Mientras el gobierno sufría su tercera derrota seguida en el Congreso (rechazo a la manipulación electrónica del voto, emergencia social y reforma del impuesto a los altos ingresos), el asesinato en una cárcel de Jujuy de un preso cuyo tío no colaboró en la persecución a Milagro Sala marcó la agonía del Estado de Derecho en uno de los distritos que gobierna la Alianza Cambiemos, esbozando un amanecer sombrío para su segundo año en el poder mientras la economía no despierta del letargo recesivo.
El martes, el Servicio Penitenciario jujeño informó que el detenido Nelson Mariano Cardozo, de 21 años, se había ahorcado en la cárcel de Villa Gorriti. Pero sus compañeros de cautiverio tenían motivos para descreer de esa versión, pidieron explicaciones y recibieron golpes, gases y balas de goma, igual que los familiares de muchos internos que ante las noticias inquietantes se habían concentrado frente al penal.
La autopsia de Cardozo reveló que lo habían matado a golpes y que las marcas de estrangulamiento habían sido realizadas sobre su cadáver para simular el suicidio. No era un preso cualquiera. Su tío, Alberto Esteban Cardozo, había denunciado que el sábado 27 de octubre de 2007, Jorge Rafael Páes y el Chato Alberto Avila intentaron matarlo a tiros. Los disparos hirieron en el abdomen a Soraya Pamela Belen Centellas, una nena de 11 años que hacía las compras en una carnicería próxima. Páes y Avila estuvieron años prófugos. Según diversos testimonios, se trató de un enfrentamiento entre dos grupos de 20 a 40 personas, por razones familiares, futboleras y políticas: Avila también es sobrino de Cardozo, ambos formaban parte de bandos enfrentados en la hinchada de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y militaban en agrupaciones distintas en el justicialismo local, que dirimirían en las elecciones del día siguiente, domingo 28 de octubre.
Grupo de familia
En noviembre de 2010 el juez Raúl Gutiérrez procesó a los prófugos por lesiones culposas y abuso de armas, calificación que la Cámara de Apelaciones cambió por la de homicidio simple en grado de tentativa. Avila fue detenido en marzo de 2015. La causa tomó un giro distinto a partir de la asunción del gobierno de los contadores Gerardo Morales y Carlos Haquim, en diciembre de 2015. Al mes siguiente ingresó al expediente una escucha telefónica a la hija de Páes, Jésica Silvana. El 15 de enero de este año, la mujer le dice a Páes que habló en la plaza con Mili o La Flaca, quien le prometió darle dinero para dos meses de alquiler. Un nuevo juez, Pablo Pullen Llermanos, ordenó la detención de Milagro Sala por encubrimiento. Páes fue detenido el 15 de febrero en Tartagal. Pero en su declaración indagatoria del 26 de febrero, Páes dijo que el día anterior al tiroteo, en una reunión realizada en el domicilio de Milagro Sala, con su esposo Raúl Noro, Ávila, Augusto Choque (a quien llaman El Peruano) y “varios más que no recuerda”, la dirigente de la Túpac Amaru mandó “a limpiarlo a Beto Cardozo”. Agregó que él no quería pero Milagro lo amenazó con la pérdida de su trabajo y dijo que le pagaba a Ávila con una casa; que durante el trayecto trató de convencer a Ávila de no hacerlo; que él iba sin armas y que muerto de miedo se agachó “en el asiento del acompañante, escondido”. La disculpa de Páes también incluyó que “vivimos en el barrio de la Tupac, rodeados de los matones que hacen cualquier cosa por unos pesos”. Cardozo es dirigente de la organización social Tekuré, que entonces estaba enfrentado con la Tùpac Amaru y ahora es su aliado.
