial de poco más de 334 millones); en 2007 el porcentaje fue de 1,77% ($7.116.173 sobre una recaudación de 400 millones); y en 2008 el porcentaje fue de 1,63% ($8.109.335 sobre $495.600.001)

El presupuesto 2009 fue el primero elaborado por el urtubeicismo. En ese año el porcentaje del impuesto fue del 1,51% ($9.422.800 sobre $620.627.900 recaudados); en 2010 el porcentaje bajó al 0,85% producto de un aporte terrateniente de $6.807.858 sobre un total de 816 millones; en 2011 el porcentaje fue del 0,89% ($10.304.000 sobre $1.153.735.020); en el 2012, 0,90% ($14.046.298 sobre $1.553.809.267); un año después el porcentaje fue de 1,80% ($36.211.471 sobre $2.006.458.400); en 2014 la tasa fue del 1,75% ($45.654.414 sobre $2.608.541.741); en 2015 bajó a 1,26% ($50.082.893 sobre $3.967.925.133) y en  2016 lo ya mencionado en un principio: 0,99% producto de los  $55.256.117 a recaudar por eso concepto en un global de $5.554.576.337 de ingresos tributarios provinciales.

En definitiva, la caída porcentual de esos ingresos desde 2004 en adelante es un hecho. Lo increíble del caso, es que esa disminución del aporte “terrateniente” se dio en medio de un proceso en donde el avance de la frontera agropecuaria fue desmesurado y en donde la extranjerización de la propiedad de la tierra salteña evidente.

Más soja, más gringos

Es sabido que son cientos de miles las hectáreas desmontadas en la provincia y que ellas forman parte de propiedades aún mayores que ocupan a lo largo y ancho de la provincia. Para ilustrar el fenómeno que debería suponer un incremento de ese tipo de recaudación, conviene recurrir a un informe de la Auditoría General de la Nación publicado en mayo de 2014. El mismo desnudó que Salta incumplía la ley de Bosques y poseía información que, extraída de organismos nacionales, daba una idea de las grandes propiedades rurales que existen en la provincia: entre 1998 y el 2002 se desmontaron 194.386 hectáreas, cifra que se incrementó a 414.934 entre el 2002 y el 2006.

El libro de Miguel Bonasso “El Mal” (Edit. Planeta. 2011, pág. 262) también aporta cifras. Lo hace al relatar los pormenores de la aprobación de esa ley y recuerda que una de los hechos que aceleró la misma fue lo ocurrido en noviembre de 2007 en nuestra provincia: el gobernador Romero a días de dejar el poder aprovechó la demora en el Senado para autorizar el desmonte de 478 mil hectáreas de bosques nativos en beneficio de terratenientes argentinos y texanos.

La era “U” no frenó el proceso aun cuando, en diciembre de 2008, el mandatario impulsó la ley provincial de Ordenamiento Territorial tal como exigía la Ley de Bosques nacional. La ley salteña incluyó una trampa: el artículo 17 contemplaba la recategorización de zonas pero omitía “explicitar la prohibición de cambios hacia abajo (es decir de una categoría de mayor conservación a una de menor conservación) expresada en el art. 9 de la Ley 26.331 nacional”. La trampa luego fue subsanada tras la denuncia de los auditores pero el desmonte ilegal de propiedades que concentran miles de hectáreas ya se había concretado.

La extranjerización de la tierra salteña también es noticia desde el año 2012. Varios artículos publicados por este medio dieron cuenta del proceso: “Tierras de nadie, tierras de otros” (3/9/2012) utilizó datos provisorios para informar que casi 335 mil hectáreas rurales salteñas estaban en manos extranjeras, ubicando a la provincia en el segundo puesto nacional de extranjerización después de La Rioja. Un año después, el artículo “La Salta gringa” (28/7/2013) reiteró la información a partir del relevamiento oficial del Registro Nacional de Tierras Rurales presentado por la presidenta Kirchner: de casi 16,5 millones de hectáreas rurales salteñas, 1,8 millones estaban en manos extranjeras lo que suponía un porcentaje de casi el 11%, cuando en el resto del país ese porcentaje no llega al 6%. En octubre del presente año, otros datos vinieron a sumarse a los ya difundidos. El Registro Nacional de Tierras Rurales identificó los departamentos donde las proporciones de extranjerización superaban el 15% permitido por la ley: Molinos, San Carlos, Cafayate, Guachipas, La Viña, Chicoana, Cerrillos, General Güemes y Orán figuraban entre ellos.

Más regresión

El fenómeno, por supuesto, vino acompañado de un incremento de los precios del suelo en Salta que en nada se ven reflejados en la lista de revalúo que el Estado provincial presenta como un logro. Una obvia conclusión se impone: la política tributaria provincial es decididamente regresiva por premiar con una baja carga impositiva a quienes acumulan, retienen y especulan con la tierra.

Grandes propietarios que, además,  están exentos del impuesto a las actividades económicas que representara en 2016 el 86,66% ($ 4.793.880.790) de los recursos tributarios provinciales. Grandes propietarios que también están exentos del pago del impuesto a los sellos que el año próximo aportará el 8% ($ 443.718.282) de la recaudación propia del Estado salteño.

¿Si los capitales importantes están exentos, quienes efectivizan el pago de esos tributos? La respuesta es fácil: los de siempre. Pequeños y medianos comerciantes; los profesionales con algún estudio jurídico, médicos o psicológicos; los inquilinos de cualquier tipo; los miles de trabajadores precarizados y hasta pasantes de la administración pública que deben firmar un contrato de trabajo que incluye el pago del impuesto a los sellos; e incluso los empleadores no rurales que en concepto de Cooperadora Asistencial tributan el 2% del salario bruto por cada empleado que posean y que en conjunto, en el año 2016, aportarán 259 millones de pesos.