La Comunidad Indígena Lule viene denunciando hace años las diversas maniobras empresariales, políticas y judiciales para quitarles sus territorios ancestrales. Por amenazas y aprietes denunciaron al administrador de la Finca, Enrique Clement. (Andrea Sztychmasjter)
No es la primera vez que la Comunidad Lule de San Lorenzo debe enfrentarse a los intereses de particulares que intentan especular con las tierras que están relevadas como de uso comunitario tradicional por la Ley 26.160 a través de la resolución 1.020 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En 2013 la comunidad denunció que la empresa La Ciénaga S.R.L. inició exploraciones en sus tierras con el fin de hacer usufructo del agua. Denunciaron que la empresa destruyó alambrados, depredó y extrajo árboles y plantas nativas, y desvió aguas superficiales y subterráneas sobre el territorio ocupado tradicionalmente por la Comunidad: el motivo; negocios inmobiliarios y la instalación de los barrios privados y el club de campo La Aguada.
A fines de febrero de este año desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que la Comunidad Lule era usurpadora y contaminadora de sus propios territorios: “La Delegación Fiscal de San Lorenzo lleva adelante distintas medidas en el marco de la investigación iniciada en 2016 por supuesta usurpación en la Reserva Natural de Uso Múltiple de Finca Las Costas, por parte de particulares e integrantes de la comunidad originaria Lule”, señalaron y agregaron que el fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio evalúa “más de 200 denuncias existentes y el impacto ambiental que la comunidad generaría en la zona”.
Miembros de la comunidad alertaron que detrás de las acusaciones contra el pueblo Lule existen intereses de particulares para usufructuar parte del territorio como el Fortín gauchos Joaquín Dávalos a quien buscan darle más tierras de las que ya posee en la zona y a la Fundación equinoterapia del Azul, además de los intereses inmobiliarios de privados.
Esta semana miembros de la comunidad se hicieron presentes en Ciudad Judicial para pedir que se desestime una cautelar dispuesta por la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial María Guadalupe Villagrán, en donde le impiden ampliar sus hogares o criar animales en sus territorios, esto en función a un amparo interpuesto por la Administración Pública Provincial por supuesto “impacto ambiental”.
“Empezaron a llegarnos las notificaciones de esto, no quieren que ampliemos nuestras casas nos dijeron porque nos acusan de contaminar cuando aquí en nuestro territorio construyeron hace unos años una cancha del Hockey club y todos los fines de semana se llena de gente, ese predio pertenecía a un señor también de la comunidad a quienes lo terminaron sacando”, manifestó una integrante de la comunidad y agregó que hace años cuando construyeron el barrio privado La Aguada desviaron los caños de agua para abastecer a terratenientes quitándoles a la comunidad el líquido elemento: “Se nos secaron las plantas, nos hemos quedado sin agua por ello y en aquel entonces al igual que ahora no hemos podido hacer nada porque vienen con la policía y amenazan a todos”, describió.
Según la “información” suministrada por el Ministerio Público también existen denuncias del administrador de Finca Las Costas, referidas a supuestos contratos de arriendo a terceras personas, quienes pagarían un canon mensual o anual a la Comunidad Lule. Al tratarse de una Reserva Natural de Uso Múltiple, tanto los arrendamientos como la posible venta de la tierra están prohibidos.
“Ahora pusieron una Delegación Fiscal aquí en San Lorenzo donde está el fiscal Ramos Ossorio para perseguirnos. Durante esta semana empezaron a notificarnos bajo amenazas”, mencionaron integrantes comuneros. Denunciaron que Clement Fernández, el administrador de la Finca, junto con personal policial se presentaron en las casas de siete integrantes de la Comunidad y les manifestaron que era obligación firmar la notificación de la orden de “no innovar” del Juzgado, con la amenaza de que si no lo hacían, en el futuro podían ser desalojados.
Por este motivo formalizaron una denuncia en la Fiscalía penal de San Lorenzo contra el administrador estatal de la Finca, Enrique Clement Fernández, por amenazas y aprietes a miembros de la Comunidad. Específicamente la denuncia radicada contra Clement señala que “Estos aprietes son constantes ya que el administrador recorre la finca con intenciones de que los habitantes le firmen un contrato de arriendo, lo cual implicaría desconocer la resolución del INAI. Volver atrás con el tema de la pertenencia de las tierras y reconocer a la provincia como propietaria, amenazando a quienes no poseen luz y agua corriente con que si no firman el contrato de arriendo, no les conectarán los servicios». Asimismo, señalan en la denuncia que el malestar en la Comunidad es general, por la forma en que se maneja Clement Fernández, «ya que irrumpe en las casas sin autorización de los moradores, sin tocar las manos, simplemente ingresa como si fuera su casa de manera prepotente».
Un administrador para los amigos
Las críticas recurrentes de la comunidad contra el veterinario Clement Fernández vienen desde hace tiempo. Antes de ser administrador de la Finca, nombrado durante la gestión del entonces gobernador Urtubey, Clement se desempeñó como Director General de Ganadería y producción animal y fue puesto en el cargo que hoy ostenta en 2016 cuando el ministro de Ambiente y Producción Sustentable era Javier Montero.
“Durante la gestión de Juan Carlos Romero nos dijeron que ‘no hagamos rancho’, durante la gestión de Urtubey que ‘no hagamos la casa grande’, ahora no nos dejan construir nuestras casas como queremos, con el fruto de nuestro trabajo, y encima amenazan con sacarnos”, manifestó otra integrante de Lule.
