El siglo XX encontró a Salta con otros problemas, distintos pero iguales…

Por Karla Lobos

En función al Código de Minería creado en 1886, los Estados provinciales tenían la propiedad de los recursos mineros, con el derecho de otorgar concesiones en su territorio. Es así que la oligarquía salteña otorgó numerosos permisos de exploración en el norte provincial desde principios del siglo XX.

El Código no tenía en cuenta los plazos y los términos que regían la extracción de petróleo en particular, de ahí lo flojo de su aplicación. Eso alentó la acumulación de permisos con fines especulativos, especialmente en la zona en la que fue detectado petróleo: en la Quebrada de Galarza, 15 kilómetros al sur de Tartagal. Dentro de esta quebrada se encontraba el pueblo de General Mosconi y en la quebrada de Iquira, al norte de Tartagal, cerca de la actual localidad de Aguaray.

La localidad de Comodoro Rivadavia, al estar ubicada en un territorio nacional, permitió un despliegue de la exploración por parte del Estado central con menos dificultades que las que se presentaban en Salta, teniendo en cuenta la legislación vigente.

En sus comienzos, las características geográficas de la zona petrolera salteña, dificultaron las extracciones y fue la Standard Oíl Company la que se vio atraída por las potencialidades de la zona y comenzó a concentrar permisos de cateo, utilizando intermediarios que luego cedían a la compañía los derechos otorgados por el gobierno provincial.

En 1911, Salta suspendió temporariamente las concesiones a privados y creó una reserva de 460.000 hectáreas para ser exploradas por el gobierno nacional. Esto sucedió tras la asunción a la presidencia de Roque Sáenz Peña, proclive a priorizar la acción del Estado sobre los recursos petroleros. Pero poco después, la oligarquía salteña se asoció con la Standard Oíl y en 1918, mientras gobernaba Abraham Cornejo, de la Unión Provincial, se levantaron las restricciones y se anuló la reserva.

Como contexto, les cuento que en el mundo había terminado la Primera Guerra Mundial y como broche de oro había estallado la epidemia de gripe española, que llegó al puerto de Buenos Aires en setiembre del mismo año. Ese brote dejó un saldo de 2237 muertos, aunque la segunda ola, en 1919 fue seis veces mas letal. El País era gobernado por Hipólito Yrigoyen, quien intervino la provincia a través de Emilio Jiménez Zapiola, que continuó con el apoyo del gobierno provincial a la empresa estadounidense y le aceleró la gestión de permisos a través de intermediarios.

Hacia 1924, la extracción de petróleo no había comenzado, pero la Standard Oil ya había acaparado 563 concesiones por más de un millón de hectáreas en la provincia. Durante las presidencias radicales crecieron las tensiones entre la oligarquía provincial y el gobierno nacional, entre la Standard Oíl y la recientemente creada Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que, bajo la dirección de Enrique Mosconi, se orientaba a la creación de una empresa bajo control del Estado que abarcase la extracción, el refinamiento y la comercialización del petróleo argentino.

Por esos momentos, resonaba ecos de la competencia mundial por el control de los recursos petroleros, cuando Estados Unidos, estaba preocupado por el rol dominante de las empresas inglesas en la producción petrolera y buscaba extender su influencia.

En 1922, el radical Adolfo Güemes resultó electo gobernador. A nivel nacional, el presidente, Marcelo T. de Alvear, apoyó decididamente a Mosconi, e instó al Congreso a aprobar el traspaso de los derechos petroleros a la órbita de la nación y la extensión de las actividades de YPF a las provincias.

Mosconi alentó una investigación sobre las irregularidades cometidas en las concesiones salteñas y denunció públicamente las maniobras de la Standard Oil. En ese contexto, Güemes dispuso la suspensión del otorgamiento de nuevas concesiones, la fiscalización de las ya realizadas y la creación de una reserva de nueve millones de hectáreas, donde sólo podría operar YPF.