Avila negó la existencia de la reunión, de la cual no se produjo otra prueba que la indagatoria de Páes, sin juramento de decir verdad porque estaba procesado, pese a lo cual el juez sostuvo que era una “declaración testimonial”. Ávila dijo que la casa la había comprado un año antes, con un préstamo de su suegro y la venta de dos motocicletas. Incluso pidió ser careado con Páes para establecer quien mentía. Al fiscal Diego Cussal y al juez Pullen Llermanos les bastó el descargo del procesado Páes para cambiar la calificación de homicidio simple a homicidio agravado por pago o promesa remuneratoria y procesar a Ávila como autor y a Milagro Sala como coautora, mientras desvinculaban al ahora colaborativo Páes, pese a que estuvo presente en el momento del supuesto encargo, acompañó a Avila y escapó con él. Pese a que varios testigos, entre ellos el policía Gastón Brajeda, dijeron que también Páes había disparado, Pullen Llermanos le concedió primero la prisión domiciliaria y luego lo sobreseyó. El 26 de abril Pullen Llermanos ordenó la detención del denunciante, Beto Cardozo, a quien también procesó porque según otros testigos, se defendió a tiros de quienes querían matarlo. El caso sigue una pauta recurrente en la Jujuy de Morales, donde a cada uno se le permite elegir entre ser acusador o acusado:
- En enero de este año varios cooperativistas imputados por defraudación con los planes de vivienda para acusar a Milagro Sala declararon en contra de sí mismos y así fueron excluidos de la persecución judicial.
- La senadora Liliana Fellner reveló que el contador Morales la conminó a votar el acuerdo con los fondos buitre porque de otro modo también serían procesados los intendentes justicialistas cuya firma era imprescindible para certificar el avance de la construcción de viviendas y permitir el pago.
- La diputada Mabel Balconte, procesada igual que Milagro Sala por asociación ilícita y defraudación, pagó su libertad y la de sus hijos acusando a Milagro Sala, transacción que quedó al descubierto cuando ingresó dormida al Hospital de San Pedro con una sobredosis de barbitúricos por la tensión padecida ante la alternativa que enfrentó.
El registro de la justicia electoral indica que Pullen Llermanos está afiliado a un partido político en Jujuy y si bien no consigna a cuál, en su perfil de Facebook el justiciero jujeño declara su agrado por el presidente Mauricio Macrì, con foto incluida.
La intromisión foránea
El viernes el diario regional El Tribuno publicó una solicitada firmada por las instituciones representativas del poder económico jujeño. La Unión Industrial, la Unión de Empresarios, la Sociedad Rural, la Cámara del Tabaco, la Cámara Minera, la Unión de Cañeros, la Cooperativa de Tabacaleros, el Consejo de Ciencias Económicas, el Colegio de Abogados y Procuradores y el Colegio de Escribanos de Jujuy denunciaron la “intromisión o avasallamiento del derecho interno del país” por parte de los organismos internacionales, sin “un exhaustivo conocimiento previo y debidamente informado de las causas en juzgamiento”. Añaden que el gobierno lleva adelante un proceso de pacificación y diálogo por lo cual reclaman “resguardar nuestra institucionalidad para mantener la paz y la concordia de los jujeños”. Entienden que Milagro Sala está detenida por delitos comunes y graves por “nuestro Poder Judicial, cuya independencia debe defenderse” y que considerarla presa política mueve a escándalo. Este texto que invoca la “libre determinación de los pueblos” como basamento del orden mundial, está escrito en el estilo con que hace cuatro décadas las organizaciones patronales respondían a la denominada campaña antiargentina, como llamaban a las denuncias por las violaciones a los derechos humanos del terrorismo de Estado. Ya en 2009, el entonces senador Morales presentó un pedido de informes sobre la Túpac Amaru, en cuyos considerandos sostuvo que mediante la protesta y la movilización por “los intereses de los sectores más desprotegidos” la Túpac Amaru ejercía “una suerte de contrapeso relativo de los poderes económicos en la práctica política. Por ejemplo, los gobernadores apelan a los reclamos sociales como excusa para negociar mejor frente a los actores más influyentes