El juicio oral y público contra la exdirectora de Asuntos de la Mujer y Diversidad de Tartagal, Carla Antonella Cordero, comenzó tras la decisión de la jueza de revisión, Mariela Catalano, quien consideró que existen pruebas suficientes para elevar la causa. Junto a ella serán juzgadas sus excolaboradoras Celeste Abigail Robles y Sandra Mabel Domínguez, acusadas como coautoras de concusión agravada por haber exigido dinero a beneficiarias del programa Acompañar, destinado a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género. También está imputado Lautaro Tomás Hurtado, hijo de Domínguez, señalado como partícipe necesario.

Según la acusación, las funcionarias pedían a las mujeres un retorno de 10 mil pesos para permitirles ingresar al plan, bajo amenaza de dar de baja el beneficio en caso de no cumplir con el pago. El fiscal federal Marcos Romero, a cargo de la Sede Descentralizada de Orán, sostuvo que los hechos investigados configuran un delito contra la Administración Pública, con una pena estimada de hasta cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos.

En la audiencia preparatoria, las defensas intentaron desestimar la evidencia reunida, solicitar el sobreseimiento y cuestionar la calificación penal. Sin embargo, la jueza rechazó sus planteos, señaló que la valoración de las pruebas corresponde al debate y coincidió con la fiscalía en que los elementos recolectados son “fuertes y objetivos”.

El caso se inició a fines de 2022, tras varias denuncias: la primera realizada por una beneficiaria del plan, luego otra mujer que pidió reserva de identidad, un grupo de concejales de Tartagal y hasta una diputada nacional por Salta. La difusión en medios locales y redes sociales aceleró las actuaciones preliminares, que incluyeron allanamientos, levantamiento del secreto bancario y pedidos de informes a distintas instituciones.

Las pesquisas confirmaron que las funcionarias imputadas y familiares directos figuraban en la nómina de beneficiarios del programa. Además, se detectaron transferencias de dinero desde beneficiarias hacia cuentas vinculadas con Cordero, Robles, Domínguez y al propio Hurtado, quien también habría recibido pagos en efectivo. Según la fiscalía, si las mujeres dejaban de entregar el dinero exigido, se les bloqueaba el acceso al plan mediante la manipulación de sus datos en el sistema.

Con la elevación a juicio confirmada, el proceso se enfocará en determinar responsabilidades y establecer si las imputadas utilizaron su cargo para lucrar a costa de un programa nacional que debía garantizar la autonomía económica de mujeres y personas LGBTI+ en contextos de violencia. El debate oral será clave para esclarecer el funcionamiento de la maniobra y el grado de participación de cada acusado.