En la provincia de Salta la inestabilidad laboral es moneda corriente y afecta con mayor frecuencia a jóvenes profesionales. Muchos de los trabajos que ofrece la provincia son contratados a través del pago de servicio, exigiendo a los trabajadores ser monotributistas. (Guadalupe Macedo)
Los salteños trabajan privados de sus derechos laborales, muchos no tienen aportes jubilatorios, aguinaldo, obra social, garantías de protección sanitaria o jurídica. Según la investigación realizada por el Instituto de Estudios laborales desarrollo económico (lelde) de la Universidad Nacional de Salta y el Instituto Nacional de Estadísticas (INDEC) el 44,9% de la población económicamente activa se encuentra trabajando de manera precarizada. La edad de los trabajadores que viven esta situación es de 25 a 55 años. La provincia de Salta presenta alto índices de informalidad, siendo de las primeras en el país con empleados en negro.
La inestabilidad y precariedad laboral en la provincia se vio afectada por la pandemia donde desapareció un gran numero de empleos. Pero esta situación era previa a la crisis económica que se generó por la emergencia sanitaria de la COVID-19, dado que desde el año 2018 la provincia presenta altos índices de perdidas de vacante y de empeoramiento gradual de las condiciones locales de trabajo.
Según el INDEC la provincia de Salta presenta del total de la población una tasa del 60,5% de personas que cuentan con un empleo. De estas personas el 45,9% no goza de derechos laborales porque no cuenta con aportes jubilatorios ni seguridad social. A la vez debemos remarcar que, en la provincia, de las personas que trabajan de manera precaria un 26,5% debe trabajar más horas de las debidas teniendo una sobreocupación horaria.
Los sectores que presentan en la provincia mayor índice de informalidad son la construcción, el comercio, el servicio doméstico, los trabajadores del campo, profesionales de las ciencias sociales, humanas, de la salud y las actividades de la economía social.
El empleo joven es uno de los más precarizados ya que acceden a puestos que cobran menos del salario mínimo vital y móvil realizando una jornada laboral de 8 horas o más perdiendo las garantías laborales que la ley ampara.
Precarización del estado
Ministerios, programas, secretarias, centros de atención del estado tienen a sus trabajadores en malas condiciones laborales. Contratan a profesionales a través de convenios precarios. Se le solicita que sean monotributistas con contratos con plazos cortos.En estos convenios los trabajadores deben hacerse cargo de sus aportes jubilatorio, seguro de vida y obra social reduciendo el salario que le otorgan. En los últimos meses trabajadores del estado del área de la salud finalizaron sus contratos sin oportunidad de continuar ofreciendo sus servicios ya que solo estaban contratados por la contingencia sanitaria de COVID-19. Estas personas eran monotributistas por lo que no percibían garantías ni beneficios laborales, sumado al contexto social al que debieron enfrentarse estando en la primera línea en la lucha con el COVID-19.
Otro conflicto que se hizo eco en este tiempo son los trabajadores de las secretarías de Niñez y Familia y de Discapacidad que piden la regularización laboral.Son profesionales que se encuentran trabajando en estos dispositivos estatales hace más de 7 años con la condición de contratados. 560 trabajadoras y trabajadores se encuentran en situación de precariedad laboral donde deben hacerse cargo del pago de AFIP, tienen contratos de seis meses, sin paritarias.
«Hay operadoras precarizadas hace 7 años. En el hogar donde estoy somos 6. Hubo 5 psicopedagogas que firmaron contrato por 2 meses y se retiraron porque no les sirven $14 mil cuando pueden ganar más. La ministra nos prometió que iba a regularizar nuestra situación con un contrato, nunca pensamos que iba a ser con monotributo en el cual no dependemos de nadie y estamos prestando un servicio», dijo una trabajadora al Salta 12.
Otros lugares donde hay precarización laboral es en los Centros de Primera Infancia, donde trabajadores con mas de ocho años de antigüedad no están registrados y no tiene fecha para poder acceder a un puesto como planta permanente. Lo mismo sucede en la secretaria de discapacidad donde más de 200 empleados están sobre ocupados y con sueldos bajos. Sus trabajadores comentan que para poder acceder a un salario de $14000 deben trabajar tiempo completo, más de 80 horas semanales.Esta situación se replica en varios ministerios y programas perteneciente al gobierno donde toman a profesionales en contratos por tiempos cortos sobre explotándolos y sin garantías.
