Javier David presentó un proyecto que permite a los ciudadanos grabar videos y tomar fotografías durante el accionar policial para así resguardar derechos. Un proyecto curioso para las filas del romerismo por el perfil de izquierda de la propuesta. El contexto obvio es una provincia repleta de apremios. (F.A.)

A medida que la tecnología avanza el control exhaustivo sobre el accionar policial es una práctica cada vez mayor en diferentes partes del mundo. Se intenta obtener todas las evidencias posibles y controlar a los policías. En el mes de mayo se realizó en Londres una prueba piloto entre 500 oficiales que portaban una cámara digital en su uniforme. El aparato podía grabar hasta doce horas de video y los uniformados británicos tenían órdenes de encenderlo sólo cuando se enfrentaran a situaciones de gravedad. En tanto, en Estados Unidos, hace tiempo que algunos estados adquirieron dispositivos con cámaras en cascos, sombreros, cinturones y lentes de los policías con el mismo objetivo: llevar registro de los hechos y controlar que los uniformados no se excedan a la hora de hacer su trabajo.

En ese marco, el bloque del Frente Salteño de la Cámara de Diputados de la provincia presentó en los últimos días un proyecto para resguardar derechos durante procedimientos policiales. Se trata de una iniciativa que busca permitir a los ciudadanos grabar videos o tomar fotografías durante el desarrollo del accionar policial. La propuesta busca garantizar la seguridad de los implicados y evitar abusos por parte de los oficiales.

“Consideramos que poner la tecnología con la que hoy cuenta cada ciudadano como celulares, cámaras, y otros, al servicio de procedimientos claros, transparentes y legítimos, es un avance que permite mejorar y contribuir al correcto accionar policial y, obviamente, al resguardo de los derechos ciudadanos”, declaró Javier David quien agregó que “a diario se denuncian irregularidades por parte del personal oficial al momento de cumplir con su deber, ya sea por vejaciones o apremios ilegales”. “En la mayoría de los casos estas denuncias no prosperan por falta de pruebas o porque son falsas y queremos brindar esta herramienta para contribuir a la seguridad de todos”, completó.

Se trata de una maniobra curiosa para las filas del romerismo, por el perfil de izquierda que posee la propuesta, y porque es ineludible relacionar a ese arco político con las represiones policiales efectuadas durante la gobernación de Juan Carlos Romero.

Una provincia repleta de apremios

Salta tiene más policías por habitante (5,3/1000) que el promedio recomendado por la ONU (3,5/1000) y se instalaron 1500 cámaras de seguridad. Con todo, la tasa de delitos aumentó.

Los números oficiales sobre delitos en Argentina no se publican desde 2008, pero otros estudios y encuestas privadas aseguran su incremento. Es el caso del Índice de Victimización del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas (LICIP) de la Universidad Torcuato Di Tella, publicado en abril. El informe estima que el 41.1% de los hogares en cuarenta centros urbanos del país fue víctima de al menos un delito en los últimos doce meses. Y que de cada cien hogares, 27 sufrieron al menos un robo con violencia.

Por su parte, el número de denuncias por apremios ilegales en Salta crece, sumando más de 2200 en los últimos dos años (774 en 2012, 1474 en 2013), según un informe firmado por Gustavo Vilar Rey, Fiscal de Causas Policiales. A fines de mayo, estos datos obligaron al ministro de Seguridad, Alejandro Cornejo D’Andrea, al jefe de Policía, Marcelo Lami, y al secretario de Seguridad, Carlos Oliver, a reunirse con los diputados provinciales para explicar la situación.

En la reunión, Cornejo D’Andrea aseguró que la sociedad salteña no cumple con las normas y en muchas ocasiones provoca a los oficiales. Por el mismo camino transitó el discurso de Lami, quien indicó que en los últimos años “se ha victimizado al victimario y se puso como demonio al policía”. Lo cierto es que ante tantas denuncias, en el último año y medio sólo se sancionó a un centenar de oficiales y se cesanteó a 23.

La parte ambigua

El proyecto presentado por el Frente Salteño se encuentra en estado parlamentario, a la espera de un futuro debate en la Legislatura, y consta de ocho artículos. Tiene por objeto “el aprovechamiento y utilización de la tecnología durante el desarrollo de procedimientos policiales, a fin de brindar seguridad y resguardo tanto a los ciudadanos como a los miembros de la policía”. Asegura que “todo ciudadano tendrá derecho a realizar captaciones de video o fotográficas de los procedimientos policiales en el momento que los mismos se estén llevando a cabo, sean o no partícipes de los mismos”, y que el personal policial no podrá impedirlo, salvo excepciones.

El artículo 3º asegura que “no estará permitida la captación de videos o fotografías realizadas por algún ciudadano cuando la misma entorpeciere el desarrollo de un procedimiento policial o pusiere en peligro la integridad física y la salud de cualquier persona que se encuentre presente”. Se aclara que la decisión de prohibir el registro correrá por el encargado del procedimiento. Es decir que el criterio para considerar necesaria una prohibición estará a cargo de los mismos que el proyecto busca vigilar.

A pesar de que el proyecto aclara que se considerará falta grave impedir la captación por parte de particulares de fotografías o videos sin causa justificada durante un procedimiento policial, no hay garantías de su cumplimiento. La ambigüedad presentada en el artículo 3º (entorpecer el desarrollo de un procedimiento podría ser muchas cosas) jugaría a favor de la Policía. Algo que ya ocurre con el Código Contravencional de la Provincia, que posee expresiones como “ofensa al pudor de las personas” como motivo de detención, algo duramente criticado por organismos de derechos humanos y de igualdad de género de nuestra provincia.

El artículo 5º indica que el Poder Ejecutivo Provincial deberá arbitrar los medios para incorporar progresivamente a los móviles policiales y demás herramientas de trabajo del personal policial, la tecnología que permita la captación de imágenes de los procedimientos. El 7º expresa que los ciudadanos podrán aportar al Poder Judicial o al Ministerio Público las grabaciones de procedimientos policiales que hayan efectuado si lo considerasen necesario.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here