Las promesas de Macri a los pocos sindicalistas a los que les atiende el teléfono. Les informó que tras una revisión de los contratos, reactivaría la obra pública. Ratificó que un proyecto de ley para actualizar Ganancias ocupará un lugar de preferencia en el Congreso.
Mauricio Macri no tiene amigos en el sindicalismo. Pero sí tres o cuatro dirigentes con quienes habla en confianza y les levanta el teléfono. A uno de ellos, el Presidente confió que el Gobierno está próximo a dar por terminado el período de auditorías, verificación de deudas y reconocimiento de las reparticiones públicas, que emprendió desde su llegada al poder, hace poco menos de dos meses. Esto significaría, de ser así, el restablecimiento de la cadena de pagos a los proveedores del Estado y la ejecución de créditos vitales para la obra pública; ambas hoy semiparalizadas.
En esos diálogos informales, el líder del PRO ratificó además que un proyecto de ley redactado por especialistas de la AFIP para actualizar Ganancias ocupará un lugar de preferencia para ser tratado cuando se restablezcan las sesiones ordinarias del Congreso, en marzo. Se trata de una iniciativa por la que la dirigencia sindical viene bregando hace años sin resultados. En cualquier caso, varios gremios, como los de Transporte por ejemplo, han salido ahora a reclamar la modificación de Ganancias con una condición: que cualquier reforma sancionada sea retroactiva a diciembre.
Respecto de la obra pública, voceros del gremio de la Construcción (Uocra) señalaron a Infobae que los emprendimientos del Estado están funcionando a un «veinte por ciento de sus posibilidades». Esta situación anómala ha determinado que se hayan vuelto moneda corriente la toma de obras en «defensa de los puestos de trabajo». En varias, la abrupta caída de la actividad ha determinado que a los trabajadores del sector les adelanten vacaciones.
El obligado parate lo sufren todos los emprendimientos: la construcción de viviendas y de rutas, las obras de energía y también las de alta tensión, etc. Esta situación puede advertirse en toda su dimensión en aquellas obras financiadas con créditos chinos, que tienen la particularidad de estar concatenados unos con otros. Se para una, se paran todas.
«Estamos con esta situación justo en esta hora del país, que reclama más que nunca potenciar los corredores productivos», dicen en la Uocra, donde cunde el temor por la revisión de empleos públicos. Ayer mismo, la seccional porteña de esa organización marchó al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo de «despidos injustificados». Repudiaron también la paralización de obras del complejo habitacional Castañares, en el Bajo Flores.
También en el campo de la salud, el macrismo busca acabar con la tarea de desentrañar la herencia recibida. A cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud (el organismo que regula la actividad de las obras sociales), el sanitarista Luis Scervino es otro de los funcionarios que prefiere mantenerse en silencio hasta tanto no pueda determinar con precisión dónde está parado. Como sea, ha trascendido que los K dejaron el tendal, por culpa de una gestión deficitaria, caracterizada por recursos mal usados, en el marco de una política donde por años se privilegió a los gremios «amigos» en perjuicio de aquellos que no eran kirchneristas.
«Fuera de los aciertos o errores del Gobierno, Macri acepta las posiciones del movimiento obrero, no se mete con nosotros. Tiene un estilo nada peronista que se puede discutir… Pero nada que ver con el nivel de intromisión que tenía el kirchnerismo con cada organización gremial», apuntó a este medio uno de los pocos secretarios generales que sabe llamar al Presidente y ser atendido sin más trámite.
No es un secreto para nadie que el gobierno de Cristina manejó a su antojo los fondos de las obras sociales, que dicho sea de paso no pertenecen a sus responsables, sino a los trabajadores que con su aporte las sostienen. Se calcula que esa deuda alcanza a unos 30 mil millones de pesos. Está por verse cómo se dirime el entuerto. Por lo pronto, el Gobierno busca agilizar los pagos a los hospitales públicos, abocados a la atención de todo el mundo, incluidos aquellos que atienden su salud en obras sociales o en institutos de medicina prepaga.
Mientras la administración macrista paga el precio de su inexperiencia para manejar el zafarrancho que dejó el kirchnerismo, los gremios buscan aglutinarse como pueden. A decir verdad, no pueden demasiado. ¿O en el fondo no quieren la unidad? El que por estos días busca juntarles la cabeza a todos es el gastronómico y jefe de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, que cada verano organiza una cumbre sindical en Mar del Plata.
La cita, si se hace, sería el jueves que viene en el hotel Presidente Perón de aquella ciudad balnearia. Hugo Moyano, titular de la CGT Azopardo, dijo inicialmente que asistiría, pero sus colaboradores revelaron a Infobae que el entusiasmo del camionero fue decayendo los últimos días, al punto de no saber con seguridad qué va a hacer.
Moyano es un dirigente siempre temeroso de verse envuelto en movidas que desde algunos sectores puedan ser vistas como disolventes. Y ahora mismo, las encuestas le dicen que sigue siendo muy alto el nivel de aceptación a la gestión de Macri; un dato que, en nombre de la «prudencia», no pierde de vista ningún dirigente sindical.
«La realidad es que no figuramos en la agenda del Gobierno. Y cuando algún funcionario se acuerda del sindicalismo, como (Alfonso) Prat-Gay, es para decirnos que no seamos imprudentes… Yo le preguntaría si él llama imprudencia a la actitud que tuvo Moyano con los camioneros de Mar del Plata», se quejan los moyanistas.
¿Qué hizo Moyano? Fue insólito: la semana pasada, el caudillo de los camioneros facilitó 25 millones de pesos, del gremio presumiblemente, para evitar que los recolectores marplatenses hicieran un paro en plena temporada, por la falta de pago de sus salarios. La idea de llamar a Moyano se le ocurrió al intendente Carlos Arroyo, cuando la ciudad ya estaba casi tapada por la basura. La plata fue en auxilio de la empresa 9 de Julio SA. Si al momento del «préstamo» hubo suspicacias, éstas se redoblaron cuando se supo que a esa firma, a la que algunos vinculan comercialmente con Moyano, le fue renovada la concesión por ocho años.
Tampoco dan señales de querer concurrir al pie de Barrionuevo los gremios cristinistas de la CGT de Antonio Caló, ahora en pleno romance con la CTA del docente Hugo Yasky. La flamante entente está ahora enfocada en alentar al titular de Suteba, Roberto Baradel, para que reclame en las estratégicas paritarias de los maestros bonaerenses un piso de entre 35 y 45 por ciento de aumento; muy por encima de lo que pretende ofrecer la gobernadora María Eugenia Vidal.
Fuente: Infobae