de la política local”. Irónicamente, en la semana del asesinato en la penitenciaría, Morales celebró el primer año de su gobierno con una ceremonia realizada el viernes con la consigna Paz, Unión y Libertad Civil, que explicó como libertad de transitar por las calles, primicia que atribuye como las cámaras patronales a la detención de Milagro Sala. Morales sostuvo que ni la ONU, ni la OEA ni la CIDH habían refutado “ni una de las razones de la causa que tengamos presa a Milagro Sala”, en sincera primera persona. Ante apenas unos miles de personas, exhibió la reconstrucción del bipartidismo que Milagro Sala había puesto en crisis, al rodearse de 20 de los 21 intendentes y 35 de las 39 comisiones municipales. Poco antes había recibido a la dirigente de un “Centro de Atención a las Víctimas de Milagro Sala”, Soledad Mendoza, quien reveló que también habían visto al ministro de Justicia Germán Garavano. “Cuando fuimos víctimas de la violencia, de las golpizas, del amedrentamiento y atropello de Sala, no se formó ningún comité, ni desde la ONU vinieron a defendernos”, recitó. El obispo de Jujuy, Daniel Fernández, apoyó la convocatoria y el presidente del radicalismo provincial, Mario Fiad, repudió “las presiones externas y amenazas a las instituciones jujeñas”. Estas invocaciones a la soberanía provincial, desconociendo los tratados internacionales que obligan a la Nación Argentina y que desde 1994 tienen jerarquía constitucional, superior a la de las leyes, son propias de un núcleo oligárquico que no mira más allá de sus intereses pero sorprenden en el gobierno nacional, que representa a la Argentina ante la comunidad internacional. Esto no ocurre por falta de medios de presión sobre el contador Morales. El gobierno jujeño financia el 87 por ciento de su presupuesto con transferencias del Estado Nacional por el régimen de coparticipación federal. Además, Jujuy encabeza el ranking de transferencias extraordinarias, discrecionales del Poder Ejecutivo desde que asumieron Morales y Macrì. La libertad de Sala fue pedida al Estado Nacional por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero Morales dijo que no la liberaría y Macrì lo respaldó aduciendo que está bien detenida porque muchos piensan que cometió graves delitos. A esta persecución, iniciada en defensa de la gobernabilidad de Morales según confesó su aliado Ernesto Sanz, se suma ahora el riesgo no sólo para la libertad sino también para la vida de quienes se opongan a sus designios. Para revestir estas agresiones a la convivencia democrática de la jerga tecnoburocrática que legitima las peores arbitrariedades, el gobierno jujeño recurrió al fiscal anticorrupción Joaquín Millón Quintana, de 36 años, quien recorre los medios de difusión nacionales defendiendo las decisiones de una justicia provincial subordinada al poder político. El último invento de ese dispositivo autoritario de poder, expuesto por el juez Pablo Pullen Llermanos, es que Milagro Sala encabeza “el crimen organizado en Jujuy”. Macrì había dicho antes que se trataba de una organización armada y Millón Quintana la denominó organización mafiosa. Al mismo tiempo, el gobierno nacional firmó acuerdos con Estados Unidos para combatir el terrorismo y anunció que está preparando una reforma de la denominada ley antiterrorista. Uno de sus objetivos es suprimir la salvedad que por reclamo del CELS introdujo la ex presidente CFK: sólo se aplica a “actos de terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales” y excluye “de cualquier intención criminalizante los hechos de protesta social”, que están dirigidos a “reclamar por derechos individuales o colectivos”. Aun cuando esos reclamos transgredieran la ley penal, “no dejarían de constituir el ejercicio de un derecho constitucional”. Contra esa reserva se pronunció el viernes el gobernador de Chubut Mario Das Neves en una denuncia penal contra diversas organizaciones de la resistencia Mapuche y su lonco, Facundo Jones Huala, a quienes su ministro coordinador Alberto Gilardino menciónó como guerrillero. La intención de criminalizar los reclamos sociales y políticos como actos terroristas unifica al gobierno nacional con el radical-renovador de Jujuy y el justicialista berreta de Chubut.
