Tras hacerse público un proyecto de ordenanza de organizaciones de la CTEP, que pretendía declarar el estado de emergencia alimentaria en el municipio, diferentes bloques políticos acordaron trabajar sobre uno ya presentado por la concejal Claudia Serrano. ¿Realmente existe un acceso en Salta a una alimentación saludable? (Juan Pablo Vázquez)

El lunes 6 de mayo la mesa provincial de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) dio a conocer un proyecto de declaración de estado de emergencia alimentaria en la capital salteña. El mismo, además del carácter declarativo, proponía distintos puntos de trabajo para abordar la problemática alimentaria actual entre los que se destacan la destinación del 5% del presupuesto municipal a programas alimentarios, la creación de la figura del Polo Alimentario en 39 asentamientos relevados por el RENABAP e instituir la figura de un consejo municipal de seguridad alimentaria y nutricional (CMSAN).

El fin de dicha iniciativa según Gustavo Mamani, referente de la organización Poetas Sociales, “es establecer en carácter de obligatoriedad el abastecimiento regularizado de alimentos a comedores y merenderos en funcionamiento”.  Esta distribución seria regulada por el CMSAN a través de los programas existentes y se haría hincapié sobre las barriadas censadas por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que estarían incluidos dentro de los nuevos polos alimentarios.

Réplicas de una crisis nacional

Noviembre de 2018 fue el marco en el que el bloque de diputados del Movimiento Evita dio presentación a un proyecto de ley que declarase la emergencia alimentaria en todo el territorio nacional. El mismo consistía en otorgar prorroga de la ley homónima sancionada en 2002.

Amparados en informes realizados por la Universidad Católica, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) y el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), que analizaban la situación de la pobreza, el precio de la canasta básica de alimentos y la inflación del país, los integrantes de dicho movimiento político dieron cuenta de la grave situación actual en términos socio-económicos que atraviesa la realidad de miles de familias.  

El INDEC, que encabeza la medición oficialista de datos con respecto a la pobreza, terminó dándole la razón a la oposición ya que según los resultados de su análisis en el segundo semestre de 2018 el número de personas pobres creció al 32%, en contraposición al 25,7% del mismo período de 2017. Esto quiere decir que aproximadamente 14 millones de personas en el país se encuentran bajo la línea de pobreza, lo que significa un incremento de 3 millones con respecto al año anterior.

Marcando una línea general esta legislación plantea medidas concretas de intervención estatal a través de la creación de polos alimentarios, la duplicación del presupuesto dedicada a las bocas de comida, el aprovisionamiento estatal a través de productos de pequeños productores, la realización de un mapeo en base a los registros de RENABAP y la confección de un registro nacional de comedores y merenderos. La presentación del proyecto fue replicada en todas las provincias y municipios, y su tratamiento se esta dando en múltiples legislaturas y concejos deliberantes.

Un antecedente similar

En el ámbito del Concejo Deliberante ya se había dado anteriormente la presentación de un proyecto de orientación semejante, presentado por la concejal del Partido de la Victoria, Claudia Serrano. Pero no tocaba los mismos puntos que el conjunto de las organizaciones, sino que presentaba una intención más de asesoramiento y relevamiento de datos de los recursos disponibles en la cooperadora asistencial.

La iniciativa de la edil tenía fecha de tratamiento para la última sesión, sin embargo, desde su bloque acordaron bajar la preferencia sobre su tratamiento a fin de consensuar puntos en común con el escrito de la CTEP, a fin de que ambos diseños de ordenanza no fueran contrapuestos.

La difícil situación salteña

El pasado 11 de abril, diferentes movimientos sociales se movilizaron hacia el Centro Cívico Municipal en reclamo por la falta de asistencia alimentaria hacia merenderos y comedores por parte del estado ante la actual crisis que atraviesa el país. 

Recibidos por el actual Secretario de Gobierno Municipal, Ricardo Villada, referentes sociales plantearon la necesidad establecer mecanismos que regulen la distribución de recursos alimentarios en los barrios de Salta, de manera legítima y equilibrada, además de garantizar un aprovisionamiento constante.

Entre los diversos reclamos presentados destacaban la falta de cumplimiento de provisiones, ausencia de control nutricional en los alimentos que se distribuyen y la falta de convenios con entidades que faciliten la adquisición de productos naturales y procesados. Padecimientos que hoy sufren las distintas bocas alimentarias de la ciudad que contienen a muchas familias y niños, y cuya legalización y reconocimiento fiscal ante el estado está atravesada por múltiples trabas burocráticas.

En palabras de Mamani, los alimentos que pone a disposición el gobierno se reducen a envasados y harinas. La ausencia de una articulación con mercados cooperativos como el COFRUTHOS, evita que se aprovechen miles de frutas y verduras que la entidad desecha diariamente. Además, cabe destacar que las provisiones que proceden del gobierno no cubren la totalidad de lo necesario para funcionar de los comedores y merenderos.

La que debe haber y lo que hay

Estela Ola, licenciada en Nutrición y titular de la catedra de Economía Alimentaria de la Universidad Nacional de Salta, considera “necesaria la declaración de la emergencia alimentaria, debido a que su fin es la protección de las poblaciones vulnerables y garantizar su acceso a los alimentos, además de promover el uso eficiente de los recursos disponibles”.

Para Ola los programas provinciales y municipales (como Alimendar), carecen de estudios de impacto, por lo que resulta difícil poder medir su efectividad. Además destaca que la mayoría se rigen bajo la lógica de la concientización pero no ponen a disposición recursos para la población en general.

Según la docente, la composición de la dieta a la que debe acceder una persona tiene que estar compuesta en un 50% de frutas y verduras, 20% de cereales y harinas, 10% de lácteos, 10% de carnes y huevos, un 5% de aceites y frutos secos, y por último en porciones lo mas mínima posibles dulces y grasas. Todo esto acompañado de 8 vasos de agua por día. Sin embargo, si comparamos esa distribución con los productos que brindan el gobierno y el municipio a través de la Cooperadora Asistencial, encontramos una casi nula presencia de alimentos naturales (frutas y verduras), carnes y lácteos; en tanto vemos una preponderancia de harinas, cereales, legumbres y alimentos de un nulo valor nutricional como gelatinas. Esta comparación deja entrever la ausencia de un equilibrio nutricional entre lo que tienen a disposición los sectores más vulnerables de población, que en muchos casos dependen en gran medida de este tipo de programas.

Salta es una de las provincias con los índices de pobreza más altos según el INDEC ( 4 de cada 10 salteños son pobres según datos oficiales), por lo que hoy una declaración de emergencia alimentaria no solo pone sobre la mesa una manera de palear la situación de crisis y déficit alimentario de la población, sino que regularizaría la vulneración de un derecho clave como lo es la soberanía alimentaria de los individuos, el poder decidir sobre el consumo propio y acceder de manera menos restrictiva a los alimentos. Es necesario reflexionar sobre el uso de las entidades que hoy tienen incumbencia en la problemática como la Cooperadora Asistencial y repensar su funcionamiento.