Sin embargo, el gobernador conservador Joaquín Corbalán, electo en 1925, dejó sin efecto las disposiciones de Güemes. Así, la Standard Oil continuó sus exploraciones en Tartagal, y finalmente comenzó a extraer petróleo a escala industrial por primera vez en la provincia a partir de 1926. Estableció sus oficinas en el nuevo municipio y encaró la construcción de un campamento que reunió dependencias administrativas, dos pequeñas refinerías, viviendas del personal jerárquico, club social, canchas de tenis, sanatorio y más adelante una escuela de enfermería al sur del río Tartagal, donde se despliegan actualmente las instalaciones del Regimiento Nº 28 de la Gendarmería Nacional.

Dos años después de empezar a producir, la Standard Oil había invertido más de 15 millones de pesos, tenía siete pozos en funcionamiento y estaba acondicionando otros trece.

Si bien, un pequeño porcentaje del petróleo era consumido a nivel local, la mayor parte subía al tren de carga y seguía su curso hacia el sur, para ser procesados y abastecer a los principales centros urbanos del país.

Como las regalías y demás gravámenes sobre las actividades económicas eran percibidas por el Estado provincial, la municipalidad, recientemente creada, carecía de recursos propios. Esa situación, sumada a la influencia económica y los vínculos políticos de la Standard Oíl con la oligarquía provincial, crearon las condiciones para que la empresa comenzara a asumir funciones que excedían ampliamente su jurisdicción.

El siguiente escándalo de la época, fue en mayo de 1926. Tras el asesinato de dos miembros de su personal jerárquico, la petrolera ofreció públicamente una recompensa de 5.000 pesos por la captura o muerte de los asesinos. Ante esa situación, el gobernador de la Unión Provincial ordenó la captura de seis personas que fueron torturadas; una fue muerta en la cárcel y después de más de dos años fueron liberadas las cinco que quedaban, cuando se descubrieron a los verdaderos asesinos. La publicidad de este hecho agravó las tensiones entre el gobierno de Alvear, que impulsaba la jurisdicción nacional sobre los recursos mineros y la oligarquía provincial que levantaba las banderas del federalismo en defensa de la propiedad original de las provincias.

Los irigoyenistas comenzaron a plantear la idea de establecer el monopolio del Estado nacional sobre los hidrocarburos. El proyecto, rechazado por los legisladores de las provincias petroleras, fue aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados en septiembre de 1927. El nacionalismo petrolero se estaba convirtiendo en una ideología popular y la situación en la zona de Tartagal se convertía en uno de los ejes de los debates políticos en todo el país. Aun así, YPF encontraba serias dificultades para operar.

Como las principales áreas petroleas ya estaban adjudicadas, sus funcionarios negociaron con el español Francisco Tobar que transfirió 30 concesiones en los alrededores de Tartagal, las que había adquirido en 1907 como regalías garantizadas sobre la producción futura. Allí estaba incluido el yacimiento “República Argentina” que había sido explotado de manera precaria hasta 1924 y fue la base del Campamento Vespucio, primer centro de operaciones de YPF en la zona. Parte de esos terrenos se superponían con los permisos de la Standard Oil, por lo que el gobierno de la Unión Provincial decretó en 1928 la suspensión de las actividades de YPF, que pudo reanudar sus actividades, en ese mismo año, tras la elección del radical Julio Cornejo como gobernador.

Así las cosas, el radicalismo priorizaba la lealtad partidaria, que le facilitaba el acceso y control de recursos en el gobierno nacional. Los grupos conservadores, en cambio, levantan las banderas del federalismo para retener los recursos petroleros bajo el control de la provincia.

En 1928, YPF contrató 350 obreros e instaló los primeros equipos perforadores. Para 1930, ya tenía 10 pozos en actividad y una pequeña refinería, pero el golpe de ese mismo año, limitó nuevamente su crecimiento. Varias cuestiones influyeron para el derrocamiento de Irigoyen y los intereses de la Standard Oíl fueron parte importante.