Millón Quintana, quien trabajó en la Auditoría General de la Nación con el auditor radical Alejandro Nieva, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba, obtuvo el doctorado en derecho y un magister en derecho constitucional en la de Palermo y una maestría en Teoría del Derecho en la New York University School of Law, cuando allí era profesor de Derecho Global el flamante ministro de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz. Es profesor de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho en las universidades de Palermo y San Andrés y ha dictado conferencias en la Universidad de la Sabana, en Bogotá, regida por el Opus Dei. Todo esto no le ha bastado para comprender algunos conceptos básicos del derecho internacional. En los últimos reportajes concedidos en Buenos Aires, que la página oficial de la Cancillería reprodujo en signo de apoyo del Estado Nacional, Millón cuestionó a las organizaciones no gubernamentales que presentaron el caso ante la ONU y la OEA (Amnistía Internacional, el CELS y Andhes) porque habrían llevado opiniones de izquierda y no pruebas de las causas, que los comisionados recién conocerán cuando visiten el país. Estas organizaciones presentaron la denuncia y no les compete a los denunciantes sino al Estado aportar todos los elementos en defensa de su posición. Así lo hizo, pero no fue convincente y ambas resoluciones concluyeron que la detención era arbitraria y debía cesar, por el principio de inocencia hasta que un juicio por jueces independientes e imparciales determine por medio de un debido proceso la culpabilidad del acusado. Millón Quintana también alegó que ninguna de esas decisiones era vinculante, ignorando que tanto el Tratado de Viena sobre el Derecho de los Tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos obliga a los estados signatarios a cumplir con las decisiones que emanan de ellos y de sus órganos de interpretación. En su gestión como propagandista oficial, Millón mencionó como pruebas contra Milagro Sala el hallazgo en su casa de una máquina de contar dinero (que hasta el corte de los recursos oficiales se usaba en la sede central de la Tupac Amaru para preparar los sobres de los sueldos que se pagaban) y de una serie de bolsos, en los que según la denuncia de la arrepentida Balconte se trasladaban sumas millonarias a la residencia presidencial de Olivos. El argumento mueve a risa, de solo imaginar que por economizar el costo de veinte bolsos los regresaban vacíos a Jujuy para volver a usarlos. La impresionable justicia jujeña dio por buena la declaración de Balconte, cuando comprobó un viaje a Buenos Aires y una reserva de alojamiento en un apart hotel porteño en la fecha mencionada por la imputada arrepentida, pero nada sobre el supuesto dinero transportado. Entre las pruebas que las ONG denunciantes habrían ignorado, Millón menciona la filmación en la que un grupo de cooperativistas hace efectivos cheques en un banco de Jujuy, en la primera semana de diciembre del año pasado. Lo que no dice es que se trataba de un adelanto financiero del 20 por ciento de una nueva obra, que debía rendirse en un mes, con la certificación de comienzo de los trabajos, cosa que no ocurrió porque el 16 de enero Milagro Sala fue detenida junto con otros cooperativistas por el acampe en la Plaza Belgrano, con lo cual el contador Morales desarticuló el mecanismo de funcionamiento de la organización, muy distinto del de la empresa privada. Este episodio muestra los límites de la estatalización de los movimientos sociales, según la definición del Frente de Izquierda y los Trabajadores.
Dentro de los desatinos oficiales, Macrì rechazó cualquier comparación con el caso del opositor venezolano Leopoldo López, cuya libertad fue solicitada por los mismos organismos y con idénticos argumentos a los que usaron con respecto a Milagro Sala. La persecución a López es política, no hay cargos de corrupción, dijo el presidente argentino, argumento que esta semana fue retomado por el columnista de La Nación Carlos Pagni. En el mismo sentido, el editor de Clarín Ricardo Roa dijo que no había habido pronunciamientos del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en favor de los presos venezolanos ni de la CIDH sobre Cuba. El énfasis que se ponga en una afirmación falsa no la volverá verdadera y sólo demuestra la ignorancia de quien la sostiene.
