Tras un nuevo hecho de abuso de la fuerza por parte de policías, esta vez en Tartagal, se llamó a reunión de la «Comisión Provincial contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos», o degradantes; organismo que, aunque usted no lo crea, existe.
El sábado pasado miembros de la policía tartagalense fueron denunciados por familiares de los jóvenes que en esta ocasión resultaron víctimas del abuso azul. Según las declaraciones los changos iban a comprar gaseosas cuando fueron detenidos por una patrulla de la que se bajaron los uniformados inquiriéndolos para que entregaran unos elementos supuestamente robados momentos antes. El resto cada uno lo puede imaginar.
Al parecer esta fue la gota que derramó el balde, porque Carlos Lezcano, representante del Colegio de Abogados, instó a una nueva reunión del comité contra la tortura (en su forma abreviada) porque no son pocos los casos denunciados en los que los azules alrededor de la provincia hacen un uso indebido de la fuerza y de uniforme, en muchos casos contra jóvenes.
La comisión fue creada hace dos años y ahora integrada por representantes de la Corte de Justicia, del Ministerio Público, de la Legislatura, del ministerio de Derechos Humanos, del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas, del colegio, la UNSa y de organizaciones de Derechos Humanos provinciales.
En dos años al parecer no se hizo demasiado si es que tenemos en cuenta que según datos de la Fiscalía de Asuntos Policiales, durante el 2012 las causas por apremios llegaron a 774 mientras en el 2013 la cifra subió a 1.474.
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