Muchos integrantes del gobierno de Félix Uriburu, estaban estrechamente vinculados a la empresa norteamericana: el ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, el ministro de Relaciones Exteriores Ernesto Bosch, el ministro de Obras Públicas, Octavio Pico y el ministro de Agricultura, Horacio Becar Varela, fueron asesores legales de esa compañía. Guillermo Padilla, hermano del ministro de Instrucción Pública, Ernesto Padilla, era socio de una empresa distribuidora de la Standard Oil.

Fue así que en Tartagal, la Standard Oíl pudo reanudar sus actividades, prácticamente paralizadas desde 1928. En el resto del país, el gobierno de facto apoyó a YPF, ya que el nacionalismo petrolero había ganado un importante consenso. Es por ello que Uriburu disfrazó sus intenciones, autorizando a YPF a realizar exploraciones y perforaciones más allá de las áreas habilitadas hasta ese momento.

Durante la primera mitad de la década del 1930, la Standard Oíl creció de manera significativa, asumiendo también funciones sociales en la zona, debido a la ausencia de acción estatal. Y desde ese punto, en 1933, inauguró un Hospital abierto a la comunidad. Los casos atendidos por los distintos servicios del Hospital, correspondientes a personas ajenas a la empresa, triplicaron a los casos referidos a sus propios trabajadores y fue recién en 1947 que se inauguró el primer hospital público de la zona.

Hacia 1933, YPF había instalado una sala de primeros auxilios y una escuela. Ambas empresas precisaron y propiciaron el desarrollo de un sector moderno de la clase obrera y debieron garantizar su reproducción y abastecerlo con bienes y servicios, ya que el Estado provincial prácticamente no proveía de ellos a ningún sector de la población.

Campamento Vespucio, enclavado en plena zona serrana, a cinco kilómetros al oeste de Mosconi, se desarrolló durante la década del ´30 como centro poblacional de los trabajadores permanentes de YPF y sus familias.

A pesar de la fuerte presencia de la Standard Oíl en la región, la petrolera estatal creció a un ritmo sostenido: de 10 pozos que operaba en 1930, llegó a los 61 pozos en producción efectiva, en 1935.

YPF contó con el apoyo del presidente Agustín P. Justo, que si bien aceptó la presencia de la Standard Oil en Salta, no estimuló su expansión. En 1934, dictó un decreto prohibiendo nuevas concesiones a empresas privadas en todo el país y declarando a todos los territorios nacionales reserva de YPF.

En 1935, el Congreso Nacional sancionó la Ley del Petróleo, estableciendo el pago por parte de YPF y de las empresas privadas de 12% de las regalías a las provincias o a la nación, en el caso de los territorios bajo esa jurisdicción.

Durante los primeros nueve meses de 1938 y 1939, la producción de YPF en Salta pasó de 30.863 a 56.510 metros cúbicos de crudo, aumentando 83,1%, mientras que la compañía estadounidense extrajo 36.220 y 29.367 metros cúbicos respectivamente, disminuyendo 17,7% su producción. YPF producía el 54,6% del crudo del país.

Campamento Vespucio, además de casas y habitaciones para 2000 personas, ya contaba con una escuela primaria, un hospital, un club social, un local con bar, un salón para reuniones familiares, una biblioteca, canchas de fútbol, basket, tenis y bochas, entre las obras más importantes.

El personal permanente estaba compuesto por 55 profesionales y técnicos, 51 empleados administrativos y 599 obreros, pero cinco kilómetros hacia el Este, cerca de las vías del ferrocarril, crecía espontáneamente la población de los trabajadores temporarios de que no formaban parte del elenco estable de YPF, la de prestadores de servicios para la empresa y sus empleados, la del circuito comercial que abastecía al pueblo mismo y la de actividad maderera.

Cualquier semejanza con la realidad actual, es mera coincidencia…