La Corte Interamericana condenó en 2011 a Venezuela por violación al debido proceso de López, quien fue juzgado y condenado en dos casos de corrupción a multas por casi cinco millones de dólares e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por seis años. En el primer caso, Pedevesa, donde López era analista económico, realizó donaciones por 85 millones de bolívares a la Asociación Civil Primero Justicia, de la que López era miembro fundador. La madre de López autorizó las donaciones, como gerente de Asuntos Públicos de Pdvsa, lo que fue definido como un “conflicto de intereses”. Como alcalde de Chacao, fue condenado por desviar fondos hacia una finalidad diferente a la que la ley establecía para esa partida presupuestaria.
En junio de este año, el Secretario General de la OEA cuestionó ante el Consejo Permanente la situación venezolana, apoyó el reclamo opositor de un plebiscito revocatorio este año, el reemplazo del tribunal de justicia, la liberación de los presos políticos, la creación de una oficina anticorrupción independiente y la aplicación de la Carta Democrática, lo cual le valió una dura réplica del ex presidente José Mujica, de quien había sido canciller. La Comisión Interamericana fue creada en 1959, como respuesta a la revolución de los barbudos y desde entonces Cuba ha sido su objeto principal, con informes anuales del llamado Capítulo IV, que luego de la elección de Hugo Chávez se extendieron a Venezuela y que no se dedican a ningún otro país miembro. Esta direccionalidad recién se modificó en 2013, de modo que cada año se elijan países distintos. Pero también con la nueva normativa, Cuba y Venezuela fueron seleccionados. El informe del año pasado señala “violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos” en la isla. El del año anterior, sobre Venezuela, menciona una violación grave de las instituciones de la democracia representativa prevista en la Carta Democrática, que son medios fundamentales para la realización de los derechos humanos”. Es decir que la similitud con el caso de Sala es indisimulable.
El primer juicio
El jueves 15 comenzará en San Salvador el primer juicio contra Milagro Sala, por denuncia de Morales cuando era Senador. El 16 de octubre de 2009, mientras daba una conferencia en el Consejo de Ciencias Económicas de la Capital, Morales fue interrumpido por Ramón Salvatierra, Graciela López y otras personas que arrojaron sillas y huevos y entonaron consignas críticas sobre su gestión. Milagro Sala recién fue vinculada un año después con el episodio, del que no participó. Como de costumbre, por dichos de terceros. Morales constituido en querellante presentó al matrimonio formado por los cooperativistas René Orlando Arellano y Cristina Noemí Chauque, quienes el 13 de agosto de 2010 declararon que Milagro Sala era violenta y que durante una reunión en su casa, les exigió que agredieran a Morales. Como se negaron, los amenazó. No faltan detalles pintorescos. Según su versión, Sala les dijo que “les daría para los huevos”, lo palpó en los genitales para ver si tenía armas e “hizo que le besen los pies, que la llamen Mami”. Es decir, como en el caso del tiroteo, ninguna prueba directa, sólo dichos de terceros que se presentan mucho después y que no fueron comprobados. La calidad del testigo no es la mejor. Como se sentía en peligro, Arellano pidió custodia. Como Morales era senador nacional, intervino la justicia federal, que dispuso una custodia para el testigo. El informe de la Policía Federal no lo favorece: un día se toma a golpes con su hermano, luego de un incidente de tránsito agrede a su hijo y a un colectivero, alcoholizado porta armas para las cuales no tiene autorización, grita y pega a cualquiera. ¿Qué dirán los señores de las fuerzas vivas que firman la solicitada cuando vean en acción a este único testigo que vincula a Milagro Sala con un episodio en el que no estuvo presente?
Fuente: Página 12
